'La lengua no se toca'. Durante muchos años, el nacionalismo ha amparado las políticas que proscriben el castellano como lengua vehicular en la Educación sirviéndose de este lema, que da la medida de la inflexibilidad con la que este movimiento se plantea la cuestión lingüística —asunto, como es sabido, nuclear en su proyecto de desconexión del resto de España—. Siendo así, no es extraño que el separatismo se haya movilizado ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional acabe anulando la norma de rango catalán que, con el apoyo del PSC, aprobaron en 2022 para frenar la sentencia judicial que obligaba a las escuelas a impartir un 25% de las materias en español.
No en vano, si el fallo constitucional —que se considera inminente— dictamina que la ley del Parlament no puede prohibir la aplicación de porcentajes, los centros catalanes deberían enseñar una asignatura adicional en castellano, lo que haría saltar por los aires el monolingüismo vehicular que impera en los colegios catalanes desde hace décadas.
La primera en movilizarse fue la asociación Som Escola, que se reunió el mes pasado con la ‘consellera’ de Educación Esther Niubó y el 'conseller' de Política Lingüística Francesc Xavier Vila, instándoles a no quedarse de "brazos cruzados" ante una "intromisión judicial" por parte del Constitucional y "plantar cara" por la Escola Catalana. Por su parte, el jueves pasado, los partidos secesionistas y de izquierda registraron en el Parlament una moción que exigía al Govern “adoptar las medidas necesarias” para garantizar la inmersión frente a las "injerencias judiciales". La moción salió adelante con los votos de Esquerra, Junts, comuns, CUP y Aliança Catalana; sin embargo, el PSC se abstuvo argumentando que, si bien su compromiso a favor del monolingüismo en catalán en la escuela resulta indiscutible, las partidos no deben anticiparse a "posibles sentencias judiciales" sino dedicarse a "hacer política".
Pese a todo, aunque el Govern no parece dispuesto a dejar negro sobre blanco un posible boicot a un fallo que ponga en solfa la exclusión del castellano escolar —al que han mostrado siempre un respaldo invariable— sus políticas lingüísticas han proseguido con el endurecimiento del sistema emprendido por el separatismo en los últimos años. De ello da fe un informe de la Asociación por la Escuela Bilingüe que ha examinado los talleres de ULAE (Usos Lingüísticos en el Ámbito Educativo). Y es que esta herramienta, aprobada en 2021 por ERC y encargada de diseñar tácticas de "presión a alumnos, docentes y familias" para que eviten el uso del castellano en las escuelas, “sigue en marcha gracias al Govern de Salvador Illa”, según ha denunciado la presidenta de la AEB, Ana Losada.
Encuestas para "delatar" a profesores
En la actualidad, según el dosier, siguen dichas estrategias 1.444 centros (un 84% públicos y un 16% concertados). Estos colegios aducen para acogerse a la ULAE que los alumnos prefieren el castellano al catalán y que sus entornos fuera del colegio son eminentemente castellanoparlantes. Y para hacer frente a esta realidad —que estiman contraproducente—, promueven la formación en catalán para los docentes, la creación de “parejas lingüísticas” que “marginan el castellano”, el control del idioma que se usa en cualquier lugar del centro y la realización de encuestas anónimas para señalar a los profesores que siguen usando el español —aunque sea fuera del aula—.
Las consecuencias de esta fiscalización han sido “nefastas”, según la AEB: “Profesores denunciados por otros colegas o alumnos”, “inspección educativa a quienes no siguen el plan” y “familias obligadas a mantener reuniones solo en catalán, sin posibilidad de bilingüismo”. Y entre las propuestas que evidencian la discriminación que promueven estos talleres, la entidad cita un “ejemplo extremo”: la de premiar en las evaluaciones finales con una mejor calificación a los alumnos que usen el catalán. En cualquier caso, el plan presenta diversos flecos: solo el 33% de los profesores se apuntan a sus formaciones, las encuestas anónimas reflejan el rechazo docente y su aplicación no se corresponde con los colegios con mayor presencia de castellanohablantes. Entretanto, recuerda la entidad, Cataluña se encuentra a la cola en resultados PISA, TIMS y PIRLS.
