Publicado: 16/01/2023 10:18
Actualizado: 16/01/2023 12:47
El sistema de salud de Castilla y León (Sacyl) estrena este lunes su nuevo protocolo para mujeres embarazadas, encaminado a reducir las interrupciones voluntarias de embarazos en la comunidad, y que ha estado rodeado de polémica y contradicciones desde su anuncio el pasado jueves por parte del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox). Derivación a salud mental de las mujeres "que lo requieran", una cuarta ecografía en el primer trimestre de embarazo para que los progenitores puedan escuchar el latido fetal y una ecografía en 4D antes de interrumpirlo son los tres principales servicios que ofertará la región a las mujeres embarazadas, incluidas las que manifiesten su voluntad de abortar. Unas medidas que han generado polémica desde su anuncio el pasado jueves y que llevaron el domingo al Gobierno de España a remitir un requerimiento a la Consejería de Sanidad para que se abstuviera de ponerlo en marcha. Como respuesta, la Junta de Castilla y León alegó a través de un comunicado que tiene "plena autonomía" para implementarlo e instó al Ejecutivo a abstenerse de dirigir requerimientos "vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía".
El PP de Castilla y León ha acusado este lunes al Gobierno de actuar por "venganza" contra la comunidad, por el "castigo" en las urnas en esta autonomía, en el requerimiento enviado el domingo contra el protocolo antiaborto que entra en marcha este lunes y que el Gobierno ha instado a paralizar. "El Gobierno ha traspasado todas las líneas rojas institucionales con una comunicación falsa y faltando el respeto a la soberanía de la comunidad", ha expresado a través de un audio remitido por la formación el secretario general del PP-CyL y número dos del partido en esta región, Francisco Vázquez. Según el número dos del PP autonómico, el Gobierno emitió el requerimiento a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para "tapar" los "ya doscientos violadores y agresores sexuales beneficiados por la ley del 'solo sí es sí'". Asimismo, lo ha acusado de emprender esta medida por mero "electoralismo". "Cómo serán las encuestas que manejan para que manipulen y mientan de esta manera…", ha reflexionado Francisco Vázquez. Por todo ello ha subrayado, como el día anterior hizo el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que el Gobierno autonómico "no ha aprobado ningún protocolo que limite los derechos de profesionales y mujeres". "Al contrario, esto es libertad, algo que da alergia a Pedro Sánchez y a sus socios. Castilla y León cumple la ley y garantiza los derechos de todos. Pedro Sánchez debería centrar el tiro contra los que se saltan la ley y no contra los que somos leales a España", ha apostillado.
Por su parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha afirmado este lunes que el Gobierno está dispuesto a acudir ante la Justicia si la Junta de Castilla y León aplica el protocolo para mujeres embarazadas encaminado a reducir las interrupciones voluntarias del embarazo, y ha subrayado que esas medidas, ya sean obligatorias o recomendaciones, "contravienen la legalidad vigente". "Llegaremos a todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone al alcance para la defensa de la legalidad", ha dicho la ministra en una entrevista en la SER, en la que ha afirmado que el Gobierno "no permitirá un paso atrás en los derechos de las mujeres", y ha advertido a la Junta de Castilla y León que no puede ofrecer pruebas complementarias "porque lo que están incentivando es la proculpa de las mujeres" y eso -ha dicho- "no cabe en la ley y la Junta no tiene ámbito competencial para hacerlo".
Los sanitarios de Castilla y León no han recibido aún el protocolo antiaborto
Fuentes de estos colectivos profesionales consultadas por EFE han coincidido en señalar que a media mañana no han recibido notificación alguna por parte de Sanidad, por lo que han insistido en que a efectos prácticos no hay cambios en lo que deben aplicar.
En concreto, para el caso de las mujeres que acudan a las consultas con la intención de abortar, el protocolo consistirá fundamentalmente en realizar una ecografía, pero a los únicos efectos de constatar que se encuentra en plazo para practicar legalmente y de forma libre la interrupción voluntaria del embarazo -antes de las 14 semanas de gestación-.
Del mismo modo, esa prueba diagnóstica sirve para saber si puede utilizarse un método farmacológico -hasta la séptima semana de gestación- o quirúrgico para realizar el aborto. Una matrona que trabaja en un centro de salud de la provincia de Salamanca ha detallado a EFE que ese procedimiento se realiza con un sistema que garantiza el anonimato de la mujer, por lo que se omite su nombre y se sustituye por un código, además de habilitar para la embarazada que quiere abortar una cita a una hora diferente que las realizadas de forma ordinaria para las mujeres que siguen con la gestación.
Estos profesionales remarcan que se ha generado confusión entre la existencia del protocolo que se sigue con las mujeres embarazadas en términos generales, con el existente para aquellas que tienen intención de abortar, ya que implica otras circunstancias. El problema radica, según las matronas consultadas, en que sería ilegal si la Junta obliga a los profesionales sanitarios a ofrecer escuchar el latido y esa ecografía 4D a las mujeres que quieran abortar, al entender que no es una información clínica, sino introducir elementos emotivos en una decisión que ya viene tomada libremente por parte de la mujer.
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Probablemente Soros le exige a Sanchez un determinado numero de abortos al año, para mantenerlo en el cargo.
Mañueco lo ha dejado bien claro....
Todos se pasan de frenada. El PP y VOX en CyL deben de pensar bien lo que dicen y una coma mal puesta es motivo de hacer un terremoto.
Ahora sale la izquierda que van a crear un comité para manipular las verdades que diga la derecha como si no tuviesen suficientes comodines a su servicio tanto en consejeros,prensa, radio etc.
Este año 2023 puede ser apocalíptico y pasar a la historia de España. Y cada uno va a lo suyo, los ciudadanos nos solo cuentan para votar.
A ver, que ya dijo el presidente autonómico que no es un protocolo antiaborto, que es un protocolo provida y que no era obligatorio ni para la embarazada ni el facultativo (así el facha es el facultativo y no el PP castellano-leonés)
Estamos en lo de siempre: VOX haciendo ruido, PP maricomplejines y los progres ladrando para justificar el enésimo escupitajo al PP, que hay que tapar tantas barbaridades que han hecho y bajar la diferencias en las encuestas.
Y, mientras, cien mil abortos al año. En vez de medidas para apoyar a la embarazada, todo publicidad abortista, que es un negocio que mueve mucho dinero.