Excargos chavistas se valieron del cambio de divisas para saquear Venezuela y blanquear en España

Ministros y demás cargos del Gobierno venezolano amañaron el sistema de control de divisas para hacerse con fortunas y cobrar comisiones que hoy blanquean en España. El Ministerio Fiscal español explica así el origen ilícito de las millonarias inversiones que exresponsables de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han realizado en ciudades como Madrid y Marbella; un elemento clave para imputar por un delito de blanqueo de capitales a los investigados por la Justicia española.

El gobierno bolivariano instauró en 2003 un control de cambio. La medida, argumentó entonces el propio Chávez, fue impuesta con la intención de "evitar la fuga de capitales". Sin embargo, según cálculos de las autoridades de Andorra, Estados Unidos y España, se han realizado transferencias en el extranjero por miles de millones de euros a través de un "entramado de sociedades mercantiles" protagonizado por excargos del Estado venezolano. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid persiguen a varios de ellos en el marco de una trama de presunto blanqueo de capitales. 

En 2015, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) español dio la primera alerta sobre dos exfuncionarios venezolanos. Lo hizo en un informe en el que apuntó "indicios de criminalidad" por pagos en una cuenta del ya extinto Banco Madrid. En el verano de 2017, el juez Juan Carlos Peinado inició las pesquisas sobre la "defraudación y/o apropiación del patrimonio" de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) -buque insignia del Ejecutivo de Chávez y su sucesor Nicolás Maduro- y otras empresas públicas del país caribeño, como la Corporación Eléctrica (Corpoelec). Desde entonces, la Fiscalía intenta probar que el dinero invertido en España por los seguidores del régimen bolivariano procede de actividades ilícitas.

La Fiscalía intenta probar que el dinero invertido en España por los seguidores del régimen bolivariano procede de actividades ilícitas

Con este procedimiento, la Justicia pretende desvelar las supuestas operaciones de blanqueo de dinero que los investigados han realizado en el exclusivo Barrio de Salamanca, en la conocida como milla de oro de Madrid. El pasado 27 de junio trascendió que el magistrado se había inhibido a favor de la Audiencia Nacional para que dirigiera la investigación. Mientras el tribunal toma su decisión, Peinado continúa con los interrogatorios en los Juzgados de Plaza Castilla y el Ministerio Fiscal intenta demostrar el origen ilícito del dinero.

Nervis Villalobos Cárdenas, exviceministro de Energía, y Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Desarrollo Eléctrico, son dos de los principales investigados. El primero fue detenido en dos ocasiones y actualmente se encuentra en libertad provisional; el segundo ingresó en prisión en mayo. Ambos han sido reclamados por Estados Unidos y Venezuela. Según informes del Principado de Andorra, se valieron de una veintena de testaferros y más de treinta empresas para movilizar el dinero proveniente de las arcas públicas venezolanas. 

El saqueo a PDVSA

La Fiscalía investiga una de las transacciones que PDVSA realizó en marzo de 2012. En ella radicaría el origen ilegal de parte del capital que posteriormente fue presuntamente blanqueado en España a través de la compra de inmuebles de lujo por parte del exviceministro Villalobos. Se trata de un caso clave para acusar de blanqueo a los investigados en diferentes procedimientos en los tribunales españoles.

La petrolera firmó un línea de crédito con Administradora Atlantic 17107 CA. En la operación, la sociedad prestaba 17.490 millones de bolívares a PDVSA, quien se comprometía a devolver el dinero en dólares preferenciales en un plazo de 24 meses a un tasa de interés del 3% -por debajo de la tasa activa promedio de los seis principales bancos que operaban en Venezuela-. Es decir, que el buque insignia de Chávez y Maduro se endeudó en unos 4.000 millones de dólares con una sociedad privada para hacerse con bolívares que podría haber conseguido a través del Banco Central de Venezuela. Fuentes conocedoras del caso han explicado a este diario que aquel monto equivalía al 16,21% de las reservas venezolanas de ese momento. 

Según ha adelantado The Wall Street Journal y han confirmado a Vozpópuli fuentes jurídicas, el exviceministro de Energía de Venezuela investigado en España, Nervis Villalobos, estaría detrás de la operación. El ingeniero presuntamente utilizó sus contactos en PDVSA para que fuese Atlantic quien concediera el crédito a la estatal de petróleos y consiguiera así un cambio preferencial bolívar-dólar. 

Comisiones ilegales

En medio de aquella transacción, Atlantic cedió sus derechos de cobro a otras dos sociedades. Una de ellas es Violet Advisor, una empresa registrada en Panamá que tiene como socios principales a Luis e Ignacio Oberto Anselmi; y la otra es Welka Holdings, con sede en el paraíso fiscal de San Vicente y las Granadinas, controlada por uno de los hermanos.

Este cambio es determinante en la operación, ya que meses después Villalobos recibió 55,6 millones de euros a través de estas dos compañías en una cuenta en Andorra que tenía a nombre de una de sus sociedades. El depósito estaría justificado gracias a los servicios de asesoramiento que el exviceministro firmó con ambas compañías. Pero las pesquisas llevadas a cabo en el Principado pirenaico y los estudios desarrollados en Estados Unidos apuntan que se trataría de una forma de enmascarar el pago de comisiones ilegales. 

Mercado paralelo

Un informe de la investigación refleja que PDVSA facilitó los dólares a una tasa equivalente a 6,21 bolívares por dólar y que posteriormente las sociedades beneficiadas vendieron esas divisas a una tasa de 8,91 en el mercado paralelo, generando un beneficio automático de casi 1.500 millones de dólares. 

Fuentes del caso sostienen que el control de cambio estimuló la corrupción a todos los niveles, incluyendo el propio Estado

Durante años, el Ejecutivo venezolano negó la existencia del llamado "dólar paralelo", pero a medida que aumentó la diferencia entre la tasa regulada y la del mercado negro denunció un complot de "desestabilización económica". "La burguesía que no ama la patria ha creado un mecanismo perverso de fijación del llamado dólar paralelo a través de una tal lechuga.com. He ordenado que se investigue y pido más celeridad para que vayan presos los que están detrás del sabotaje económico a través del dólar paralelo”, dijo Maduro en 2013 en relación a la web que publicaba las tasas de cambio.

Desde 2003 Venezuela se ha visto sometida a un sistema regulatorio de cambio de divisas. Y aunque desde entonces ha variado la modalidad del sistema y el tipo de tasa aplicada según la solicitud, el objetivo es el mismo: controlar las operaciones comerciales de importación y exportación y establecer cupos para quienes viajan al exterior o envían remesas al país. Fuentes del caso sostienen que este tipo de cambio favoreció la distorsión económica en el país caribeño y que estimuló la corrupción a todos los niveles, incluyendo el propio Estado.

'Modus operandi'

El caso Atlantic sería un ejemplo del modus operandi que los excargos del chavismo y el madurismo aplicaron para saquear las arcas públicas y posteriormente blanquear en España y Estados Unidos, según fuentes cercanas a la investigación.

Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Desarrollo Eléctrico, hizo lo propio cuando estuvo al frente de una de las filiales de PDVSA, Bariven. Es precisamente por sus actuaciones durante los tres años de gestión al frente de la petrolera que Estados Unidos le investiga. Según la acusación formulada ante un juez de Texas, adelantada por Europa Press, en 2011 el ex alto mando "se involucró en una conspiración con un grupo de directivos de alto nivel actuales y anteriores" de la estatal petrolera y sus subsidiarias. 

"Aprovechando su influencia en los círculos de poder (...) organizaron un sistema de comisiones en relación a contratos públicos de la empresa PDVSA", se lee también en el escrito del ministerio público venezolano. La Fiscalía del país caribeño sostiene que Alvarado y otros excargos venezolanos obligaron a las empresas que accedían a las licitaciones "a contratar con sus presuntos contratos de asesorías, en contrapartida por sus gestiones con la alta gerencia de la industria, pues el pago era imprescindible para acceder a los mercados públicos de PDVSA y sus filiales".

Fuentes del caso aseguran que las inversiones que hoy se investigan en España tiene su origen en este mismo modo de obrar, en el que exministros usaron su influencia en el régimen bolivariano para amañar contratos de empresas públicas, cobrar comisiones y además valerse del sistema de control de divisas para generar una ganancia adicional. De probarse el delito cometido en suelo venezolano, los tribunales españoles podrán juzgar a los responsables que invirtieron en España por un delito de blanqueo de capitales.