La Audiencia condena a tres años y medio de prisión a Arturo Torró por el caso Tele7

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al exalcalde de Gandía Arturo Torró (PP), a una pena de tres años y seis meses de prisión y seis años y seis meses de inhabilitación absoluta como autor de un delito de malversación por la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual del Ayuntamiento de 2012 a 2015. Según la sentencia a la que ha tenido acceso EFE, en el caso de Arturo Torró "concurría la condición de autoridad o funcionario con facultad decisoria y capacidad para disponer de caudales públicos". Además, la Audiencia también condena al empresario Ricardo Manuel Faura, de la sociedad Comarques Centrals Televisió, a un año y nueve meses de prisión y tres años y medio de inhabilitación absoluta por entenderlo cooperador necesario de un delito de malversación, y absuelve al resto de acusados.

La sentencia condena a Torró y Faura a indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Gandia con 135.812,50 euros, más los intereses legales y a pagar, cada uno de ellos, 2/18 partes de las costas procesales incluidas, en dicha proporción, las costas de la acusación particular. Condena también a la sociedad Comarques Centrals Televisió, en calidad de responsable civil subsidiario, al pago de esa misma indemnización.

Para el cumplimiento de la pena privativa de libertad y responsabilidad personal subsidiaria, la Audiencia abona a los acusados todo el tiempo que han estado privados de libertad por esta causa, y contra la sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El juicio del conocido como caso Tele7 dirimía la responsabilidad del que fuera alcalde de 2011 a 2015 y otros seis procesados por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude en la contratación supuestamente cometidos en la adjudicación, a través de una empresa pública, de los servicios de comunicación del Ayuntamiento entre 2012 y 2015 a la firma Comarques Centrals Televisió. El procedimiento se inició a partir de la querella interpuesta por los entonces concejales socialistas José Manuel Orengo y Vicent Mascarell, y el Ayuntamiento de Gandia ha ejercido la acusación particular.

En diciembre de 2011, la empresa pública municipal IPG recibió una encomienda de gestión del Ayuntamiento de Gandia para la realización de las actividades de comunicación que hasta su cierre había desempeñado la televisión municipal. Esta empresa contrató con Comarques Centrals Televisió e Inversiones Especiales del Mediterráneo (Tele 7), por importe de 1.770.000 y 1.768.584 euros respectivamente, en febrero de 2012. Un año después, en febrero de 2013, Iniciatives Públiques de Gandia y Comarques Centrals Televisió resolvieron el contrato, con lo que la empresa pública asumió la obligación de pagar a Comarques Centrals Televisió la cantidad de 500.000 euros de dinero público sin justificación, según ha quedado acreditado en la sentencia.