Publicado: 02/06/2015 09:44
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha citado a declarar como imputados a los consejeros de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria y Lucía Figar; al consejero de Turismo de Murcia, Juan Carlos Ruiz; y a los parlamentarios de la Asamblea de Madrid Mario Utrilla y José Miguel Moreno Torres por su presunta relación con la trama Púnica. Ruiz ha anunciado esta misma mañana su decisión de abandonar el cargo, tras ser imputado en la presunta trama de amaño de contratos públicos.
El primero que tendrá que comparecer, el próximo 11 de junio, será Utrilla, alcalde en funciones de Sevilla la Nueva (Madrid) y diputado autonómico en la Asamblea madrileña ahora disuelta. Siete días después será el turno de Moreno, también diputado regional saliente en Madrid y quien fuera sucesor de Francisco Granados como regidor de Valdemoro. Para el 22 está citado el consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación de la Región de Murcia. Finalmente, para el 26 ha sido convocado Salvador Victoria, consejero de Presidencia y Justicia, quien decidió apartarse de la primera línea política el pasado 9 de abril aludiendo "motivos personales", y Lucía Figar, consejera de Educación, quien como el anterior dejó la política en marzo después de que se conociera la investigación de los contratos de su consejería con la red Púnica.
En caso de que llegada la fecha de la declaración los aforados siguieran teniendo esta condición por el retraso en formar los Ejecutivos autonómicos, su citación se pospondría, según detalla el magistrado en la cédula de citación.
El juez abre la posibilidad de retrasar las citaciones si llegadas éstas los imputados mantienen su condición de aforados por el retraso en la formación de los gobiernos autonómicos
Para llegar a estas imputaciones, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han analizado en los últimos siete meses la abundante información intervenida durante las detenciones del pasado 27 de octubre, así como otra llegada posteriormente. En ella han encontrado datos que refuerzan los indicios ya hallados sobre los cinco cargos del PP, cuyos nombres hasta ahora no habían aparecido en informes, aunque sí en algunas diligencias de la investigación, como 'pinchazos' telefónicos.
Es el caso de Salvador Victoria. Uno de los detenidos en la macrorredada de octubre, José Martínez Nicolás, antiguo cargo de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM), organismo público que preside, precisamente, el político salpicado, aseguró ante el juez Velasco que fue el 'número 2' del Ejecutivo autonómico quien le ordenó pedir a la empresa Indra que saldara una deuda de 10.000 euros con Alejandro de Pedro Llorca, detenido también en la 'Operación Púnica' como presunto 'conseguidor' de la misma. De Pedro se dedicaba a mejorar la imagen en las redes sociales y en Internet de políticos, entre ellos la de Ignacio González. El magistrado sospecha que algunos de dichos trabajos fueron supuestamente sufragados con dinero público y que, para ello, se usaron facturas falsas con la supuesta connivencia de algún directivo de la compañía tecnológica.
El cheque guardería de Figar
Las declaraciones de empleados del 'conseguidor' respaldaron dichas sospechas, como también las que se cernían sobre la labor de Lucía Figar al frente de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. En su caso, las pesquisas se centran en cuatro contratos que firmó su departamento con empresas de Alejandro de Pedro. La mayoría lo fueron con la empresa Madiva Editorial, aunque también había al menos uno con EICO Online. A través de la primera empresa, De Pedro gestionaba una red de diarios digitales prácticamente sin audiencia, pero que le permitían engañar a los buscadores de internet para colocar noticias positivas de sus clientes en los primeros lugares cuando cualquier ciudadano recababa información sobre los integrantes del Ejecutivo madrileño.
En total, el equipo de Figar firmó con Madiva Editorial tres contratos anuales entre 2012 y 2014 por un montante total cercano a los 60.000 euros. Con EICO Online rubricó el cuarto, en este caso para el diseño de una página web para estudiantes extranjeros en Madrid. El juez investiga si dichos fondos se desviaron supuestamente para pagar trabajos de reputación 'online' que sirvieron para ocultar las noticias sobre el cheque guardería que recibió Lucía Figar y que provocó un gran revuelo mediático.
El magistrado ha preguntado insistentemente a varios testigos por los trabajos de reputación 'online' para "limpiar para mayo" la imagen del candidato del PP en Murcia
El tercer imputado es Juan Carlos Ruiz, consejero de Turismo de la Región de Murcia. En esta comunidad, el magistrado ha investigado también el supuesto desvío de fondos para el pago de trabajos de imagen a miembros del ejecutivo autonómico que se camuflaban con facturas falsas, en concreto, de contratación de publicidad en los diarios 'zombis' de la trama. En el sumario consta una conversación telefónica del pasado otoño entre el 'conseguidor' de la trama y una de sus empleadas que desvela que la red de corrupción estaba entonces a punto de contar entre sus clientes con el que el 24 de mayo ganó las elecciones autonómicas, el popular Pedro Antonio Sánchez López. Siempre según esta conversación, la mercantil de la red de corrupción iba a "limpiar para mayo" el historial en Internet del aspirante autonómico. La tarifa, 3.000 euros al mes. Desde el equipo del dirigente 'popular' se admitió el pasado mayo a este diario que les ofrecieron dichos servicios "de manera insistente", pero se recalcaba que los rechazaron.
Las sospechas sobre los otros dos aforados implicados no tienen que ver, sin embargo, con los contratos de reputación 'online'. En el caso de Moreno, las pesquisas se centran en las adjudicaciones que hizo al frente del Ayuntamientos de Valdemoro, donde sustituyó en 2003 a Granados cuando éste se convirtió en consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre y en uno de sus hombres de confianza dentro del partido. Moreno ocupó el cargo hasta 2011. La Guardia Civil analiza los contratos firmados durante el periodo en el que el ahora parlamentario regional fue regidor en busca de irregularidades similares a las que ya ha encontrado durante los mandatos de su antecesor y su sucesor. Moreno, amigo de juventud de Granados, ya tuvo problemas judiciales en 2013 por la adjudicación en 2008 del contrato para celebrar la Cabalgata de Reyes del municipio. La ganadora del concurso fue entonces Waiter Music SA, una de las empresas bajo sospecha de haber servido al dirigente del PP encarcelado para lucrarse de manera irregular.
Acusaciones de su sucesor
Moreno Torres tiene en su contra, además, las revelaciones de su sucesor en el cargo, el también 'popular' José Carlos Boza Lechuga, quien recientemente remitió al juez Eloy Velasco un escrito en el que denunciaba las supuestas irregularidades cometidas por su antecesor. En dicho escrito, Boza Lechuga detallaba hasta 22 'pelotazos' urbanísticos en Valdemoro de los que hacía responsable al hasta ahora parlamentario regional. Por otra parte, varios informes de la Agencia Tributaria incluidos en la parte del sumario que ya no es secreta apuntan a que Moreno Torres es también investigado por el chalé que disfrutaba en Marbella y que estaba en la misma urbanización que otros de Granados y del constructor David Marjaliza. Los expertos de Hacienda destacaban en uno de esos documentos que era precisamente una empresa de este último la que corría con los gastos de seguridad de dicha vivienda. Las bases de datos tributarias también recogen que el hasta ahora diputado autonómico realizó "pagos por arrendamientos" por 6.000 euros a la misma mercantil de Marjaliza. Eso sí, "únicamente en el año 2006", mucho menos tiempo del que disfrutó como supuesto alquilado del chalé de lujo.
El sucesor de Moreno Torres en la alcaldía de Valdemoro acusó hace unas semanas a éste de estar detrás de 22 'pelotazos' urbanísticos en este municipio
El tercer aforado, Mario de Utrilla, alcalde desde 2007 de Sevilla la Nueva, está bajo la lupa del juez Velasco por un contrato de eficiencia energética con Cofely GDF Suez, la multinacional salpicada por la trama, pero curiosamente no en su municipio, sino en el de Móstoles, donde su hermano Alejandro ocupaba el cargo de concejal de Medio Ambiente. Éste ya fue arrestado en octubre acusado de cobrar una comisión a cambio de la adjudicación. Las investigaciones apuntan ahora a la supuesta implicación de Mario de Utrilla en esta misma. No es la primera vez que el alcalde en funciones de Sevilla la Nueva aparece en un escándalo de corrupción. De hecho, fue teniente de alcalde de otra localidad madrileña, Pozuelo de Alarcón, en la época en que su ayuntamiento estaba en manos de la trama Gürtel, con Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, como regidor. En aquella causa, nunca fue imputado aunque su nombre apareció en varias conversaciones intervenidas.
El juez Eloy Velasco ha vuelto a citar a declarar al presunto conseguidor de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, y al exsocio de Francisco Granados David Marjaliza. De Pedro, responsable de la empresa de reputación online contratada entre otros por Ignacio González, deberá aclarar esa relación contractual con varios dirigentes del PP.
Marjaliza, presunto cerébro de la trama corrupta, ha vuelto a ser requerido por el instructor para que aporte más detalles sobre la compraventa de obras de arte que los cabecillas de Púnica habrían usado para blanquear el dinero de las comisiones ilegales.
De Pedro ha sido citado el próximo día 11, mientras que Marjaliza comparecerá el 18.
Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.