Rafael Ribó, el viajero defensor del independentismo catalán, contra las cuerdas

Rafael Ribó (Barcelona, 1945) comparece en el Parlament sobre su polémico viaje a la final de la Champions de 2015. Un empresario investigado en el caso 3%, Jordi Soler, habría pagado el coste del desplazamiento en avión privado al Síndic de Greuges y a su hija para asistir a la final de Berlín.

Hasta ahora, la versión de Ribó ha sido la de negar las acusaciones, pero tendrá que enfrentarse a Ciudadanos y PP, dos de los partidos que han criticado su actuación al frente de la institución que debería velar por el derecho de todos los ciudadanos, no sólo de los independentistas. Acusaciones que también rechaza, pero que en sus escritos e informes así lo manifiestan.

Otros polémicos viajes

Durante los más de 40 años de trayectoria política, Ribó se ha centrado en bailar el agua a los separatistas, mientras ha cargado con todo aquel que osaba enfrentarse a los postulados. Desde el inicio de la Democracia ha cobrado un sueldo público, ya sea como diputado autonómico o en el Congreso. Desde 2004 ocupa su actual sillón, con el apoyo de PSC, ERC, ICV y PP, pero no contó con el favor entonces de CiU, que sí le apoyó en 2010, año de su reelección. El Síndic de Greuges maneja un presupuesto de 6,5 millones de euros y cuenta con 70 trabajadores.

Desde el inicio de su segundo mandato, Ribó se ha dedicado a viajar a costa de los contribuyentes. Entre 2010 y 2012 realizó cerca de 50 viajes bajo el pretexto de desplazamientos internacionales, algunos de estos destinos eran muy exóticos, como Bermudas, también ha puesto pie en Colombia, Finlandia, Estonia, México, Grecia, Argentina, Noruega, China, Italia, Turquía, Zambia, Suiza, Kazajistán o Uruguay. Pese a ser considerado un 'willy fog', Ribó no tuvo que responder por este despilfarro.

Exlíder del PSUC y de ICV, hoy integrada en la marca de Podemos en Cataluña, ocupa el cargo de Defensor del Pueblo desde hace 15 años. En marzo cumplió su mandato, pero los grupos políticos no logran encontrar un sustituto de consenso, motivo por el que se mantiene en el cargo. El nuevo nombramiento requiere la mayoría de tres quintos de la Cámara catalana, 81 diputados, siendo necesaria la intervención de Ciudadanos o PSC para escogerlo.

Ribó no dimite en el cargo. Su sueldo alcanza los 129.057,88 euros anuales y se aferra al sillón, pese a estar ya en edad de jubilación y a la insistencia de Ciudadanos, que exige su dimisión inmediata, más tras haber pasado toda su vida política en esta institución al servicio del independentismo.

Avala las tesis separatistas

El bloque separatista elogia la labor de Ribó, incluido la CUP, pese a los grandes bienes de que dispone el político comunista. El pasado mes de agosto, el presidente del Parlament olvidó tramitar la petición realizada en abril por Ciudadanos para la comparecencia de Ribó, ahora el llamado defensor del Pueblo catalán asegura que lo hace a "petición propia", y afirmando: "El Síndic considera oportuno subrayar que defenderá siempre que todos los parlamentarios y todas las personas de Cataluña puedan hacer uso de la máxima libertad de expresión; lamentablemente, no todos los parlamentarios de Cataluña están disfrutando de esta libertad de expresión, tal como pone de manifiesto una moción de resolución del Consejo de Europa relativa al número creciente de políticos nacionales, regionales y locales procesados por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato, en particular en España y Turquía".

Desde el PSC critican ahora a Ribó, pese a apoyarle para que obtuviera el cargo. El distanciamiento con los socialistas catalanes, herederos del antiguo PSUC, se produjo por sus informes sobre las leyes de desconexión que se debatieron entre el 6 y 7 de septiembre de 2017, un mes antes del referéndum. Pese a los pronunciamientos judiciales y sin tener competencia para ello, Carles Puigdemont, entonces presidente de la Generalitat, aseguró que sólo seguiría las instrucciones del Síndic, al igual que ha hecho Quim Torra con las pancartas a favor de los presos y de los lazos amarillos colgados en las fachadas de las instituciones.

Ribó, cuyo cargo debe guardar la neutralidad política al ser representante de todos los catalanes, ha preferido abrazar las tesis de los independentistas. "Retrocesos en materia de Derechos Humanos: la libertad de expresión de los cargos electos y separación de poderes en el Reino de España", denuncias por la aplicación del 155 de la Constitución, o la vulneración de derechos en España, especialmente en Cataluña, son algunos de los títulos y contenidos de los informes del Síndic, que ha llegado a pedir a la ONU una mayor supervisión de los políticos presos, llegando a augurar la intervención de Europa "tarde o temprano". Para Ribó, sus actuaciones se han encaminado a defender "derechos y libertades", así como que ha negado que se haya pronunciado sobre el órdago separatista en Cataluña.

El Síndic de Greuges usó a Pasqual Maragall, pese a tener Alzheimer

El alto cargo de la institución ha recibido duras críticas por incluir el nombre de Pasqual Maragall como firmante de un manifiesto que exigía la liberación de los independentistas presos al Tribunal Supremo. El propio Síndic, sin consultarlo, le introdujo en esa lista compuesta por expresidentes de la Generalitat y del Parlament. La propia hija del expolítico socialista cargó contra el Síndic, como también hiciera el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, exdiputado de CiU, quien le acusó de utilizar a una persona con Alzheimer. "No puedo aceptar que se utilice al presidente Maragall que se encuentra afecto de una enfermedad que le incapacita para tomar decisiones. El estado actual de la enfermedad que padece no le permite tomar ninguna decisión de esta trascendencia. Es un principio ético", escribió.

Pese a asegurar que no se ha pronunciado sobre el 'procés', Ribó pidió a los políticos separatistas que renunciaran a la huelga de hambre, pero en la misiva también incluyó a Maragall.

Ribó, defensor del modelo socialista de la inmersión

El Síndic de Greuges ha defendido por tierra, mar y aire el actual sistema de imposición del catalán en la escuela, donde el castellano es relegado a lengua extranjera pese a las sentencias judiciales del Constitucional y del Superior de Justicia de Cataluña. Llegó a asegurar que la inmersión era intocable tras la sentencia del TC en 2010, al tiempo que criticaba que el Congreso pudiera tener competencias para modificar la normativa catalana, como hiciera también con la aplicación del 155. También ha negado en un extenso informe el adoctrinamiento en las escuelas catalanas, pese a las numerosas denuncias existentes.

Sus bienes, casi 400.000 euros en planes de pensiones y fondos

Según su última declaración de bienes, dispone de 5.300 euros en intereses de depósitos y acciones, con dos viviendas, compradas en 2001 en Barcelona y Gerona, cuyo valor catastral asciende a 123.190,61 y 123.272,44 euros, respectivamente. Ambas están compartidas al 50% y al 75%, respectivamente.

El saldo de sus cuentas corrientes suma un total de 54.898,91 euros; pero tiene un fondo de pensiones de 265.588 euros en Deutsch Bank; otros 241.723,02 euros en fondos de renta variable de CaixaBank, Gaesco y Deutch Bank; otros 69.425,4 euros en fondos de inversión de CaixaBank y de la entidad alemana anteriormente nombrada. Otros 24.000 euros en participaciones en la empresa Baix Empordà SL, un fondo de pensiones de 356,75 euros en CaixaBank, y otros 6.975 euros en Sabadell.

Dispone además de dos vehículos, un Saab 95 de segunda mano comprado en 2002 y un Smart, también de segunda mano, fechado en 2011. 

Debe 78.800 euros de una hipoteca de 240.000, contratada en 2001 por Banco Sabadell. La última declaración data del 26 de junio de 2015.