La neutralidad de las instituciones sigue siendo una tarea pendiente en Cataluña. Pese a la 'normalidad institucional que el Ejecutivo de Illa ha convertido en bandera de su acción gubernativa, lo cierto es que los ayuntamientos catalanes que evitan ocultar los símbolos constitucionales y exhibe consignas separatistas siguen en minoría. Así lo ha acreditado la asociación Impulso Ciudadano, que ha presentado hoy su informe anual respecto a la presencia de símbolos oficiales y la neutralidad institucional en los consistorios catalanes. Y es que, según un estudio de campo realizado por la entidad entre octubre de 2023 y mediados de 2024, solo 160 de los 947 catalanes —esto es, un 17%— cumple plenamente la normativa, lo que pasa por mostrar las banderas de España y Cataluña en condiciones legales y no presenta símbolos nacionalistas o partidistas en las fachadas de sus edificios.
En concreto, en 763 ayuntamientos (lo que representa el 80% del total) no ondea la bandera de España; en 381 municipios (40%) no ondea la catalana; en 97 consistorios exhiben la bandera estelada y en 62 muestras otros símbolos separatistas. El informe llama la atención, además, sobre que en los gobiernos compartidos donde participan Junts o ERC, la tendencia mayoritaria es el incumplimiento. Por lo que respecta al PSC, es la formación con mayor número de ayuntamientos que respetan la ley. Sin embargo, ello no impide que un número considerable de los consistorios en los que gobierna en solitario incumpla la ley (48 de un total de 114).
De otra parte, en lo referente a territorios, la única comarca en la que todos los municipios cumplen con la ley es la del Barcelonés. Y respecto a las capitales de comarca en las que no se exhibe ninguna bandera oficial, el informe ha detectado once: Pont de Suert, Tortosa, La Bisbal, Sant Feliu de Llobregat, Berga, Moià, Amposta, Tremp, Sort, Tarragona y Granollers.
El Gobierno y la Generalitat, ausentes
Ante este escenario, la entidad revela que las autoridades gubernativas han evitado exigir responsabilidades, dejación de funciones que han obligado a colectivos como el suyo ha presentar desde 2020 más de 200 requirimientos y 17 recursos contencioso-administrativos con "amplio éxito judicial". Entre ellos, Cardedeu, Sant Pol de Mar, La Garriga, Ripoll o Sant Sadurní d'Anoia. En este sentido, proponen una batería de medidas para que la norma en materia de símbolos no siga conculcándose. A saber: condicionar la financiación pública al cumplimiento de la normativa, sancionar personalmente a los responsables políticos que desacatan la ley, empoderar a los secretarios municipales para que garanticen la legalidad administrativa y reactivar el control de la legalidad por parte de de la Delegación del Gobierno y la Generalitat, "hoy completamente ausente".
"No podemos permitir que siga normalizándose la desobediencia institucional en Cataluña", ha manifestado José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, recordando que favorecer posturas partidistas desde el poder resulta "profundamente antidemocrático". "Exigimos que la Delegación del Gobierno y la Generalitat deben dejar de mirar hacia otros", ha concluido.
