La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha declarado este viernes ante la Audiencia Provincial como acusada de un delito de falsedad documental por el acta ficticia que acreditaba la presentación de su trabajo de fin de Máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Ha defendido que realizó los trabajos, pero que no los guardó porque, según ha dicho, eran “un trámite”. A la hora de explicar su desaparición, ha apuntado a que quizá se perdieron en las múltiples mudanzas que ha hecho en los últimos años.

“No guardo ningún ejemplar. He estado buscando sobre todo el trabajo de fin de máster porque esos trabajos ni siquiera los hubiera guardado, eran trabajos de trámite que yo mandaba a la universidad. He estado buscando otros trabajos de mi vida académica y tampoco los he encontrado, como mi primer borrador de tesis que eran 300 páginas y me gustaría recuperar”, ha declarado a preguntas de la fiscal. “Quizá tenga que ver que he tenido dos mudanzas de domicilio y cinco mudanzas de despacho. Me he mudado además a domicilios más pequeños. Tengo parte de mis pertenencias a día de hoy distribuidas. Probablemente los destruí. No tenía ningún interés en guardarlos”, ha añadido.  

La Fiscalía pide para ella tres años y tres meses de cárcel. Cifuentes ha comenzado su declaración negando su relación con otra acusada, la exconsejera del gobierno regional y exprofesora de la URJC María Teresa Feito: “Sabía quién era por referencias, pero no había tenido relación con ella de ninguna clase. La conozco sin haber entablado relación directa”. Sin embargo, Feito acompañó a Cifuentes a la universidad para recoger el título una vez estalló el escándalo saltó a la prensa. “Yo no pedí que me acompañase”, ha argumentado.

Dice que ella no pidió el acta

El vínculo entre ambas es clave en el caso ya que la tesis de la Fiscalía es que Cifuentes presionó a Feito para que hiciera lo propio en la universidad y lograse acreditar documentalmente que había realizado su trabajo de fin de máster. Fue a partir de que la prensa comenzase a publicar informaciones que lo ponían en duda. En su declaración del pasado lunes, Feito -que se enfrenta también a tres años de prisión- negó tales presiones, aunque admitió haber recibido llamadas, entre otras, de la jefa de gabinete de Cifuentes.

La expresidenta ha tratado de aclarar este extremo: “Les pido que llamen a la universidad y que hablen con quien tengan que hablar. Pedí a mi gabinete que, por favor, lo recabaran urgentemente de la universidad, pedí que, por favor, me mandaran una copia del título y del pago de la matrícula que yo no tenía. Y pedí también que me mandaran una certificación donde constaran las 12 asignaturas y el trabajo de fin de máster”, ha admitido.

No obstante, ha afirmado que ella no pidió que le mandaran el acta falsificada por el que se sienta en el banquillo: “En ningún momento me podía imaginar que había una firma falsificada. Actué de buena fe con un documento que me había mandado la secretaria del rector”. Quien sí relató presiones de Feito fue la tercera acusada en el caso, la profesora Cecilia Rosado, quien admitió haber firmado el acta falsa. La Fiscalía pide para esta profesora 21 meses de prisión y una multa de 1.200 euros como autora de la falsificación. Es una pena inferior porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación.

Solo trataba con Álvarez Conde

Sobre la presencialidad en las clases, ha dicho que fue el director del máster, el catedrático Enrique Álvarez Conde, quien le dijo que no era necesario acudir al centro universitario. Álvarez Conde también fue investigado por estos hechos, pero falleció en 2019. “Me dijo que no me preocupase por ir a clase, que era una modalidad para gente que trabajaba. Tenía que hacer un trabajo por asignatura. Yo no tuve comunicación con los profesores, todo era con Álvarez Conde, fue mi director del trabajo de fin de máster”, ha relatado. 

“Cuando tenía los trabajos, se los hacía llegar a Álvarez Conde, bien a través de algún familiar o de alguna persona de mi equipo, que se los llevaba, no sé si luego él se los hacía llegar a los profesores”, ha añadido Cifuentes. En sus explicaciones ha aludido varias veces al paso del tiempo para justificar su imposibilidad de concretar los detalles: “Creo recordar que utilicé un ordenador portátil. Creo que era ahí donde los trabajaba, pero luego los imprimía en papel, estoy acostumbrada a trabajar sobre el papel”.

Otro punto importante del interrogatorio ha sido el que tiene que ver con su defensa presencial del trabajo de fin de máster (TFM). Según ha dicho, se fijó el 2 de julio 2012 y que todo esto se hizo a través del secretariado, que llevaba su agenda, pero no supo recordar cuándo le fijaron la fecha. “Han pasado muchos años, no recuerdo. Lo encuaderné para llevarlo más presentado”, ha alegado.

La defensa del trabajo

Realmente no defendí el trabajo, lo entregué y expliqué las líneas generales. Me sorprendió porque fue un acto muy informal. Supongo que serían profesores del máster porque no les conocía porque no iba a clase. No recuerdo si eran dos o tres personas. No fue en un aula, fue en un despacho. No duró demasiado”, ha sostenido.

En la primera sesión del juicio, el abogado de Cifuentes aportó al tribunal un pen drive con un pantallazo de su agenda personal en el que figura apuntada la fecha en la que tenía que acudir a defender su TFM. La fiscal le ha preguntado por qué ha tardado todos estos años en presentarlo, pero el juez ha terciado impidiendo la respuesta de la acusada alegando que la Ley le ampara a aportar la prueba en el momento que considere.  

Sin embargo, la fiscal ha insistido en que durante la fase de instrucción del caso no se les permitió acceder a su agenda porque la Delegación de Gobierno argumentó que se destruían cada dos meses. Cifuentes contestó que, cuando en 2015 dejó de ser delegada del Gobierno de Madrid para presidir la Comunidad, su secretaria volcó todos los datos a su agenda como líder regional. Esos datos incluían los datos del pen drive que es el que ha presentado esta semana.