A quién debe lealtad Societat Civil Catalana

Es inevitable que los cimientos de un Estado democrático de derecho se tambaleen cuando el Ejecutivo y una mayoría del Legislativo se confabulan contra el Poder Judicial. Eso es lo que ocurre en España. El Gobierno y sus socios parlamentarios se han concedido a sí mismos la legitimidad de gobernar, legislar y juzgar a fin de borrar aquellos delitos de terrorismo, malversación, sedición o traición que vienen a ensuciar el inmaculado expediente democrático de los responsables de la insurrección de 2017 y de los violentos disturbios de 2019, investigados como posible terrorismo.

Hasta el último momento, minutos antes de la votación de la ley de amnistía en el pleno del Congreso del 14 de marzo, desde Societat Civil Catalana apelamos a la conciencia de los diputados. Nos dirigimos especialmente a los parlamentarios socialistas críticos con la vergonzante concesión de impunidad a delincuentes y prófugos de la Justicia a cambio de mantener el poder. Oídos sordos. La mayoría de la Cámara asumió los perversos postulados del nacionalismo y rindió la soberanía nacional a una minoría radical y supremacista.

Hemos dicho alto y claro que los diputados del PSOE, Junts, ERC, EH Bildu, Sumar, BNG y Unidas Podemos son responsables de un desvarío histórico con graves consecuencias sobre nuestras principales instituciones. Todos ellos han faltado a su obligación de defender el bien común y el interés general. Han traicionado, por tanto, a los ciudadanos, a la Constitución y a España. ¿De qué reconciliación hablamos cuando se ignora el sufrimiento y el servicio a la Nación de cientos de miles de catalanes que plantamos cara al régimen nacionalista en defensa del orden constitucional y de unas instituciones que se desentienden de nosotros?

Estoy convencida de que nos repondremos porque ni la Justicia española ni la Unión Europea ni los españoles vamos a permitir que nos arrebaten la libertad"

Especialmente grave es que, para ejecutar este dislate, el Ejecutivo y el Legislativo estén decididos a sacrificar la independencia judicial, la división de poderes y el sistema de controles y contrapesos que garantiza la fortaleza de nuestro Estado social y democrático de derecho. Es profundamente perturbador imaginar a magistrados, jueces o fiscales rindiendo cuentas al Legislativo a través de unas comisiones parlamentarias diseñadas a modo de inquisitorial advertencia a servidores públicos.

Contemplar a una clase política amnistiándose a sí misma, pisoteando el legado de la Transición y despejando el camino hacia un nuevo intento de ruptura de la legalidad ha sido una humillación y un golpe durísimo para nuestra dignidad como país. Estoy convencida, sin embargo, de que nos repondremos porque ni la Justicia española ni la Unión Europea ni los españoles vamos a permitir que nos arrebaten la libertad, la igualdad entre ciudadanos y la solidaridad entre territorios.

Estas son las batallas de SCC. Nacimos hace diez años para defender a los ciudadanos de los abusos del régimen nacionalista. Como españoles comprometidos con la democracia hemos combatido al secesionismo en las calles, en las instituciones europeas y en los Tribunales. En la actualidad estamos personados en el Tribunal de Cuentas, en los casos Tsunami y Voloh y en la causa penal del Tribunal Supremo para investigar a Carles Puigdemont y a Rubén Wagensberg por posibles delitos de terrorismo.

No se debe negociar la gobernabilidad de España con quien la quiere romper. Ni ahora ni nunca"

Y a todo nos hemos enfrentado con la única aportación de socios y donantes. No recibimos subvenciones ni estamos vinculados a ningún partido político porque nuestros principios son universales y no pertenecen ni a la izquierda ni a la derecha.

Nuestra transversalidad e independencia nos permite denunciar, con total libertad, que si estamos al borde del precipicio es porque durante 45 años los partidos con responsabilidad de gobierno han optado por someterse voluntariamente a la extorsión nacionalista. No se debe negociar la gobernabilidad de España con quien la quiere romper. Ni ahora ni nunca. El mal viene de lejos, si bien el actual Gobierno ha traspasado todas las líneas rojas de la ética democrática.

Por supuesto, la autonomía de acción conlleva sus peajes y en SCC estamos acostumbrados a los intentos de presión, de instrumentalización, e incluso de desprestigio y erosión, desde distintos ámbitos políticos y sociales, también desde el propio constitucionalismo. Nos unen los mismos objetivos -la defensa de los derechos y las libertades civiles- pero tenemos derecho a marcar nuestras propias estrategias. No nos moveremos de donde siempre hemos estado. Como entidad cívica nos debemos a nuestros socios, al resto de los ciudadanos, a la democracia y a España. A nadie más.