¿Son los centros de menores tutelados un campo de cultivo para las mafias?

La red que presuntamente explotaba sexualmente a menores en la Comunidad de Madrid ha vuelto a poner en el punto de mira el sistema de tutelas en España. Los casos en esta región, en Baleares, en la Comunidad Valenciana y en Canarias han desatado una discusión política con reproches cruzados entre varios partidos. Mientras tanto, las ONG critican la falta de recursos y demandan perfiles profesionales concretos para proteger a los menores de las redes de explotación.

Madrid ha sido la última Comunidad donde se han detectado casos de menores tuteladas prostituidas. El pasado noviembre, la Policía Nacional detuvo a 37 miembros de una red que captaba a menores vulnerables a través de las redes sociales. Después, las obligaban a vender droga, las enganchaban y entonces las prostituían. Algunas de ellas vivían en centros tutelados por la región.

La 'Operación Sana' -nombre de la actuación policial llevada a cabo en Madrid- se une a otros presuntos casos de explotación sexual en centros de las regiones citadas. Los casos no guardan relación a nivel nacional. En España, la Administración central tiene una función de supervisión sobre estos servicios, pero la gestión depende de cada comunidad autónoma. Todas ellas se rigen por la Ley Orgánica de protección jurídica del menor de 2015, por la reciente LOPIVI y por sus propios desarrollos formativos autonómicos. Para que un menor entre en un centro debe encontrarse en una situación de riesgo o desamparo. La Administración pasa entonces a asumir su tutela durante un tiempo determinado.

Cada región dispone, a su vez, de varios tipos de alojamientos. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, existen centros de primera acogida para procedimientos de urgencia, otros de primera infancia (0 a 6 años) y residencias de menores de 3 a 18 años. También hay hogares y pisos pensados para grupos más pequeños y organizados que intentan generar un ambiente más familiar. Lo ideal para estos menores, según las ONG consultadas, es residir en esta última modalidad de viviendas o en familias de acogida. Hay que destacar, además, que dentro del sistema de centros de cada autonomía hay algunos que son de titularidad pública y otros que están gestionados por entidades privadas y ONG.

Casi 17.000 menores en residencias tuteladas

El sistema público de protección a la infancia atendió en 2020 a 49.171 niños y adolescentes en toda España, según el Ministerio de Derechos Sociales. Ese año, las residencias de menores acogieron a 16.991 personas. Mientras, 18.892 menores fueron recibidos en familias. Las entidades sin ánimo de lucro consultadas por Vozpópuli reconocen que los casos de explotación son puntuales y no pueden generalizarse, pero sí que alertan sobre los defectos y carencias de algunos tipos de centros.

"Estos casos terroríficos son puntuales", dice Almudena Olaguíbel, especialista en políticas de infancia de UNICEF España. Sin embargo, añade, las deficiencias que existen en algunos centros y la vulnerabilidad de los menores pueden convertir a las residencias en un "campo de cultivo muy peligroso" de violencia, también sexual. "Los abusadores saben que son niños y niñas mucho más vulnerables. Quizá tenemos pocas herramientas para enfrentarnos a las redes de explotación", añade.

Los abusadores saben que se trata de niños y niñas mucho más vulnerables. Quizá tenemos pocas herramientas para enfrentarnos a las redes de explotación", dice Almudena Olaguíbel, especialista en políticas de infancia de UNICEF España

La conocida como LOPIVI -Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la adolescencia- regula el seguimiento y registro de los casos de violencia en menores. Según esta norma, los servicios sociales de la atención primaria deben establecer, en base a las leyes de cada CCAA, un sistema de seguimiento y registro de estos casos. Pese a los avances en la legislación nacional, aún no existen estadísticas totalmente homogéneas para sacar conclusiones claras sobre la violencia en los alojamientos de menores. El último 'boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia' indica que la mayoría de notificaciones se registran en los servicios sociales y entre menores de 11 a 14 años. En 2017, UNICEF publicó un informe que alertaba sobre las sospechas que existían en siete comunidades autónomas sobre posibles casos de explotación sexual en centros de acogida.

¿Qué falla según la ONG?

Olaguíbel explica que el problema es cuando el sistema "dificulta el vínculo emocional" con el menor. De ahí que las ONG prefieran los pequeños centros y familias de acogida frente a los "macrocentros" que "no facilitan la convivencia". Según la experta de UNICEF, un alojamiento de grandes dimensiones podría albergar entre 30 y 50 menores. Luego también dependerá del sistema de organización de cada residencia. Por otro lado, la gran mayoría de centros son de régimen abierto, es decir, permiten a los adolescentes de cierta edad entrar y salir sin supervisión.

Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia cree que "falta más trabajo de apoyo a las familias [de origen] para ejercer la crianza". Además, le preocupa la "carencia de fondos" que "impide" dar una atención al menor "lo más individualizada posible". También insiste en fomentar la formación de personal y figuras en los centros a las que puedan recurrir los menores. "Hay fisuras en nuestros sistemas, tenemos la obligación de cerrarlas para protegernos de la violencia", defiende Escorial, que admite que hay residencias mejor preparadas que otras.

Desde Save the Children coinciden. "Hay insuficientes recursos y formación", afirma Carmela del Moral, responsable de políticas de infancia de la entidad. Desde su organización han reclamado que se aborde urgentemente la situación. Piden protocolos de prevención y detección temprana y la mencionada formación a los profesionales. "Se deben tomar medidas específicas para que los centros sean entornos protectores", agrega.

Baleares, Valencia, Canarias y Madrid

Los diferentes casos de explotación sexual sobre menores tuteladas se han convertido en las últimas semanas en un arma arrojadiza política. El líder del PP, Pablo Casado, ya exigido en más de una ocasión responsabilidades por los casos de supuesto abuso en Baleares y la Comunidad Valenciana, regiones gobernadas por socialistas. Mientras, en Más Madrid y Vox exigen explicaciones al Ejecutivo de Díaz Ayuso por los abusos a menores tuteladas en la Comunidad.

La realidad es más complicada. Hablamos de casos, regiones, fechas y sistemas de acogida diferentes. La responsabilidad de cada comunidad es denunciar y alertar, el papel de la Policía es investigar. Varias de las 10 menores explotadas en Madrid estaban tuteladas por la Comunidad. Según fuentes del Gobierno regional, cada comportamiento sospechoso se pone en "conocimiento de las autoridades policiales y judiciales". Estas fuentes insisten en que al ser los centros de régimen abierto no pueden controlar al menor de "puertas para afuera". Sólo en 2021, enviaron unas 5.000 comunicaciones sobre ausencias de menores -el problema más habitual-, seguimientos de casos, etcétera. De hecho, la Comunidad avisó 84 veces a la Fiscalía de Menores sobre las fugas y ausencias de tres de las menores tuteladas que fueron prostituidas. En los últimos 15 meses denunciaron hasta en tres ocasiones la situación de una de ellas: el 25 de septiembre de 2020, el 18 de febrero de 2021 y el pasado 1 de septiembre.

La Comunidad de Madrid avisó 84 veces a la Fiscalía de Menores sobre las ausencias de tres de las menores tuteladas que fueron prostituidas

Desde el Gobierno regional destacan que ellos "han hecho su trabajo", algo que "no ha hecho ni la Policía ni el juez" con 5.000 denuncias aportadas por la región. "En muchos casos, como estos centros son como la casa de estos menores, cuentan lo que les pasa fuera. Cuando lo cuentan, lo ponemos en conocimiento de la Policía", aseguran las mismas fuentes, que destacan que la región ha aumentado un 20% la inversión en sus 102 centros de menores.

El escándalo de Baleares se remonta a finales de 2019, tras la denuncia de una joven tutelada en un centro de Mallorca. A las semanas, ya se investigaban 16 casos de explotación, algunos recientes otros más antiguos. La polémica en las islas se desató después del rechazo del Parlament y el Consell de Mallorca a la propuesta de la oposición de crear comisiones de investigación sobre el tema. Finalmente, en el Consell se hizo una comisión de expertos y otra en la que Vox y el PP se negaron a participar.

En Canarias, un juzgado ha procesado recientemente a seis personas por presuntos delitos de prostitución de menores a través de una red que supuestamente captaba a chicas menores de edad desde 2015 y, al menos, hasta la segunda mitad de 2016 a través de 18 Lovas, una agencia de azafatas, gogós o animadoras, informó EFE.

En la Comunidad Valenciana, el Síndic de Greuges (el Defensor del pueblo) comenzó una investigación por presuntos abusos sexuales a menores tutelados tras recibir una queja registrada por el PP. Las pesquisas concluyeron que en la región se habían detectado 175 presuntos casos de abuso, de las que 127 estaban acogidas en residencias y 48, en familias. Fuentes de la Consejería de Igualdad valenciana señalaron a Newtral.es que la mayoría de las sospechas "se producen fuera" de los centros, y no dentro. Ninguno de los supuestos abusadores era un empleado del sistema de protección.