En el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) creen que “esta puede ser la buena” y que el PSOE y el PP podrán llegar por fin a un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde hace más de dos años. En ese caso, los integrantes del Consejo están dispuestos a aparcar los nombramientos que han provocado un enfrentamiento con el Ejecutivo en los últimos meses “si hay señales de humo” de ese pacto. “Podría ser afrentoso” continuar nombrando, dicen.

Los vocales tienen que decidir si el próximo jueves realizan nuevos nombramientos en la carrera, algo a lo que se opone el Gobierno por el carácter de interinidad de este CGPJ de mayoría conservadora. Está prevista la asignación de tres plazas de jueces en el Tribunal Supremo (dos en la Sala Social y otra en la Sala Civil). También las presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el País Vasco, y de las de las Audiencias Provinciales de Almería y Salamanca.

Que se salgan adelante o no “depende de que haya cierto consenso”. Actualmente ya hay un grupo de cinco vocales -de los 21 que integran en el CGPJ- que no viene participando en los nombramientos. “Lo que no podemos hacer es sacar adelante nombramientos con 12 o 13 votos”, admite uno de los vocales más partidarios de seguir con las funciones que tiene establecidas el Consejo pese a su interinidad. 

Lo que llega desde la carrera judicial es que ahora las conversaciones van más en serio. Todos estamos de acuerdo con dejar de nombrar si hay señales"

Desde la minoría que se opone a seguir nombrando confirman la sensación ahora mismo en el CGPJ: “Lo que llega desde la carrera judicial es que ahora las conversaciones van más en serio. Todos estamos de acuerdo con dejar de nombrar si hay señales”. Este vocal vaticina que en los próximos días habrá novedades. “Es sentarse con la lista que tiene y decir: este, este, este… Es querer hacerlo, en una tarde se hace”, explica. Se refiere a la lista de 50 jueces y magistrados que optan a los doce puestos de vocal de procedencia judicial aprobada ya en septiembre de 2018. 

El Gobierno dice que está hecho

Las fuentes consultadas por este periódico confirman el cambio de escenario avanzado por Infolibre. Desde el CGPJ barajan qué hacer conscientes de que los próximos días pueden ser claves. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, negociador por parte de los socialistas, lleva meses diciendo que el acuerdo está hecho y solo hay que buscar fecha para hacerlo público. Desde el PP siempre han enfriado ese optimismo y han establecido líneas rojas como que Podemos no intervenga en la negociación.

Otra de las condiciones impuesta por el PP era que el Gobierno retirase la proposición de ley para evitar a los populares en la renovación del CGPJ, reduciendo a mayoría simple del Congreso el límite para nombrar vocales. El Ejecutivo, por medio de sus grupos parlamentarios, congeló esa parte pero sacó adelante otra propuesta para limitar los nombramientos. La semana próxima estaba previsto que esa iniciativa continuase su trámite, pero se ha frenado según han podido saber en el Consejo

Entienden que eso es una señal. “La sensación es que esta puede ser la buena”, dice uno de los vocales del CGPJ consultados. Destaca que en esta ocasión el PP no ha reaccionado de forma tajante en contra de los anuncios de pacto que se vienen sucediendo desde que se produjese la conversación telefónica entre Pedro Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, en el que abordaron este asunto dentro de la renovación de otros órganos estatales como RTVE

Por su parte, Vox mete presión y este viernes anunció que interpondrá un recurso de amparo con petición de suspensión ante el Tribunal Constitucional “frente a ese acuerdo que han llevado a cabo en una habitación oscura el PP y el PSOE para repartirse las sillas judiciales del CGPJ”. “Intentaremos que se frene el proceso de renovación que está en marcha por ese acuerdo que se alcanzó hace meses, aunque se haya pospuesto por las citas electorales”, añaden.

Pese a la oposición de PSOE y Podemos, el CGPJ ha seguido haciendo nombramientos. La última vez que los frenó fue en junio, también ante la inminencia de un acuerdo que finalmente no se materializó. La mayoría de vocales entiende que pueden seguir nombrando porque les ampara la Constitución pese a su interinidad. Desde que caducó su mandato en diciembre de 2018 han hecho decenas de designaciones, aunque la inmensa mayoría con un apoyo igual o superior a los tres quintos del Consejo.  

Presidente y Constitucional

El acuerdo para renovar el Consejo es complejo porque no afecta solo al cupo de vocales que tiene que nombrar el Congreso y el Senado, sino que también hay que ponerse de acuerdo para elegir al presidente -aunque en teoría tiene que ser elegido entre los nombrados-. El presidente del CGPJ lo es también del Tribunal Supremo. En su día se pactó para ese puesto al actual presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, quien presidió el tribunal que juzgó a los líderes independentistas del procés.

El magistrado renunció tras la publicación de un mensaje del exportavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, jactándose de que Marchena les serviría para controlar la sala de lo Penal. Desde entonces está pendiente la renovación del CGPJ. Las fuentes consultadas avanzan que en las quinielas para ocupar ese puesto estaría una mujer. En los últimos meses se han perfilados nombres como el de  la magistrada de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Pilar Teso o  la actual vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca.

Otra circunstancia a tener en cuenta son los efectos que esta renovación pudiese tener en el Tribunal Constitucional, con trasvase de nombres incluido. Las fuentes consultadas no descartan incluso el intercambio de sillas. Este organismo tiene a cuatro de sus doce miembros pendientes de renovar y en julio de 2022 el Gobierno podrá nombrar dos nuevos magistrados sin necesidad de pacto, lo que decantará el equilibrio de fuerzas en favor del sector progresista. Todo ello con asuntos clave pendientes como el recurso contra la sentencia del procés en Cataluña que condenó al Gobierno de la Generalitat.