La CUP redobla su presión sobre el Govern para que la Generalitat no represente a los agentes de los Mossos d'Esquadra heridos en protestas como acusación particular en los tribunales y, de momento, todas las actuaciones de ERC y Junts per Catalunya, socios en el Ejecutivo catalán, van encaminadas a cumplir con este compromiso adquirido con la formación antisistema.

Los tres partidos votaron en contra de una resolución presentada por el PSC en el Parlament que instaba al gobierno de coalición a garantizar la defensa legal de sus agentes, también ejerciendo la acusación particular en los tribunales de aquellos servidores públicos que habían sido heridos en el ejercicio de sus funciones. En especial, en labores para preservar el orden público.

Toda la oposición, con la excepción de En Comú Podem, ha apoyado la propuesta socialista. De acuerdo con su texto, el artículo 39 de la Ley 10/94 de la Policía de Cataluña el Govern debe continuar con las acusaciones particulares de los Mossos. No obstante, el Govern de momento solo está dispuesto a actuar como defensa a los trabajadores públicos.

El abogado Javier Aranda, del despacho Advocats AMT, explica a instancias de Vozpópuli que "la Generalitat puede tener problemas legales si decide no dar la acusación particular". En la práctica, añade Aranda, los letrados de la institución siguen ejerciendo estas funciones: "Por lo que yo veo, de momento siguen presentándose como acusación. Los agentes del sindicato que nos llaman para pedir asistencia nos informan de que los abogados de la Generalitat les siguen llevando".

El abogado sostiene que cuando un mosso sufre lesiones "tiene derecho a recibir acusación particular". Y que no procede decir que la Fiscalía ya hace esta función: "al ser acusación eres parte y puedes recurrir lo que tú quieras. En cambio, el Ministerio Público recurre solo lo que considera. La acusación particular puede pedir otras indemnizaciones, etc".

"Intereses políticos"

Una de las fuentes de conflicto que genera entre los profesionales del Cuerpo autonómico es que solo los agentes que están adheridos a un sindicato tienen derecho a otro abogado privado. El resto, deberían asumir los costes de pagar un abogado privado si la Generalitat desiste de sus funciones.

Desde el sindicato USPAC (Unión Sindical de la Policía Autonómica de Catalunya) denuncian a instancias de este medio que "la Generalitat no puede dejarnos tirados por intereses políticos", en referencia velada por el preacuerdo de Govern con la CUP. "Venimos denunciando desde hace años que el Govern deje tirados a sus trabajadores. Somos los sindicatos quienes, mediante nuestros abogados, defiende a nuestros policías", abunda uno de sus portavoces, Josep Miquel Milagros.

Acuerdo con la CUP

El acuerdo de ERC con la CUP pedía, explícitamente, la "retirada de las acusaciones particulares contra participantes en movilizaciones sociales y políticas, exceptuando aquellas donde haya lesiones a agentes acreditadas con certificado médico".

Debido a las contradicciones en el movimiento independentista, de alentar las protestas en la calle y, posteriormente, personarse contra algunos de los manifestantes, el Departamento de Interior barajó la posibilidad de que la defensa legal de los Mossos pasará a ser concertada y no mediante el equipo jurídico de la Generalitat.

 La CUP denuncia Interior

Precisamente este lunes se ha conocido que la CUP ha denunciado ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos al Departamento de Interior por las grabaciones sin autorización de la consejería a 55 manifestaciones. La formación anticapitalista considera que es una "vulneración flagrante de derechos de protección de datos" y que afecta al "derecho a manifestación".

Cabe recordar que la formación antisistema también se ha posicionado a favor de todos los manifestantes que la Generalitat ha denunciado por desórdenes públicos y por presuntamente haber agredido a agentes de los Mossos. Esta presión de los socios externos al Govern ha generado situaciones paradójicas, como que la Generalitat presente un recurso de apelación contra la sentencia que condenaba a Marcel Vivet a cinco años de cárcel por agredir a un mosso en una protesta independentista cuando fue la propia Generalitat quien ejerció de acusación y pidió pena de cárcel de cuatro años para el activista nacionalista.