Los partidos judiciales de Requena, Torrent y Catarroja están sufriendo un embotellamiento en sus procesos al aumentar exponencialmente la carga de trabajo a consecuencia de la riada del pasado 29 de octubre. La carencia de medios ya era denunciada por el Tribunal superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en su memoria anual y ahora esa necesidad de recursos ses aún mayor.
Estos tres partidos judiciales, los más afectados, no acaparan en exclusiva esa falta de recursos humanos pero sí tienen una urgencia mayor a la hora de resolverla. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado mes de noviembre, a petición del TSJCV, un refuerzo con tres jueces sustitutos –inicialmente por un periodo de seis meses, prorrogables– .
Autorización de Bolaños
Los refuerzos contaron con la preceptiva autorización económica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que encabeza Félix Bolaños y con el informe favorable del Servicio de Inspección. Los nombramientos perseguían que los jueces de refuerzo actuaran en el partido judicial que les corresponda de manera transversal, "sin perjuicio de inicialmente tener una dedicación exclusiva de apoyo a los juzgados de instrucción competentes para la llevanza de los procedimientos penales consecuencia de la dana", según explicaba el CGPJ.
La Ley Orgánica 1/2025 de reforma de la Justicia ha provocado, sin embargo, que esas necesidades crezcan, ya que transforman los juzgados unipersonales en Tribunales de Instancia y obliga a usar Métodos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) en asuntos civiles y mercantiles antes de judicializar.
Esa agilización de procesos que pretende la normativa –sin contar lo que supondrá la futura transpocisión de la directiva europea 2020/1828 sobre acciones colectivas– ha elevado aún más la necesidad de recursos.
La Generalitat Valenciana ha destinado recursos humanos en lo referente a funcionarios y material pero hay una perentoria necesidad de contar con más jueces y secretarios judiciales, no sólo en esos tres partidos judiciales, sino en el resto de la Comunidad Valenciana.
40 jueces
El Alto Tribunal valenciano consideraba en su memoria que el déficit de jueces es cercano a la cuarentena, cifra en la que coincide la nueva consellera de Juisticia del Gobierno valenciano, Nuria Martínez, que tomó posesión de su cargo tras la riada en sustitución de Salomé Pradas.
La consellera se ha dirigido por carta en dos ocasiones al ministro Bolaños, quien el 16 de enero acusaba recibo de las mismas, aunque durante semanas se quedó en el proceso de "llamadas pendientes". Finalmente, el contacto con el Ministerio de Justicia se produjo hace unos días y ya se está a la espera de esa reunión que pueda desatascar el problema de la planta judicial en la Comunidad Valenciana.
La realidad es que los juzgados de violencia, por ejemplo, asumen nuevas competencias y difícilmente van a poder asumir esa nueva carga de trabajo con sus recursos actuales.
Juzgados en Barcelona
Bolaños, mientras, ha estado recientemente en Barcelona visitando los espacios que albergarán los cinco nuevos juzgados que se pondrán en marcha en el marco del Plan de Choque contra la Multirreincidencia de Barcelona. Serán cuatro nuevos juzgados de lo penal de refuerzo para celebrar juicios rápidos, así como un tercer juzgado de instrucción de guardia para el enjuiciamiento inmediato de delitos leves en Barcelona.
En cuanto a la llegada a la Comunidad Valenciana de nuevas juezas de la 73ª promoción de la Carrera Judicial se va a reducir a 3. Celia Vera, Lucía Arribas y Tesa Molla, se encuentran en situación de expectativa de destino pero han sido adscritas provisionalmente al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Valencia y a los juzgados de Primera Instancia e Instrucción 4 de Xàtiva y 3 de Sueca, respectivamente.
Tradición opositora
Cataluña acapara 48 nuevos jueces de la última promoción. Esa diferencia tan absimal se debe a que en las cuatro provincias catalanas existe una escasa tradición de opositar para convertirse en jueces, lo que supone que los profesionales destinados allí al acabar la carrera judicial soliciten pronto el traslado generando un gran número de vacantes.
En la Comunidad Valenciana esa situación no se da y a la alta tradición opositora se une que la permanencia es muy elevada en el territorio por lo que sólo se generan vacantes por jubilaciones, bajas o peticiones de traslados a otros territorios que no son muy elevadas. La creación de nuevas unidades judiciales es por tanto la única salida para equilibrar la eficacia con la creciente carga de trabajo (agudizada ahora tras la dana).
Además, se da la circunstancia que 12 de los 173 jueces de la última promoción son valencianos siendo la tercera autonomía que más aporta al sistema, tras Andalucía y Madrid pero esa ausencia de vacantes y de nuevos juzgados dificulta su inserción en el territorio de origen.
