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Cataluña

Feijóo califica el problema de Cataluña como "crónico" y exige consenso PSOE-PP

Además, aconseja determinación para defender el marco de la Constitución, evitar generar más tensión y huir de recetas fáciles a corto plazo

Feijóo califica el problema de Cataluña como "crónico" y exige consenso PSOE-PP
El titular del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, considera que el problema político de Cataluña no es una cuestión "puntual", sino que es "crónico" y que llevará tiempo resolverlo. Para ello, propone actuar con "rigor y determinación" en el marco de la Constitución, favorecer el consenso entre los dos grandes partidos (PSOE y PP), huir de medidas "fáciles" como la concesión de "privilegios" al independentismo, y evitar generar más tensión de la que ya existe.

En su intervención en el curso de verano de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), el dirigente gallego del PP ha ensalzado el funcionamiento del Estado de las Autonomías que a su juicio es "el adversario más temible para el nacionalismo", que sería mucho más intenso si España fuera un Estado centralizado.

Así, considera que el Estado de las Autonomías busca sumar, mientras que los nacionalistas quieren "restar" y defender sus privilegios frente a los demás. "El planteamiento nacionalista no era café para todos, sino café para algunos", ha resumido.

Ni un maná de concesiones les contentaría

Para Feijóo, "la sedición y la independencia van contra la España de las autonomías" y contra todas las comunidades, "no contra el gobierno central", y por ello juzga "un error" querer resolver el problema catalán con privilegios económicos o con un nuevo estatuto. "Ni un maná de concesiones previas hubiera satisfecho el planteamiento de los independentistas", sostiene

El presidente gallego ha recordado que los independentistas quieren "desconectar" de España y de todo su marco constitucional (Carta Magna, Estatutos y Leyes Orgánicas), y le preocupa que se estén lanzando propuestas para "ofrecerle compensaciones" por lo sucedido estos años. "Si es un premio, todo el mundo va a ver lo que hay que hacer para conseguirlo", ha avisado, recordando que hay partidos nacionalistas o independentistas en otras comunidades.

Según Feijóo, el independentismo debe "convivir" con la Constitución (que prohíbe los referéndums de autodeterminación) y tiene que asumir que "todos somos iguales ante la ley" y que no se daban las condiciones para los indultos, pues ni los habían pedido ni piensan cambiar su actuación. De hecho, ha dicho no ver diferencias entre las proclamas independentistas de los tres últimos presidentes catalanes: Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès.

"Esto es un problema crónico que hay que gestionar con rigor, determinación y unidad entre el PSOE, el PP y todos los constitucionalistas, porque es un problema de una década o del tiempo que dure -ha afirmado-. Si nos mantenemos en el rigor, dentro de menos tiempo del que pensamos, puede haber constitucionalistas en el Gobierno catalán".

Un error de los actores políticos

Y es que, según ha recordado, "hasta hace bien poco, la mayoría de los catalanes no votaba a partidos independentistas" y no todos los partidos nacionalistas eran independentistas. La diferencia con lo que pasaba entonces es que "fallan los actores políticos, los interlocutores y los gestores", pero no el sistema.

Su inquietud se debe a que los independentistas no sólo gobiernan Cataluña, es que también "cogobiernan España", y ha advertido de que el "pago de peajes" para la gobernabilidad del país no se puede endosar al Estado.

También rechaza "jugar a corto" porque no existe una "fórmula mágica": "Ante problemas complejos, las soluciones fáciles no son soluciones, es acrecentar el problema -afirma-. Vayamos gestionando el problema con rigor y determinación, sin palabras gruesas, sin añadir tensiones a la tensión".

Por último, ha insistido en la conveniencia de que se entiendan los partidos constitucionalistas y ha puesto como ejemplo el fin del 'Plan Ibarretxe', que fue tumbado en el Congreso con el consenso de PP y PSOE.

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