Hacer del catalán lengua vehicular en las cárceles y en los centros de MENA o llevar la inmersión lingüística a las autoescuelas, a los deportes y a los jornaleros del campo, son algunas de las 100 medidas para el fomento del catalán puestas en marcha por el Gobierno de Pere Aragonès. Forman parte de El català, llengua de país, plan aprobado por el Consell Executiu el 29 de noviembre, dentro del procés independentista de baja intensidad, sin desórdenes públicos. Ha sido un acuerdo de repercusión limitado al coincidir con los escándalos políticos por las reformas del Código Penal a medida de los independentistas. Pero con un propósito claramente definido por Aragonès en su presentación: “Hemos vuelto a poner la lengua en el centro de las políticas, algo que no deberíamos haber dejado de hacer nunca”.
Aunque ese plan, distinto y de ejecución más inmediata que el Pacte Nacional per la Llengua, carezca de memoria económica, no puede considerarse postureo lingüístico en la pugna que mantienen las fuerzas políticas separatistas. En unos casos ha empezado a aplicarse, en otros implementa medidas ya vigentes y en algunos se limitará al enunciado. No en vano implica a todos los departamentos de la Generalitat y con vocación capilar: abarca desde los trabajadores agrícolas a los peritos judiciales, desde el deporte de élite a las comunidades religiosas, desde comisarios lingüísticos en hospitales a los servicios de acogida a inmigrantes, etcétera.
El número 69 de los cien objetivos de El català, llengua de país, dice: “(…) augmentar l’ús i la presència del català, tant oral com escrit, per garantir que sigui la llengua vehicular en tots els àmbits del Departament (centres penitenciaris i de justícia juvenil, mediació, entitats i memòria democràtica) i a l’Administració de Justícia”. Es decir, lengua vehicular en toda la Administración de Justicia en Cataluña, no solo en las prisiones y centros de Menores Extranjeros No Acompañados. De ahí que a continuación proponga becas para la preparación de oposiciones a jueces y fiscales, superando la escasez de profesionales catalanes en este campo y para asegurarse de que “los operadores jurídicos sepan el catalán y conozcan el derecho civil, la cultura y la realidad propias”.
Los objetivos para implantar una lengua vehicular en todos los ámbitos de la Justicia incluyen el aumento del complemento económico que perciben los abogados del turno de oficio que usen el catalán. Se trata de un incentivo que ha pasado de los 14 € en el año 2020 a 20 euros en 2022 por cada actuación realizada en dicha lengua y que para 2023 se mantiene en el mismo importe, lo que supone para la Generalitat un desembolso anual de 233.000 euros. Con estas iniciativas, el Departament de Justícia pretende revertir la cantidad de sentencias dictadas en la lengua cooficial, que eran el 20,1% en el año 2005 y han bajado al 6,9% en 2021, y multiplicar las demandas presentadas en esa lengua, que en 2021 representaron un 6,2%.
La razón de ser de este macroplan y su núcleo ideológico asoman en un mensaje lanzado por Aragonès el 29 de noviembre con una frase aparentemente inocua: “Sin una presencia normalizada en todas partes, se hace muy difícil poder vivir plena y libremente en catalán”. Ese propósito totalizador de no avanzar en la convivencia con el bilingüismo, sino querer vivir en catalán, está en marcha sin merecer reproche desde el PSC de Illa y se asemeja a las políticas aplicadas por la Generalitat durante años en la enseñanza, hasta llegar a la actual situación de un monolingüismo de facto en las escuelas que no respeta ni un 25% de enseñanza en castellano, pendiente de pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
El apartado titulado Pla de foment del català a les autoescoles consiste, entre otras cosas, en aumentar los materiales en esa lengua que utilicen los alumnos de autoescuelas en su preparación para el examen teórico. Pertenece al capítulo del Departamento de Interior, que también incluye el requisito de que los GPS y navegadores de los vehículos de los Mossos d’Esquadra estén configurados en esa lengua, junto a una encuesta en ese cuerpo policial y en los de Bomberos y Agentes Forestales para comprobar el uso de esa lengua y diseñar un plan de acción “que enforteixi l’us de la nostra llengua” en las fuerzas de seguridad.
La segunda de las 100 medidas de El català, llengua de país, se refiere al mundo del deporte, con el ambicioso objetivo de fomentar el uso de dicha lengua “en el seno del deporte catalán” mediante una campaña que se va a llevar a cabo en todos los niveles y edades del deporte, desde el escolar al federado, “terminando con los clubes de alto nivel y élite de nuestro país”. El área del deporte depende, administrativamente, de la Presidencia de la Generalitat a través de la Secretaría General de Deporte y Actividad Física, muy activa y presente en todo el territorio y con recursos suficientes para lo que será una lenta inmersión en la que podrá contar con la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, inscrita en el censo oficial de entidades de fomento de la lengua catalana.
De la Presidencia depende también la Dirección General de Asuntos Religiosos, a través de la cual el Gobierno independentista ha alcanzado recientes acuerdos en materia lingüística con las confesiones religiosas distintas a la católica presentes en Cataluña. A ello se añade una medida singular: “favorecer las parejas lingüísticas interreligiosas”, a la vez que disponer de la versión catalana de los principales textos religiosos. Desde otra órbita, y siempre favoreciendo un monolingüismo de hecho, el Departament d’Igualtat i Feminismes va a elaborar una guía para el uso del léxico feminista en catalán adecuada a los neologismos y también generar “un vínculo emocional positivo” hacia la lengua catalana en los inmigrantes llegados a Cataluña.
“El futuro de la lengua nos implica a todos y a todas, volver a hacer avanzar la lengua es una prioridad de país”, añadió el presidente de la Generalitat al presentar su paquete para privilegiar una de las dos lenguas oficiales de Cataluña. Por ello, sin esperar a las conclusiones del Pacte Nacional per la Llengua convocado hace un año, ha acelerado la implantación del catalán en el ámbito sanitario con varias iniciativas, una de las cuales llama la atención, aunque no esté desarrollada. Se trata de implantar en los centros sanitarios la figura del “referente lingüístico”, también denominado “responsable de la gestión lingüística”, según el Departament de Salut.
El ambicioso operativo gubernamental de inmersión llega hasta el medio rural mediante un Plan para la sensibilización y la formación lingüística de los trabajadores del campo, aun sin desarrollar, salvo en mostrar el propósito de “modificar las actitudes lingüísticas e incrementar el conocimiento de la lengua” en los jornaleros. En materia de alimentación y consumo, las intenciones del Govern con El català, llengua de país, incluyen más control sobre el etiquetaje de productos y, en general, sobre los usos lingüísticos en el comercio, con la novedad de que las empresas sancionadas por infracción con el uso del catalán tendrán la opción de invertir el importe de la multa “en la formación y concienciación lingüística de su personal”.
Para el sector empresarial se avecinan cláusulas lingüísticas específicas en la contratación del sector público de la tecnología digital, con un código para “contratación socialmente responsable”. También se va a intensificar el control del cumplimiento de aquellas cláusulas en todo el sector público y, como nueva aportación, el Departamento de Empresa y Trabajo va a elaborar contenidos de educación financiera dirigidos a los jóvenes a través de TikTok en catalán.
Estando consagradas desde hace casi cuarenta años las subvenciones a las manifestaciones artísticas, culturales, de espectáculos, etc. en lengua catalana, ahora se añade la celebración del primer Salón de Gaming en catalán o mantener las subvenciones a producciones de cine en gran formato y series, que en 2022 han sumado 14,2 millones de euros de los que 6,2 se aprobaron el mes pasado para la producción de cinco largometrajes y otros 7,5 millones han ido destinados a cinco series de ficción. Todo ello con la novedad para 2023 de un apoyo específico a la producción de grandes musicales en catalán. Como colofón dentro del Departamento de Cultura, el plan de las 100 medidas incluye incrementar hasta 30 millones del presupuesto dedicado a la formación y acreditación en lengua catalana dirigida a adultos, que es uno de los “ejes clave de la Secretaría de Política Lingüística”.
