Ciudadanos se ha hecho eco de la información adelantada por Vozpópuli en donde se destacaba que Santiago Fernández Muñoz, hombre designado por Pedro Sánchez como jefe de la nueva Unidad de seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia —que vigilará y fiscalizará desde La Moncloa el reparto de los fondos europeos—, fue señalado en el Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid) por ordenar, sin seguir los procesos administrativos de fiscalización necesarios, la devolución de un aval de poco más de 100.000 euros a una empresa que, según dos sentencias judiciales, había incumplido la ejecución de una obra para la que fue contratada.

Ciudadanos califica esta actuación como irregular y exige una explicación por parte del presidente del Gobierno. La diputada del Grupo Parlamentario naranja, María Muñoz Vidal, presentó una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados para que sean respondidas por escrito, amparándose en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara. Para Ciudadanos es indispensable conocer, por ejemplo, cuáles son los méritos que demostró Santiago Fernández Muñoz a la hora de ser nombrado jefe de la Unidad de seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia.

También saber si Fernández Muñoz será relevado de su cargo a raíz de la información publicada en Vozpópuli, cómo también conocer cuáles son los mecanismos existentes actualmente en la Unidad de Recuperación, Transformación y Resilencia para evitar un posible fraude o falta de rigor en los procedimientos de fiscalización y verificación del uso de los fondos europeos.

Por último, Ciudadanos exige conocer si el Gobierno tiene previsto reforzar alguno de los mecanismos existentes o crear alguno nuevo para evitar posibles fallos de fiscalización en el seno de dicha unidad de seguimiento.

Devolución del aval

Fernández Muñoz fue concejal de Urbanismo y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Torrelodones entre 2011 y 2019. En julio del 2020, con 17 votos a favor, dos abstenciones y un voto en contra, el pleno del consistorio aprobó una declaración de lesividad contra una resolución aprobada el 19 de marzo de 2019 por la concejalía de Urbanismo, encabezada entonces por Santiago Fernández Muñoz, que ordenaba la devolución de la mencionada fianza de 100.142,67 euros a la empresa Destajos, S.A.

Según un informe firmado por el secretario Ayuntamiento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el actual jefe de la Unidad de seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Moncloa tomó la decisión de ordenar la devolución del aval sin "la fiscalización preceptiva del Interventor Municipal" y sin cumplir por tanto los trámites administrativos necesarios.

Todo ello a solo dos meses de terminar la legislatura y, además, a pesar de que una sentencia de 2010 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº9 de Madrid y otra de 2012 de la Sección 2ª de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia daban la razón al Ayuntamiento de Torrelodones y avalaban no devolver la fianza a Destajos, S.A. debido a que la constructora no había cumplido con la ejecución de un contrato suscrito años atrás para la construcción de un muro de contención en una manzana del barrio de Los Bomberos de esa localidad.

"La falta de la fiscalización preceptiva del Interventor Municipal consiste en un quebrantamiento de la normativa aplicable, que conlleva la posibilidad de anular el acto administrativo, ya que esta omisión afecta de manera directa a la finalidad del acto", señalaba el informe presentado ante el pleno del Ayuntamiento por el actual gobierno municipal, encabezado por el mismo partido con el que Santiago Fernández completó dos legislaturas completas como concejal, Vecinos por Torrelodones.