El tribunal aplaza el inicio del juicio contra Zaplana hasta el próximo 21 de marzo

El juicio contra el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana por el denominado caso Erial ha sido hoy aplazado hasta el próximo 21 de marzo ante los problemas de salud del abogado que lleva la defensa del que también fuera ministro.

Zaplana ha acudido esta mañana a la Ciudad de la Justicia de Valencia donde hoy estaba marcado el inicio del juicio en la sección cuarta de la Audiencia, aunque la Sala ha decidido aplazar el comienzo de la vista a petición de la Fiscalía Anticorrupción sin que haya habido oposición de ninguna de las partes.

La recuperación del letrado de Zaplana, que sufrió un infarto recientemente, va por buen camino y se espera que para la nueva fecha de comienzo del juicio esté ya en condiciones de desarrollar su trabajo de defensa del expresidente autonómico valenciano.

20,6 millones de euros

Hay que recordar que la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia decidió abrir juicio oral contra Eduardo Zaplana y otras catorce personas (entre las que también se encuentra el expresidente autonómico valenciano José Luis Olivas) por el cobro de comisionesa cambio de las adjudicaciones realizadas para empresas de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y otras al amparo del Plan Eólico que se cifra en 20,6 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción pide en su escrito de calificación un total de 19 años de prisión para el expresidente Eduardo Zaplana por ocultar en el extranjero dinero procedente del, presuntamente irregular, cobro de comisiones a cambio de pactar adjudicaciones desde la Administración autonómica. Además le pide una multa de 40 millones de euros.

El caso Erial, como se denomina a este caso, se centra en el presunto desvío del dinero cobrado en las comisiones a cuentas en el extranjero a través de un entramado de sociedades interpuestaspara blanquearlo antes de poder retornarlo a España. Este extremo de la investigación siempre ha sido negado por Zaplana en sus comparecencias ante la magistrada.

La familia, exonerada

La familia de Zaplana –su mujer Rosa Barceló y una de sus hijas, María– ya quedaron exoneradas por la jueza al entender que no había pruebas suficientes de su participación en la trama del cobro de comisiones ilegales.

Por contra, en el juicio hay acusadas otras 14 personas entre los que destacan el también expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, a quien la Fiscalía solicita 6 años de cárcel, así como Vicente y José Cotino (ambos hermanos del fallecido director general de la Policía, Juan Cotino) para los que el Ministerio Público solicita 14 años de prisión.

Junto a ellos está la persona a la que se considera clave en la actividad financiera de la trama, Joaquín Barceló, a quien le piden 8 años de prisión, y algunos de los colaboradores más cercanos de Zaplana en su etapa de presidente valenciano como su entonces jefe de gabinete Juan Francisco García (que se enfrenta a 14 años de cárcel pero que habría alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía) y su secretaria, Mitsouko Florida Henríquez para quien Anticorrupción solicita 8 años de cárcel.

Organización criminal, blanqueo...

Entre los acusados que tendrán que defenderse en el juicio también figura la exdiputada autonómica valenciana Elvira Suances considerada una de las más cercanas a Zaplana durante sus años como presidente y que, junto a su hermano Saturnino, se enfrentan a 5 años de prisión.

La magistrada consideró el en auto de apertura de juicio oral que hay indicios de organización criminal, blanqueo, cohecho, prevaricación y falsedad documental. El "modus operandi" que se ha revelado durante la investigación de la UCO confirmaría que el grupo de personas acusadas hicieron un uso torticero de sus cargos públicos para favorecer en la adjudicación de contratos a empresas que previamente habrían concertado.

Para la jueza, Zaplana utilizó a Barceló como testaferro para intentar quedar a salvo su identidad del desvío de dinero procedente de las comisiones en la que todas las partes implicadas conseguían beneficios de los contratos de la Administración autonómica valenciana.