Los Mossos d'Esquadra han presentado este jueves un nuevo protocolo para los casos de 'okupación' y desalojos de viviendas, que incluye la creación de una nueva unidad específica para este tipo de cometidos. La decisión llega en un momento en que Cataluña concentra el 42% de las ocupaciones ilegales de toda España tras varios años de aumento en las estadísticas, según los datos de los que dispone el Ministerio del Interior, y de que una parte del Gobierno -la representada por Unidas Podemos- haya esgrimido que "la ocupación es un problema inventado" por "la derecha".
El consejero de Interior de Cataluña, Joan Ignasi Elena, ha anunciado la decisión en rueda de prensa, acompañado por el comisario en jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, y la portavoz del cuerpo, Montserrat Escudé. Según las explicaciones ofrecidas por el Gobierno catalán y la policía autonómica, las intervenciones relacionadas con desalojos de viviendas tienen un fuerte "impacto personal" y "no gustan a nadie"; una labor que hasta ahora recaía en las unidades de Seguridad Ciudadana. También detallan que el nuevo protocolo dotará a los agentes de "herramientas para actuar ante delitos flagrantes por ocupación".
"Con el fin de comprender mejor el fenómeno y disponer del máximo de información creamos la Unidad Central de Intervención en Conflictos de Vivienda, una unidad especializada en la homogeneización, propuesta y seguimiento de los procedimientos de trabajo", han detallado en la rueda de prensa.
Protocolo 'anti-okupación'
Para mejorar la atención a estos casos, los Mossos pondrán en marcha "un registro global con datos relativos a desahucios y ocupaciones", con el objetivo de "conseguir un mayor conocimiento policial sobre el fenómeno": "Conocer su dimensión y afectación en la sociedad nos permitirá actuar con mayor propiedad".
Según los últimos datos que maneja el Ministerio del Interior, en la primera mitad de 2022 se registraron 10.220 denuncias por ocupaciones de viviendas en toda España. Sin duda, la región que concentra un mayor número de casos es Cataluña, con 4.639; un 42,4% del total. Le siguieron Andalucía, con 1.498 denuncias, la Comunidad Valenciana, con 1.270, y la Comunidad de Madrid, con 912.
Debate nacional
La decisión tomada por los Mossos d'Esquadra y el gobierno catalán llega en un momento en que el debate sobre la ocupación de viviendas ha alcanzado la primera línea de la política nacional. La ministra de Igualdad, Irene Montero, aseveró que la principal dificultad de la vivienda en España está ligada a los precios "abusivos", y negó que los delitos por las entradas ilegales en las casas sea un verdadero problema para la administración y los ciudadanos.
"El problema de la ocupación es un problema inventado, es agenda de la derecha y creo que cuando compramos la agenda de la derecha, gana la derecha", afirmó la ministra en declaraciones desde el Congreso de los diputados.
