"Emergencia Lingüística" es el sintagma de moda en el nacionalismo catalán. Con él, el separatismo y parte de la izquierda catalana aluden a la supuesta situación crítica de la lengua catalana, cuyo uso, denuncian, ha caído en picado —aunque se suele obviar que su grado de conocimiento nunca había sido tan elevado—. Y sirve al Govern como justificación para endurecer las políticas en favor del monolingüismo en catalán en la esfera pública. Además de la Educación, uno de los ámbitos donde la Generalitat lleva décadas adoptando medidas coercitivas para que los catalanes sustituyan el castellano por el catalán es el del comercio. Unas medidas que, en parte, están surtiendo efecto.
Y es que, según estudio de la patronal Pimec, elaborado con la colaboración de la 'conselleria' de Política Lingüística de la Generalitat y dado a conocer este jueves, el uso del catalán en el pequeño y mediano comercio ha aumentado un 17,2% desde 2012. El informe indica que en los sectores que exigen exposición al público como la hostelería y restauración (54,5%) es donde más se recurre a este idioma, mientras que en la industria —sin interacción con los clientes— sigue siendo muy minoritario (21,3%). Para Pimec —cuyo 'think tank' lo preside el exdiputado de Junts Oriol Amat— este resultado sigue siendo insuficiente, y ha publicado diez entrevistas en vídeo para persuadir a los comerciantes de que el catalán resulta imperativo para que sus negocios prosperen.
Este moderado aumento del catalán en las tiendas coincide con la multiplicación de las sanciones que la Generalitat les impone para que atiendan y rotulen en catalán. No en vano, la Agencia Catalana de Consumo impuso en 2023 un total de 261 sanciones por esta cuestión, ascendiendo el total recaudado a 496.920 euros —lo que representa un crecimiento del 340% respecto al año anterior—. Un incremento que se ha repetido en los últimos años: en 2022 se impusieron 68 multas lingüísticas que conllevaron una recaudación de 112.606 euros, mientras que un año antes se cursaron un total de 16 sanciones que recabaron 17.350.
Buzones ciudadanos en Manresa y Vic
A estas multas —que se imponen exclusivamente a los tenderos que "vulneran" los derechos lingüísticos de los catalanohablantes, pero no los de los castellanohablantes— se le añade otro plan diseñado por el 'conseller' de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, para modificar los hábitos idiomáticos en los comercios. Entre sus medidas, de las que Vila destacó su "carácter proactivo", llama la atención la campaña "puerta a puerta" denominada 'Comerços aprenents'. Ésta consiste en enviar profesores de catalán a los establecimientos para enseñar al personal a atender en lengua catalana a sus clientes. “Que no pidas un café con leche y te llegue un café con hielo”, bromeó Vila durante su presentación.
Sin olvidar iniciativas tan discutidas como la llevada a cabo a principios de octubre por el Ayuntamiento de Manresa. Allí, después de que Òmnium Cultural alertase de que 200 de los 2000 establecimientos de la ciudad mantienen cartelería en español, el consistorio inauguró un buzón ciudadano para denunciar a los comerciantes que insistan en recurrir al castellano, tanto en su vertiente gráfica como oral. Una iniciativa que ya se implementó en Vic el junio pasado dentro del plan lingüístico 'Defender la lengua, amar el país'. En ambos casos, los señalamientos anónimos pueden derivar en sanciones económicas.
