Comunidad Valenciana

Bernabé certifica ante la juez que la Confederación del Júcar no alertó del desbordamiento del Poyo

El testimonio de la delegada del Gobierno abre la puerta a nuevas imputaciones

La larguísima declaración ayer ante la juez de Pilar Bernabé durante casi siete horas ha dejado como principal consecuencia la 'nueva' situación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en el proceso. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana contestó en calidad de testigo a todas las partes personadas en la causa y confirmó que en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) no se habló del barranco del Poyo hasta que a las 19.05 horas mantuvo una conversación con la alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat.

Esta cuestión no es menor, ya que avala la tesis de que hubo una ruptura de la cadena de información. Es cierto, y así lo refrenda Bernabé, que la Confederación Hidrográfica del Júcar enviaba de manera automática la evolución de los ríos y barrancos, pero también certifica que en el Cecopi no hubo ninguna alerta sobre la crecida exponencial del caudal que bajaba desde Chiva y que acabó arrasando los pueblos limítrofes al barranco en la comarca de l'Horta Sud, hasta su llegada a la Albufera.

Hasta el momento la juez ha declinado imputar al presidente de la CHJ, Miguel Polo, aunque el testimonio de Bernabé podría abrir la puerta a que esa situación cambiara. Se suma este testimonio a la declaración como investigada de la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, quien abundó el pasado viernes en la falta de comunicación de la CHJ sobre el peligro del tsunami que discurría por el Poyo.

Polo, en apuros

El Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de julio de 2011, establece en su apartado 3.3 Alerta hidrológica, que "las Confederaciones Hidrográficas (CCHH) en las cuencas intercomunitarias, deberán facilitar la información relativa al estado de las redes fluviales y las previsiones sobre éstas, en particular las situaciones previsibles de desbordamiento de cauces".

Es lo que reflejaba el informe que el subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, envió la semana paasada a la juez. En él se insiste en que "estos sistemas para cada una de las diferentes cuencas hidrográficas, por su propia concepción, constituyen un elemento esencial para la ayuda a la toma de decisiones en la explotación de las infraestructuras hidráulicas en situación de avenida, suministrando adicionalmente información de gran interés para los servicios de protección civil frente a las inundaciones".

Contradicción de Bernabé

Polo, a juicio de los letrados presentes en el testimonio de Bernabé, podría ser de los más perjudicados tras su declaración, no porque la delegada del Gobierno lo criticara sino porque es evidente que no hubo una llamada de atención técnica en el órgano de toma de decisiones sobre el peligro del barranco del Poyo y todo se centró en la presa de Forata.

La declaración de Bernabé entra también en contradicción con la versión inicial que ofreció tras la dana en la que aseguraba que en el Cecopi se había esperado a Mazón para enviar el mensaje de alerta a la población. Ayer, ante la juez no fue capaz de concretar esta situación y aseguraba que "no sé" cuando se le cuestionaba si se esperó al presidente de la Generalitat. La versión política, en plena refriega del Gobierno con la Generalitat, contrastó ayer con la obligación de decir verdad como testigo ante la juez.

Miguel Polo, eso sí, no es el único al que el testimonio de Pilar Bernabé perjudica.

Pradas, la responsable

La delegada del Gobierno ha mantenido su versión sobre que la directora de la Emergencia era Salomé Pradas y ella tenía que tomar las decisiones que considera que no se tomaron a tiempo.

Pilar Bernabé entiende que la exconsellera de Emergencias debía haber convocado el Cecopi antes de las 17 horas porque esa tardanza demoró la toma de decisiones. De igual modo, sitúa en la responsabilidad de Pradas el hecho de "no haber monitorizado" los cauces como el del Poyo después de que se declarara la alerta hidrológica 0 "tal y como marca la ley".

El contenido del ES-Alert, donde Bernabé pensaba que "se incluiría la recomendación de que los vecinos subieran a las plantas altas", también es un hecho que imputa a la Generalitat, ya que tenía la dirección de la Emergencia en el nivel 2: el 3 nunca se llegó a declarar.

Asistencia telemática

El testimonio de Bernabé también dejó una duda en el aire, ya que asegura que en un momento de la jornada se dirigió hacia Utiel por la gravedad de las inundaciones y cuando ya estaba de camino (paró a tomar "un sandwich en una cafetería") se convocó el Cecopi y regresó a Valencia.

Afirmaba ante la juez que volvió a la Delegación del Gobierno "porque era lo que más cerca me quedaba" y para coordinar mejor los medios que pudiera pedir la dirección de la Emergencia. La realidad es que el Cecopi (situado en La Eliana) quedaba más cerca que la plaza del Temple de la capital del Turia.

Si la delegada hubiera enlazado desde Chiva con la ciudad edetana habría recorrido 32,1 kilómetros frente a los 33,5 que tuvo que recorrer hasta la sede de la Delegación del Gobierno.

Sin interlocución directa

Esa decisión provocó que Bernabé se quedara conectada de manera telemática durante todo el Cecopi hasta que al día siguiente acudió presencialmente al citado organismo. Las quejas de la delegada por los 'apagones' en el órgano director de la Emergencia, del que era codirectora, no habrían tenido lugar si hubiera acudido presencialmente desde el momento de su constitución. Eso le recordaron alguna de las partes personadas en el proceso.

La conexión en línea del responsable de la CHJ y también del responsable de la Aemet, también pudo dificultar la toma de decisiones y un flujo de información más ágil que el que permite la comunicación a través de la pantalla. Toda la interlocución de Pradas y Bernabé durante el día 29 se produjo de manera telefónica y por la tarde ya se registraron dificultades para establecer esas conexiones.

Por último, en la jornada de ayer la representación letrada Liberum pidió de manera verbal la imputación de Pilar Bernabé, a lo que la juez contestó que realizara esa petición por escrito, algo que todavía no se ha formalizado. En cuanto al listado de llamadas de Bernabé durante esa jornada, la delegada las dio a conocer, aunque el registro en sí será analizado tras el preceptivo cribado para la protección de datos personales.

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