El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apostado por impulsar una reducción "drástica" de las licencias de pisos turísticos en zonas saturadas, especialmente en el centro de Barcelona, en cuanto el Ayuntamiento tenga competencias para revisar las autorizaciones administrativas. A finales del pasado año, el PSC obligó a la Generalitat a rebajar el alcance del decreto que regulará las licencias de pisos turísticos y a dejarla en manos de los ayuntamientos. La norma se votará durante este primer trimestre. A este anuncio que ha hecho el alcalde de Barcelona acompañado de la ministra de Vivienda, la asociación de apartamentos turísticos de Barcelona (APARTUR) ha mostrado su colaboración para luchar contra los alojamientos ilegales y ha recalcado que poner todas las viviendas de uso turístico en el mismo saco, como pretende el decreto del Gobierno, es un error: “El cierre del sector sólo fomentaría la ilegalidad y, además, se dejaría perder un impacto millonario en la ciudad, tanto a nivel de impuestos como de gasto en ocio, comercio y restauración”.
En este contexto, APARTUR reclama al Ayuntamiento de Barcelona un diálogo sereno para afrontar los retos de futuro y que el escenario que se abra a partir del mes de abril, cuando entre en vigor la nueva regulación, no lo haya de lamentar ni la ciudad, ni los pequeños propietarios, ni los miles de trabajadores que dependen del sector. Sería del todo irresponsable equivocarse de objetivo porque los daños serían irreparables. Hay que combatir la ilegalidad con contundencia y acompañar al sector con medidas realistas que permitan su viabilidad” , afirma el presidente de la patronal.
El Ayuntamiento ha dado más de 800 licencias por sentencia
El anuncio del alcalde del PSC llega después de unos meses en los que el Ayuntamiento ha dado nuevas licencias a pisos turísticos por sentencia judicial por la anulación del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) del mandato de Ada Colau. La intención era limitar la apertura de establecimientos turísticos en el centro de Barcelona pero los errores en la redacción del planteamiento, que no tenía un informe económico sobre el impacto y las reclamaciones de propietarios han obligado al Consistorio a autorizar más de 800 licencias. La anulación del PEUAT ha generado un dictado masivo de sentencias que han declarado nulas las inadmisiones del Ayuntamiento respecto a los propietarios que solicitaban licencia.
