Cataluña

La Fiscalía se opone a que se aplique la amnistía a Laura Borràs por corrupción

En 2023, Borràs anunció que no iba a pedir la medida de gracia. "No me arrastraré por un indulto", dijo

  • La presidenta de Junts, Laura Borràs -

La Fiscalía ha mostrado este martes su oposición a que el Tribunal Supremo (TS) corrija la condena por prevaricación y falsedad documental impuesta a la expresidenta de Junts Laura Borràs, que incluye penas de 4 años y medio de prisión y 13 de inhabilitación, por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2018. No obstante, ha asegurado que ve "pertinente" la petición de indulto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña, recoge EFE.

Así se ha pronunciado la teniente fiscal del Supremo Ángeles Sánchez Conde en la vista celebrada en el alto tribunal para estudiar el recurso que presentó la defensa de Borràs -a cargo de Gonzalo Boye- contra la sentencia que el tribunal catalán dictó en 2023. En aquella resolución, el propio TSJ propuso un indulto parcial para la dirigente de Junts con la intención de que se le rebajase la pena de prisión a no más de dos años, de manera que no tuviera que entrar en prisión a cumplir la condena.

En 2023, Borràs anunció que no iba a pedir la medida de gracia. "No me arrastraré por un indulto", dijo. Un año después, pidió al Supremo que le aplicase la ley de amnistía --aprobada en mayo de 2024-- al resolver el recurso de casación que ha defendido este martes.

En la vista de este martes, la Fiscalía ha manifestado que ve "pertinente" la petición del indulto del TSJ, dado que sus magistrados tienen la potestad de hacerlo si entienden que la pena es excesiva. Sin embargo, ha defendido que ello no significa que la condena no haya sido la correcta, por lo que ha pedido que se desestime el recurso de Borràs.

Descarta la aplicación de la Amnistía

Sobre la solicitud de la amnistía, Sánchez Conde no se ha pronunciado durante la vista, pero la Fiscalía en su escrito ha descartado que se aplique esta ley a Borràs. Cabe recordar que los hechos constitutivos de un delito de falsedad documental no están amparados por la norma aprobada en mayo de 2024.

La representante del Ministerio Público ha abogado por mantener la condena impuesta a Borràs

Así las cosas, la representante del Ministerio Público ha abogado por mantener la condena impuesta a Borràs al considerar que la sentencia se ajusta a Derecho y que los hechos probados son constitutivos de delitos de prevaricación y falsedad documental, en contra de lo que ha defendido el letrado de Borràs.

"No podemos compartir la tesis de la defensa acerca de la inanidad o de la nula necesidad o de la nula trascendencia jurídica de esos documentos", ha dicho Sánchez Conde al defender el informe que presentó su compañero Joaquín Sánchez-Covisa, recientemente jubilado.

En su intervención, ha explicado que la documentación falsa que se le atribuye a Borràs sí era un requisito para conceder las subvenciones en el ILC. "La cumplimentación de este requisito por parte de las personas acusadas, de las personas condenadas, fue lo que permitió que este tipo de contratos no fueran tildados de sospechosos y fueran avalados por todos los organismos de control contable de la Generalitat", ha señalado.

Sánchez Conde ha indicado que esos presupuestos eran "concesionados de manera falsa" y "hechos por los propios acusados a nombre de personas o de empresas inexistentes o con la colaboración" de terceros.

La fiscal ha incidido en que se fraccionaron contratos para adjudicarlos sin someterlos al control previsto por la ley. "Por lo tanto, no hay una prevaricación continuada y una falsedad continuada que sirva a esa prevaricación. Hay una prevaricación única y luego hay dos tipos de falsedad", ha señalado, por lo que entiende que la condena del TSJ es correcta.

Su defensa asegura que no hubo falsedad

Por su parte, la defensa de Borràs ha pedido que se corrija la sentencia del TSJ de Cataluña, lo que conllevaría una reducción de la pena de prisión e inhabilitación. Su abogado ha defendido ante el tribunal tres de los puntos expuestos en el recurso que presentó.

Boye ha asegurado que no hubo falsedad documental porque los documentos a los que hace referencia la sentencia "no cumplen con los requisitos para ser considerados falsos" y "ni siquiera eran necesarios" en el procedimiento de adjudicación. "En ningún momento tuvieron la capacidad de generar una alteración", ha añadido, para luego incidir en que "tenían nula capacidad probatoria" y no tenían "trascendencia jurídica".

Boye ha señalado que la pena impuesta por el TSJ es "desproporcionada" y que el propio tribunal así lo manifestó en su sentencia para pedir el indulto.

En este sentido, ha manifestado que hay una diferencia importante a nivel penal sobre un documento "mendaz" y uno "falso". Sobre este extremo, ha insistido en que los documentos no eran falsos y se ha amparado en el voto particular de la sentencia del TSJ catalán para asegurar que "aquí no se da el delito de falsedad".

Además, Boye ha señalado que la pena impuesta por el TSJ es "desproporcionada" y que el propio tribunal así lo manifestó en su sentencia para pedir el indulto. "La mayoría de los magistrados dijo que la pena era excesiva", ha subrayado este martes el letrado.

Al hilo, ha recalcado que el voto particular de la sentencia iba más allá y aseguraba que se había condenado a Borràs "erróneamente" porque se le imponía de forma simultánea la prevaricación y la falsedad documental. "Los documentos o son prevaricadores o son falsos", ha aseverado.

Por último, ha defendido que la condena impuesta a la expresidenta de Junts vulnera el principio 'non bis in idem', que impide sancionar en más de una ocasión el mismo hecho con el mismo fundamento. "La condena impone penas por prevaricación y falsedad documental, cuando la falsedad es un medio para la prevaricación", ha explicado.

Boye ha ratificado el resto de recurso que presentó el pasado 2024 ante el Supremo, así su petición para que se aplique la ley de amnistía a los hechos atribuidos a Borràs.

Así las cosas, el abogado ha pedido que "se dicte una sentencia que estime estos motivos y lleven esto a una situación de más justicia".

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