La Audiencia Nacional ha condenado a 12 acusados, entre ellos al exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana Serafín Castellano, a penas de entre seis meses y dos años y medio de prisión por el denominado 'cártel del fuego', aplicando además por primera vez la eximente de responsabilidad penal para denunciantes de este tipo de organizaciones.
En una sentencia de 178 páginas, recogida por Europa Press, la Sala de lo Penal hace uso de la llamada excusa absolutoria y da la razón a la defensa de Francisco Alandí aplicando este precepto recogido en el Código Penal, después de que el acusado denunciase la existencia del cártel y a las personas y sociedades que participaron del mismo, entre el que se incluía el mismo como gerente de una de las mercantiles.
Alandí, recuerdan los magistrados, aportó cerca de 500 documentos que acreditaban la concertación de los condenados para delinquir. En concreto, en los mismos se detallaba la fijación de precios y el reparto de mercados en los concursos relativos a las aeronaves de extinción de incendios.
Política de clemencia
Su defensa aseguraba haber entregado documentación, haber mantenido una colaboración activa tanto con la Fiscalía como con la Policía, así como con el juzgado de instrucción. Además, recordaba que en el juicio oral había reconocido su posición como "factótum" de la empresa Avialsa, su dominio de los hechos y haber participado en el cártel.
Los magistrados ponen el foco en la "política de clemencia", que persigue tanto el legislador nacional como comunitario y que recoge el Código Penal para proteger, también en el ámbito penal, al que denuncia la existencia de cárteles secretos que desarrollan prácticas anticompetitivas.
Extinción aérea de incendios
En este caso concreto, la sentencia describe cómo, entre 1999 y 2018, un grupo de empresarios del sector de la navegación aérea de extinción de incendios, tras concertarse para repartirse geográficamente los concursos públicos licitados a nivel nacional, desarrollaron en el seno de los grupos empresariales y sociedades que representaban, una serie conductas ilícitas en las que contaban, en algunos casos, con la colaboración de autoridades o funcionarios públicos con competencias en la materia.
Su proceder, explica la Sala, consistió en la fundación y posterior funcionamiento, estable y permanente, de una "asociación" de personas y empresas del sector de la navegación aérea, que, "con previos pactos clandestinos y ánimo de lucro, imponían a las administraciones contratantes precios superiores de los que derivarían de la libre y transparente concurrencia y ello mediante el reparto fraudulento del mercado".
También se basó, apunta el fallo, en "la licitación por parte de los asociados acusados con turnos y ofertas previamente pactadas entre ellos o, mediante la concurrencia de uno solo de los concertados, al tipo o con bajas insignificantes, también mediante la utilización de mecanismos de expulsión de otros eventuales ofertantes y de ardides o técnicas fraudulentas de elevación de los costes de contratación de los servicios a satisfacer por parte de la administración contratante".
A través de la prueba practicada, sostiene el tribunal, se concluye la existencia de pactos colusorios desarrollados en el mercado de la navegación aérea de extinción de incendios en concursos en la Comunidad Valenciana, Cataluña, los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente y, en menor medida, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Cohecho y prevaricación
Entre los 12 acusados destaca la figura de Serafín Castellano, exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, a quien la Sala condena a 1 año y 9 meses de cárcel por delito continuado de cohecho, continuado de prevaricación, continuado de malversación y continuado de falsedad en documento oficial, en relación de concurso medial, con la atenuante analógica de confesión tardía y simple de dilaciones indebidas. Por el contrario, le absuelve del delito de asociación ilícita.
En su resolución, el tribunal también impone una novedad: la prohibición de contratar con las administraciones públicas durante nueve meses a las empresas que participaron del 'cártel del fuego'.
Pacto con la Fiscalía
El juicio por el denominado 'cártel del fuego' dio un giro en su última fase al alcanzar los 17 acusados un acuerdo con la Fiscalía aceptando los hechos respecto al relato que expuso el Ministerio Público.
Serafín Castellano fue el último en firmar su conformidad con el Ministerio Público, ya que en todo momento había negado los hechos desde su detención en 2015.
El Ministerio Público le pedía 21 años de prisión por la comisión de los presuntos delitos de cohecho, malversación o asociación ilícita y gracias a ese pacto con la Fiscalía eludirá la cárcel.
Castellano fue diputado en las Cortes Valencianas durante seis legislaturas y llegó a ser el portavoz del grupo parlamentario entre 2003 y 2007. A nivel orgánico fue el secretario general del PP de la Comunidad Valenciana entre 2012 y 2014, mientras que fue conseller de Gobernación y delegado del Gobierno entre 2014 y 2015, que fue su último cargo público porque en ese año se produjo su detención.
