La Generalitat cuadruplica las multas por usar solo el castellano y ya recauda 30 veces más que en 2021

La Agencia Catalana de Consum (ACCA) llena la hucha con las multas que ha recaudado en 2023, que ha incrementado hasta un 62% hasta los 10,5 millones. La segunda área de sanciones que han generado este aumento es por la vulneración de los derechos lingüísticos, que según la normativa de Consum obliga a responder "como mínimo en catalán" en etiquetados, contratos información comercial. Como ha anunciado este jueves el secretario d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, las sanciones por vulneración por el solo uso del castellano se han multiplicado por cuatro en un año y rozan ya los 500.000 euros. La cifra se ha disparado desde el 2021, cuando se recaudó 17.350 euros por incumplir la normativa lingüística e implica una multiplicación de casi 30 veces más según los datos del año pasado. Las denuncias que ha recibido la ACC en este ámbito se han multiplicado por nueve entre 2021 y 2023.

Como ha explicado Castellanos, este incremento "responde al aumento de la conciencia de los derechos lingüísticos y a una gestión más rigurosa de estos expedientes por parte de la Generalitat". La agencia ha valorado en positivo el balance de sanciones de este último año y ha dicho que ha habido una liguera bajada de reclamaciones registrada a la vez que ha destacado que se ha dado un cambio de la estructura organizativa para estar encima de las empresas reclamadas y con un aumento también de la resolución extrajudicial de los conflictos.

La ACC ha registrado un aumento en las denuncias ciudadanos por derechos lingüísticos, con un incremento del 36%. La protección de los derechos lingüísticos, ha expresado el director de la ACC, Albert Melià, es "una prioridad en el Govern y una demanda de toda la ciudadanía". Las denuncias se han multiplicado por nueve en dos años: en 2021 fueron 206 y el año pasado ascendieron a 1.873. Este llamamiento de la ciudadanía se ha visto reflejado en el incremento de sanciones, que en 2023 tuvieron un impacto de 498.852 euros, un 342% más que en 2022.

Sanciones por no ofrecer alquiler social

Como principal área de recaudación se encuentran las multas por no ofrecer alquiler social a propietarios cuando están obligados a ello, que han sumado una cantidad de 3,3 millones de euros, lo que implica un incremento del 95% respecto a datos anteriores. Estas sanciones han impulsado el total que ha hecho que se pase de los 6,4 millones de 2022 a los 10,5 del año pasado. La ACC ha argumentado en la rueda de prensa de este jueves que trabajan "a pleno rendimiento" en colaboración con la Agencia Catalana de Vivienda y que ha destinado 19 personas a la labor de inspección a grandes tenedores para examinar el cumplimiento de la ley de 2025 que obliga a conceder alquileres a casos vulnerables.

Por último, el año pasado estuvo marcado por la inspección de la ACC a empresas que ofrecen servicios básicos como luz y gas, y a entidades financieras, compañías de transportes o telecomunicaciones. Las infracciones mas comunes, como lleva siendo así todos los años, han sido la falta de información o cláusulas abusivas. Endesa ha sido la compañía más demandada por el consumidor.