La Policía Nacional ha dejado en libertad a los 11 detenidos, entre ellos la alcaldesa de ERC, Aurora Carbonell, en la operación contra una presunta trama de corrupción en la adjudicación de subvenciones municipales a entidades sociales, a la espera de que comparezcan ante la jueza de de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) que investiga el caso.
Según han informado a EFE fuentes cercanas al caso, los detenidos han quedado en libertad una vez la Policía Nacional ha practicado las diligencias necesarias en la comisaría de La Verneda de Barcelona.
Las detenciones se enmarcan en una operación de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional que dirige el juzgado de instrucción número 8 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), por presuntas irregularidades en subvenciones concedidas entre los años 2017 y 2020, por lo que también está bajo sospecha la etapa del convergente Miquel Forns en la alcaldía.
Presunta malversación de fondos en subvenciones
En concreto, la magistrada investiga desde mayo del año pasado si el Ayuntamiento malversó fondos públicos a través de subvenciones supuestamente irregulares concedidas a entidades de la Mesa del Tercer Sector de Sitges y una cooperativa del municipio para llevar a cabo actividades sociales o ambientales y de limpieza de playas, en algunos casos mediante contratos menores.
En la causa, abierta por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental, están investigadas la alcaldesa, que fue teniente de alcalde hasta 2019 con Miquel Forns, y otras 12 personas, entre ellas ocho concejales del Ayuntamiento en la etapa bajo sospecha y cuatro particulares vinculados a las cooperativas investigadas.
Además de la alcaldesa, han sido detenidas otras 10 personas, entre ellas el regidor de ERC Jaume Monasterio, que fue concejal de Servicios Urbanos, Movilidad y Deportes, así como el secretario municipal, una técnica del área de Playas y el jefe de Servicios Urbanos.
Está previsto que los detenidos comparezcan en las próximas horas ante la titular del juzgado de instrucción número 8 de Vilanova i la Geltrú, que investiga el caso desde mayo del año pasado a raíz de un atestado de la Policía Nacional.
