Los motivos para indultar a los presos del 'procés', según el Gobierno

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los indultos a los líderes independentistas presos por el procés. Minutos después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado una declaración institucional sin preguntas desde el Palacio de la Moncloa para explicar los pormenores de la decisión. Los nueve políticos podrán salir de prisión durante las próximas horas, y esta medida de gracia no afecta a los políticos independentistas fugados de la justicia, como el caso del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Posteriormente, el Gobierno ha filtrado a diferentes medios de comunicación los motivos que le han servido para justificar la salida de los presos de prisión. Todos tienen un periodo de tiempo durante el cual no podrán cometer delitos graves, o podría ser revertida la medida de gracia. Para Junqueras, Forn, Turull y Rull, ese tramo será de seis años; para Sánchez y Cuixart, cinco; para Romeva y Forcadell, cuatro, y para Bassa, tres. Y, aunque extinguen la pena de prisión que les quedaba por cumplir a cada uno, les mantiene inhabilitados para cargos públicos.

En el caso del presidente de ERC, Oriol Junqueras, el indulto ha sido concedido y condicionado a que el los próximos seis años, según ha informado La Vanguardia, que ha tenido acceso al informe, en el cual se destaca que pese a su ingreso en prisión ha conseguido un amplio apoyo electoral y que "su peso en el devenir de las relaciones entre España y Catalunya resulta indiscutible".

La justificación que usa el Ejecutivo para justificar la medida de gracia de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la exconsellera de Trabajo, Dolors Bassa, es que, en su caso, el indulto "no quebranta en absoluto el prestigio" del Supremo y es "el mecanismo idóneo para rebajar la tensión social y política" y "encarrilar la solución al problema por las vías del diálogo político y el entendimiento", según avanza elDiario.es. "Pocos propósitos son tan dignos como el de restablecer la convivencia y la concordia entre catalanes o dar una oportunidad para un nuevo comienzo en las relaciones entre Cataluña y España", remarca el informe.

Sobre Jordi Sànchez, exlíder de la ANC y ahora secretario general de Junts, el Gobierno argumenta que se trata de "un destacado referente social dentro de ámbito independentista" y "uno de los principales actores políticos de la escena catalana", según ha informado el Periódico. "Aun sin formar parte del Gobierno autonómico, es uno de los máximos responsables de los delitos cometidos con ocasión del referéndum ilegal y posterior declaración de independencia. Pero, no puede negarse que, esa misma posición, es también la que hace de él una persona clave para la restauración de la convivencia", justifica el Ejecutivo, que asegura que mantenerle en prisión sería "un claro obstáculo para la normalización de las relaciones entre las instituciones catalanas y las del Estado, así como un escollo para la superación del conflicto que protagoniza la política catalana en la última década".

La misma línea ha seguido con el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, sobre el que asegura que "el cumplimiento de penas privativas de libertad por parte de líderes sociales o políticos puede reforzar las lógicas del conflicto, generando una falsa percepción de injusticia en quienes ven a sus representantes encarcelados".

Entre cinco y nueve años de condena pendientes para los presos

El Tribunal Supremo dictó la sentencia en octubre de 2019 y les impuso penas de entre nueve y trece años de cárcel, pero los impulsores del 1-O condenados ya llevaban entre uno y dos años en prisión provisional: algunos quedaron en libertad durante unos meses y otros han estado encarcelados desde otoño de 2017, saliendo sólo con permisos penitenciarios o breves etapas de semilibertad.

Como sucede con todos los presos, el tiempo que pasaron en prisión antes de que el tribunal dictara sentencia ya se les computó como parte de la pena. Al presidente de ERC, Oriol Junqueras, le impusieron la condena más alta en la sentencia, con 13 años de prisión por sedición y malversación, por lo que todavía le quedaban nueve años y cuatro meses de condena por cumplir, que hubiera acabado en 2030.

Los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa fueron condenados a 12 años de cárcel, así que todavía les quedaban pendientes ocho más, teniendo en cuenta que ya pasaron un año y siete meses en prisión preventiva antes de la sentencia del Supremo.

Por su parte, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, condenada a 11 años y medio por sedición, también tenía pendientes cerca de ocho años de pena, que hubiera cumplido en 2029.

A los exconsellers Quim Forn y Josep Rull, condenados a 10 años y medio, les faltaban cerca de siete años para cumplir toda la condena, mientras que Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, con las penas más bajas de la sentencia --nueve años cada uno-- reciben el indulto estando cerca de cumplir la mitad de la pena, con algo más de cinco años por cumplir.

Los indultos que el Gobierno ha aprobado este martes extinguen la pena de prisión que les quedaba por cumplir a cada uno, pero les mantiene inhabilitados. En casos de indulto parcial, la ley que regula los indultos estipula que la retirada de la pena no incluye la inhabilitación para cargos públicos, excepto si el Gobierno lo añade explícitamente al concederlo, y el indulto total se reserva para "razones de justicia, equidad o utilidad pública".

En paralelo, Cuixart, Rull y Turull ya han recurrido su condena ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) alegando vulneración de derechos fundamentes, y previsiblemente el resto de presos del 1-O harán lo mismo cuando el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre sus recursos: hasta ahora, ha tumbado todos los que ha resuelto, con los votos discrepantes de dos magistrados.