El banco separatista catalán explota el riesgo de insolvencia de España para atraer clientes

11Onze, la nueva entidad bancaria catalana que busca escapar del control efectivo del Banco de España, pero sin perder la protección del Banco Central Europeo (BCE), ha empezado a promocionarse aludiendo al riesgo de insolvencia de la banca española. En uno de los comunicados a sus futuros clientes, explican cómo, según un índice del banco comunitario, "España está muy por debajo" en la clasificación que mide las reservas líquidas de una entidad en relación con los depósitos. Se trata de un porcentaje similar al coeficiente de caja y en el que España está muy por detrás de países como "República Checa, Luxemburgo o Bulgaria".

La idea fuerza de su anuncio es que si quiebra la entidad bancaria donde un cliente tiene depositados sus ahorros, la respuesta la debe ofrecer el banco central de ese país. Y "muchos no tienen suficiente solvencia para afrontar una situación" de este género. En el caso concreto de España, detallan cómo el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito protege hasta 100.000 euros por cliente. "Pero hace falta ir más allá para comprobar, si en caso de necesidad, realmente todos los clientes podrían recuperar este dinero".

Desde 11Onze buscan la diferenciación respecto a otras 'fintech' con su compromiso de rehuir el control del Estado. Por esta razón, y de cara a la apertura de sus primeras 5.000 cuentas corrientes de clientes, aseguran que los ahorros están en el banco central del país donde se tenga el IBAN (el Código Internacional de Cuenta Bancaria, por sus siglas en inglés).

"Discriminación por IBAN"

En este sentido, acusan al Estado de ejercer "discriminación por IBAN", una práctica que añaden es especialmente extendida en España y Francia, y que consiste en no aceptar pagos o domiciliaciones a cuentas que no incluyan en su enumeración las letras ES. Es decir, que no correspondan a un banco español. "De esta forma contravienen la normativa europea. Esta práctica no es legal y beneficia sobre todo a la banca tradicional española", arguyen.

Su apuesta pasa por mejorar "los servicios financieros" de la banca tradicional. E incluso ofrecer las herramientas para denunciar no solo a la entidad española que no acepte pagos con IBAN extranjeros sino al Banco de España si no lo corrige. "Si no teníamos suficiente con el hecho de que hay muchos países más solventes que España para abrir una cuenta corriente, hay que tener presente que, pese a que el Estado español es uno de los países que firmó los acuerdos de la SEPA, en la práctica, a parte de incumplir los acuerdos que firma, sus entidades bancarias tampoco han mejorado los servicios financieros que ofrecen a los clientes", abundan en su web.

En esta cuestión cuentan con la opinión favorable de la Comisión Europea, que en distintos pronunciamientos e informes, como el del pasado 12 de enero de 2021, se ha posicionado en favor de poner en marcha procedimientos de infracción ante las autoridades nacionales competentes que tenga una estrategia de pagos que dificulte la libre elección del IBAN.

Celebración del 1-O

La entidad dirigida por Natàlia Cugueró también anunció la apertura de las primeras 5.000 cuentas coincidiendo con el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Aunque de forma velada, en su comunicado hablaban del "1-O", una fórmula que en Cataluña todos vinculan a la votación secesionista y que es un guiño más de esta 'fintech' a la causa independentista.

Como informó este medio, se trata de un proyecto que va dirigido a los consumidores de clase media independentista que se han quedado huérfanos de una entidad financiera de matriz catalana y que se identifique con sus valores independentistas. En especial, tras la marcha de Caixabank y Banc Sabadell. Sus promotores calculan que existen unos 3,4 millones de potenciales clientes y 382.000 pymes interesadas en que 11Onze se convierta en su entidad de referencia.

La cúpula directiva ya tranquilizó tanto a sus inversores como potenciales clientes ante los temores de una nueva situación de inseguridad jurídica como la que se vivió en el otoño de 2017 al garantizar que se trata de una actividad totalmente legal amparada por la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, que permite a las instituciones de crédito del Espacio Económico Europeo (EEE) realizar servicios bancarios en otros estados miembros de la EEE a través de una sucursal o de servicios transfronterizos.

Esta fórmula no solo les es útil para escapar del control del Estado, sino que ahora la explotan con una política comercial dirigida a señalar las vulnerabilidades de España y sus sistema financiero.