La Generalitat achaca la baja ejecución de los fondos UE a fallos estadísticos de Bruselas

Cataluña es una de las comunidades con menor tasa de absorción de los fondos europeos estructurales y de inversión 2014-2020. Según los datos de la Comisión Europea, que parten a su vez de los gobiernos nacionales y regionales, a finales del pasado año rondaba el 40%, tal y como recogió en uno de sus informes la Fundación Finnova. Sobre este asunto se preguntó a la consellera de Hacienda de la Generalitat, Natàlia Mas i Guix, en el Parlament de Cataluña hace unas semanas.

En su respuesta parlamentaria, recogida en el Boletín Oficial del Parlament de diciembre de 2023 y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, Mas i Guix echa balones fuera a la pregunta sobre el bajo porcentaje ejecutado de estos fondos en Cataluña. Pone en duda los datos oficiales que recoge la Comisión Europea en su web, recogidos por la Fundación Finnova en un informe publicado a finales de agosto de 2023.

Según esos datos, a cierre del año 2022 (la actualización de datos por parte de la Comisión va con alrededor de medio año de decalaje) la Generalitat de Cataluña había ejecutado un 31,1% de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), un 28,3% el Fondo Social Europeo (FSE) y un 69,3% del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo (FEADER).

El principal argumento de la consellera radica en la modificación que se hizo del reglamento en 2020 para estos fondos estructurales 2014-2020, que tuvieron un periodo de gracia de tres años adicionales para comprometer gasto. El programa financiero inicial exigía un 50% de cofinanciación a Cataluña. Sin embargo, como consecuencia de la pandemia, se flexibilizó permitiendo que entre 2020 y 2022 no hubiese cofinanciación, con un impacto positivo en la absorción del dinero.

La consellera argumenta que en los fondos FEDER y FSE no se ha tenido en cuenta ese cambio en la tasa de financiación de la Comisión Europea y, por tanto, no es correcta la inversión final. Justifica que esta flexibilización ha supuesto para Cataluña una reabsorción más rápida de los recursos de estos dos fondos y, como consecuencia, un mayor porcentaje de ejecución en inversión. Afirma que los FEDER suponen están a un 85% de ejecución en diciembre y que se asumirá el 100% de los recursos en junio de 2024.

En cuanto al Fondo Social Europeo (FSE), la consellera corrige al Ejecutivo comunitario argumentando que el porcentaje de ejecución de los fondos FSE es del 42,49% y que, por tanto, "es superior al 28,3% que consta en la web de la Comisión Europea" en el momento de la consulta.

Lo mismo ocurre con los FEADER. La consellera de Hacienda asegura que la ejecución real es del 74% y no del 69,3%, como marcaba en aquel momento la Comisión. Su justificación es que el importe convocado es más elevado que el programado y que algunas operaciones cofinanciadas no son inversiones sino ayudas compensatorias.

Como conclusión, la consellera directamente recoge en su respuesta que los datos reales de inversión no son los que están "expuestos" en la página de la Comisión Europea. Pero lo cierto es que la Comisión recoge los datos actualizados que las CCAA trasladan al Gobierno y, a su vez, éste los traslada a Bruselas. Es decir, los datos que está justificando y argumentando, cuya casuística es real en su exposición, son los mismos que ha trasladado oficialmente el Govern. Ahora explicita que no se han tenido en cuenta los años en los que el Ejecutivo comunitario flexibilizó la cofinanciación y las ampliaciones en de los plazos de ejecución en el caso de los fondos FEADER.

Los últimos datos actualizados por la Comisión Europea en base a la información que proporcionan los países y recogidos por Finnova, a los que ha tenido acceso este medio, señalan que a cierre de septiembre de 2023 Cataluña había ejecutado un 51,9% de los fondos estructurales europeos 2014-2020. Se posiciona como la tercera peor región ejecutora sólo por detrás de Madrid (46,1%) y Comunidad Valenciana (49,9%).

El Gobierno negocia más tiempo

El plazo legal para gastar dinero con cargo a los fondos estructurales 2014-2020 (es decir, para que realizar la inversión que sería subvencionable por la UE) venció el 31 de diciembre de 2023. En el conjunto del territorio nacional había cinco vías: FEDER, FEADER, FSE, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ).

España es el tercer país de la Unión Europa con más presupuesto asignado a través de estos fondos para el periodo 2014-2020, sólo por detrás de Polonia (111.440 millones) e Italia (93.700 millones). Sin embargo, también es el Estado miembro que menos ha sido capaz de ejecutar respecto a lo presupuestado, sólo un 63% (47.300 millones de cerca de 75.000 millones) a cierre de septiembre de 2023, según datos de la Comisión Europea.

Las administraciones públicas españolas tenían aún 28.000 millones sin gastar a tres meses de que venciese el plazo, colocando a España en la peor posición. Italia tenía ejecutado un 70%; Polonia, un 88%; y en general, la media de la UE estaba en el 85%. Por esa razón, con la guerra, la inflación y el colapso de los fondos Next Generation como excusa, negocia ahora la extensión de los plazos.

Fuentes de la Comisión Europea aseguran a Vozpópuli que "los beneficiarios aún podrían declarar sus gastos a las autoridades de gestión en el primer semestre de 2024 (estos plazos dependen de las normas nacionales), que luego se verifican y certifican". Esto da seis meses más de margen a los funcionarios del Ministerio de Hacienda para localizar gastos realizados hasta diciembre de 2023 que sean subvencionables a través de estos fondos y no se hayan declarado aún.

Las mismas fuentes informan de que "según las normas actuales, las solicitudes de pago final deben presentarse a la Comisión a finales de julio de 2024. Esto será auditado, seguido de un cierre y un saldo final para la mayoría de los programas en 2025". Sin embargo, desde la Comisión Europea también recuerdan las declaraciones de la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, en el Consejo de Asuntos Generales del pasado 30 de noviembre de 2023, durante la Presidencia española.

"Hemos introducido flexibilidades en las condiciones para el cierre de los programas 2014-2020 y hemos propuesto ampliar por un año la presentación de solicitudes de pago finales", señaló Ferreira en aquel encuentro, presidido por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que resultó ser el "broche de oro" al semestre de Presidencia Europea a cargo de España.

De esta forma, fuentes conocedoras de la situación también informan a Vozpópuli de que el Gobierno estaría presionando para que se amplíe el periodo de justificación durante un año, con el fin de elevar el nivel de ejecución de España y no perder los fondos. De hecho, esas mismas fuentes apuntan que el deseo de Hacienda sería lograr un plazo adicional para ejecutar con cargo a los fondos estructurales 2014-2020, algo a lo que países como Holanda se oponen frontalmente.

Sobre este asunto ha alertado Finnova, fundación europea que apoya la financiación de la innovación en empresas, regiones y municipios. "El 31 de diciembre acabaron los tres años de gracia. Quiero creer que hay mucho más ejecutado y no se ha reportado la información, porque en caso contrario se perderían esos fondos", comenta su CEO, Juanma Revuelta.