En su última entrevista en TV3, una de las respuestas de Puigdemont reveló involuntariamente su agenda con respecto a la inmigración. Y es que, al abundar en la urgente necesidad de que la Generalitat tomase las riendas en la materia —en aquel momento, el traspaso de la gestión aún se estaba negociando—, el líder de Junts señaló que Cataluña debía tener la "capacidad" para tomar sus propias decisiones sobre los inmigrantes irregulares. Y entre las opciones que barajó con respecto al futuro de estos, la primera que acudió a su boca fue la de la "expulsión". A los pocos instantes, puntualizó que el traspaso también permitiría a Cataluña legalizar su situación. Pero la prioridad de su partido —en pugna con la ultra Aliança Catalana por el voto antiinmigración de la Cataluña interior —pareció evidente.
El endurecimiento de Junts se ha confirmado tras conocerse los detalles del pacto para el traspaso de la gestión de la inmigración, que, en principio, otorga capacidad a la Generalitat para determinar la permanencia de este colectivo en Cataluña —y por ende, en España—. Un derecho que los de Puigdemont han ligado, sobre todo, a los conocimientos de catalán de los inmigrantes. "Sin catalán, no hay papeles", sintetizó la formación neoconvergente. Este proyecto, coincidente con el de Aliança Catalana, goza de un gran predicamento en el interior de Cataluña —a la que los nacionalistas suelen referirse como la "Cataluña Catalana"—. Y allí, con la polémica del traspaso aún viva, es precisamente donde acaban de estallar los graves disturbios de Salt.
La ciudad, con un elevado porcentaje de población inmigrante, ha visto como un centenar de estos ha protagonizado altercados durante dos noches seguidas lanzando todo tipo de objetos contra la policía —huevos, latas, piedras—, así como ocasionando importantes destrozos en el mobiliario urbano, con la quema de 'containers' a la cabeza. El desencadenante de las protestas radica en el intento de un imán de ocupar un piso vacío propiedad de un banco, que fue frustrado por la policía. Y aunque su ira se ha dirigido fundamentalmente contra los agentes de policía, los vecinos de Salt también han sido blanco de ella, viendo a su ciudad destrozada y obligados a permanecer en sus casas.
Mediación fallida
Ante este escenario de tintes bélicos —según han descrito algunos vecinos—, las respuesta de las autoridades ha sido criticadas por su falta de conexión con la realidad. En primer lugar, los Mossos se embarcaron en un proceso de "mediación" con los agresores para el que contaron con imanes de la mezquita subsahariana de la localidad. La tentativa se reveló fallida, habiendo de recurrir los agentes sin solución de continuidad al lanzamiento de proyectiles viscoelásticos o de foam para dispersar a los agitadores. Por su parte, el alcalde, el republicano Jordi Viñas, se apresuró a atribuir el conflicto a la falta de perspectivas habitacionales de la población migrante, para lo que resultaba prioritario proporcionar "soluciones y propuestas" al colectivo. "No puede ser que los grandes tenedores tengan un parque de vivienda inmenso y que no lo pongan a alquiler social", mantuvo.
Una tesis respaldada —o quizá iniciada— por la televisión autonómica, que achacó en exclusiva los altercados a la "falta de vivienda y los desahucios" de los inmigrantes. Este punto de vista, sin embargo, fue llevado a paroxismo ayer por la CUP en el pleno del Parlament. Allí, la portavoz de los anticapitalistas, Laure Vega, defendió sin tapujos el vandalismo de los protestantes por ser una constante en la "historia del pueblo catalán". Y citó como ejemplo las revueltas del siglo XIX, la Semana Trágica de principios del XX, la "batalla de Urquinaona" o las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel. "Y, ahora, también Salt", sentenció. Ante posturas como las citadas, que han sido cuestionadas por exculpar por completo a los inmigrantes violentos debido al problema habitacional, Junts se ha limitado a condenar genéricamente la "violencia" en las calles de Salt. Un perfil bajo que parece destinado a recoger los frutos de los excesos "políticamente correctos" de parte de sus adversarios políticos.
