El Gobierno pacta que cada comunidad cierre por decreto ley para evitar los TSJ y el estado de alarma

El Gobierno ha pactado con las comunidades autónomas una alternativa jurídica para aplicar confinamientos más severos sin el estado de alarma ni el aval de los tribunales superiores de justicia regionales. Se trata de un giro legal en la lucha contra la segunda ola del coronavirus que se abordará este jueves con el resto de autonomías en el Consejo Interterritorial de Salud.

Aragón ha sido la primera autonomía de España que ordena el cierre de sus tres capitales de provincia por decreto ley. El presidente del Gobierno aragonés, el socialista Javier Lambán, ha anunciado el confinamiento inmediato de Zaragoza, Huesca y Teruel y un nivel de alerta 3 a partir de la semana que viene con cierre obligatorio de la hostelería a las diez de la noche por el aumento de contagios. 

Recurrir al Constitucional

La novedad jurídica es que Lambán necesita la convalidación de las Cortes al tratarse de un decreto ley. Pero la fórmula evita que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón tenga que pronunciarse y pueda tumbar las restricciones. El funcionamiento habitual hasta la fecha era que los confinamientos se ordenaban mediante decreto, que automáticamente se enviaba al Tribunal Superior regional para su validación.

El decreto ley autonómico, según explican desde el Gobierno aragonés, solo es recurrible ante el Tribunal Constitucional. Es decir, solo los respectivos órganos consultivos de las comunidades, el Gobierno central, 50 diputados del Congreso o 50 senadores y el Defensor del Pueblo pueden plantear un recurso de inconstitucionalidad para frenar la normativa autonómica. Y ésa es una opción altamente improbable dada la evolución de la pandemia. 

"Es un giro en la estrategia que seguíamos hasta ahora", admiten fuentes del Gobierno autonómico a Vozpópuli. "Y se ha pactado con el Ministerio de Sanidad".

El Gobierno de Sánchez renunció al compromiso anunciado hace meses de reformar algunas leyes para facilitar el control de la pandemia sin el estado de alarma. Todas las comunidades, sin distinción de color, pidieron una actualización de la normativa. El rechazo del Ejecutivo ha provocado un guirigay de decisiones judiciales contradictorias a favor y en contra de los llamados confinamientos perimetrales, ya que son medidas que restringen derechos fundamentales.

El camino abierto por Aragón ofrece algunas pistas acerca de las soluciones homogéneas que busca el Gobierno a la mala evolución de la pandemia en toda España. Algunos expertos consultados por Vozpópuli aseguran que la estrategia de retorcer la ley pactada entre Aragón y Sanidad bordea el límite de la Constitución, porque las comunidades sobrepasan con esta actuación leyes orgánicas sobre derechos fundamentales, cuya competencia es exclusiva de las Cortes generales.

Esta receta y otras se abordarán este jueves en el Consejo Interterritorial de Salud. Las comunidades reniegan de la fórmula del estado de alarma. Y la vía del decreto ley ofrece una alternativa que no se ha usado hasta ahora. Y Sanidad está dispuesto a tolerarla.

Es un giro en la estrategia que seguíamos hasta ahora. Y se ha pactado con el Ministerio de Sanidad", dicen desde el Gobierno aragonés

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha revocado algunos de los confinamientos perimetrales ordenados en el pasado por el Gobierno de Lambán por la vulneración de derechos fundamentales. Lo mismo le ocurrió a Madrid, pero no a otras regiones como Castilla y León. La solución del decreto, dicen estas fuentes, es la fórmula que se ha pactado para no darse de bruces con los tribunales ante un aumento desbocado de casos en la comunidad aragonesa.

"La mayoría de tribunales han estado autorizando los confinamientos perimetrales, pero en Aragón hemos tenido muchos problemas", admiten desde el Gobierno aragonés. Lambán y sus socios tienen mayoría parlamentaria. Incluso los alcaldes de Zaragoza y Teruel, del PP, han apoyado las restricciones del Ejecutivo.

Madrid anuncia medidas el viernes

La Comunidad de Madrid ha anunciado que hará públicas sus nuevas restricciones el viernes, en víspera de que finalice el estado de alarma decretado por Pedro Sánchez hace dos semanas. Si la presidenta Isabel Díaz Ayuso recurre al decreto, se puede dar la paradoja de que cuente con el respaldo del PSOE y el rechazo de Vox a la convalidación, que facilitó la investidura de su gobierno de coalición con Ciudadanos.

El presidente de Castilla-La Mancha, el también socialista Emiliano García Page, instó esta semana al Gobierno a pactar una respuesta nacional homogénea ante la expansión del virus por todo el país. Page rechazó poner un apellido a esa respuesta -estado de alarma, toque de queda, nueva normalidad- para que no se utilice políticamente. 

La Moncloa se remite al decreto de nueva normalidad, que recoge las llamadas "actuaciones coordinadas en salud pública". Estas actuaciones permiten elaborar planes o estrategias a nivel nacional. La figura se utilizó por primera vez para imponer el cierre de las discotecas o la prohibición de fumar en espacios públicos.