Sigue la polémica en Cataluña después de que el pasado día 30 la plataforma 'Directa.cat' apuntara, en una investigación donde participan varios testimonios, a que un Policía Nacional estuvo varios años infiltrado en grupos sindicales de extrema izquierda e independentistas del barrio de Sant Andreu para conseguir información. El reportaje pone cara a este supuesto policía, cuyos nombre sería Dani, que habría utilizado la relación íntima con varias de las mujeres de estos ambientes para manipularlas y conseguir información. El supuesto infiltrado se habría hecho pasar por un activista más y habría compartido actividades asamblearias y de ocio, siendo uno más en estos colectivos. Solía participar, por ejemplo, del centro 'Cinetika', un espacio libertario y de izquierda secesionista.
Después de publicarse la investigación, cinco mujeres vinculadas al movimiento okupa y anticapitalista presentaron el martes una querella en los juzgados de Barcelona contra el supuesto 'espía' que, aseguran, las utilizó mientras estuvo supuestamente infiltrado en movimientos sociales y sindicales de la capital catalana, entre los años 2020 y 2022. En rueda de prensa, las abogadas Anaïs Franquesa, Mireia Salazar, Laia Serra y Sònia Olivella del centro pro derechos humanos Iridia y la CGT han anunciado la presentación de la querella tras la publicación de la información en 'La Directa'.
La querella acusa al policía, así como a su superior jerárquico, de haberse aprovechado de cinco activistas con las que mantuvo "relaciones sexoafectivas", en el marco de su proceso de infiltración. Por ese motivo, han denunciado a los agentes por los delitos de abusos sexuales continuados, tortura o contra la integridad moral, descubrimiento de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos civiles. En total sumarían una veintena de supuestos delitos, ya que cada una de las afectadas se ha querellado por los cuatro mencionados previamente, y desde Irídia no descartan "que en un futuro inmediato se pueda ampliar el número de mujeres afectadas", ha precisado la letrada Laia Serra.
Las abogadas han insistido en que la supuesta infiltración del policía supone "violencia sexual institucionalizada", dado que habría utilizado las relaciones con las activistas "para acceder a sus informaciones íntimas, personales y políticas" con el objetivo de entrar en espacios políticos de la sociedad civil. Al respecto de los delitos de agresión sexual argumentan que "no puede haber consentimiento si no es libre e informado" y que en este caso las mujeres no habrían consentido si hubieran sabido que se trataba de un agente de policía.
Además, han recordado que la infiltración de agentes "sólo tiene justificación legal en el marco de la lucha contra el crimen organizado o el terrorismo". Consideran también que el agente habría incurrido en un delito de tortura porque se ha atentado "de manera directa contra la integridad moral de las personas afectadas" con la finalidad de conseguir información y "castigar a estas mujeres por tener una implicación política", añade la abogada.
Reclamaciones a Marlaska
El conseller catalán de Interior, Joan Ignasi Elena, ha remitido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le pide "respuestas urgentes" sobre la supuesta infiltración de dos agentes de la Policía Nacional en movimientos independentistas, sociales y sindicales de Barcelona. La misiva que Elena ha enviado a Grande-Marlaska se produce tras la publicación de una información en el periódico La Directa que afirma que un policía nacional estuvo infiltrado en colectivos sociales y sindicales.
Tras esta información, el conseller ha urgido a Grande-Marlaska en una carta que ha publicado en su cuenta de Twitter a dar "respuestas urgentes" sobre esta supuesta infiltración en "movimientos sociales y políticos democráticos", aclarando quién dio la orden, con qué finalidad y si existe una orden policial. El conseller ve "urgente" que el ministro dé explicaciones puesto que esta infiltración sería "grave y preocupante".