Publicado: 09/03/2016 04:00
'Visitas' a las dependencias municipales fuera de su horario de apertura. Documentación que desaparece. Archivos informáticos que son borrados. Y todo ello en un ayuntamiento salpicado por el 'caso Púnica'. La actual alcaldesa de Moraleja de Enmedio (Madrid), la socialista María del Valle Luna, ha remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, un escrito en el que asegura que el consistorio que preside ha sufrido tres sospechosos episodios de destrucción y desaparición de información que vincula con su antecesor en el cargo, el 'popular' Carlos Estrada, detenido el pasado mes de junio por su presunta implicación en la trama de corrupción. El escrito de la regidora, al que ha tenido acceso Vozpópuli, va acompañado de sendas copias de las dos denuncias que ha presentado por estos hechos en el cuartel de la Guardia Civil de la cercana localidad de Arroyomolinos en los que acusa a una interventora y a un trabajador externo de prácticas irregulares. De confirmarse, sería la tercera vez que se produce un episodio de presunta destrucción de pruebas en ayuntamientos salpicados por la Púnica desde que estalló el caso en octubre de 2014, tras los casos de Serranillos de Valle y Valdemoro.
El exalcalde 'popular' de Moraleja de Enmedio fue descubierto meses después de su detención en la sede del Ayuntamiento fuera del horario de apertura firmando "documentos contables" de su gestión
El primer episodio bajo sospecha se remonta al 29 de septiembre de 2015. Ese día a las 7:30 de la mañana, cuando la sede municipal aún estaba cerrada al público, se detectó dentro de la misma al exalcalde Carlos Estrada, ya entonces imputado por prevaricación, fraude, malversación y cohecho en el 'caso Púnica', junto a la interventora municipal B.M.A. Según detalla el escrito, ambos estaban "firmando facturas y diversos documentos contables del Ayuntamiento". La actual regidora destaca que ni ella ni nadie de la Junta de Gobierno local fue "informada en ningún momento de tal circunstancia, desconociendo de qué documentos se trataban, causa, motivo y expediente en cuestión". El escrito concluye que Estrada, que en aquel momento no tenía "ningún tipo de vinculación con el Ayuntamiento al haber dimitido de su cargo de concejal", supuestamente había procedido "a la firma de documentos contables antedatados y referidos al periodo durante el cual ostentaba el cargo de alcalde". Además, no descarta que durante su permanencia en la sede municipal hubiera podido "tener acceso a otros documentos o informaciones [...] dado que ha permanecido sólo en las dependencias de Intervención exclusivamente con la referida interventora".
Esta trabajadora es, precisamente, la protagonista del segundo incidente denunciado. En este caso, la alcaldesa acusa a B.M.A. de "un presunto delito de hurto producido durante los días 28 y 29 de enero de 2016 en el propio Ayuntamiento, así como la utilización indebida de la documentación o información a que tiene acceso por razón de su cargo o función". Según se detalla en el escrito que ahora se ha incorporado al sumario de Púnica, esta funcionaria presuntamente "ha procedido a vaciar los archivos y sacar de las dependencias municipales toda la documentación original de la intervención existente en su despacho". Al parecer, se llevó todo "excepto los muebles". Entre lo supuestamente sustraído, el Consistorio asegura que se encuentran contratos municipales, nóminas, facturas de proveedores, los originales de los informes de intervención de los años 2014, 2015 y 2016, relación de gastos, liquidaciones y planes de ajuste. También han echado en falta "sellos del área de la Intervención y sello oficial del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio". Un detalle este último que asegura "le permitirá elaborar documentación municipal con apariencia de legalidad y veracidad al margen de todo control municipal", añade el escrito. "Ante la gravedad de lo ocurrido", formularon una denuncia ante la Guardia Civil el mismo 29 de enero.
"Borrado de datos y acceso no autorizado"
Una denuncia que la propia alcaldesa se vio obligada a ampliar el 1 de febrero pasado tras detectar que "el sistema informático del Ayuntamiento ha podido sufrir un borrado de datos y acceso no autorizado al mismo". En este caso, el acusado de la supuesta irregularidad es "el técnico contratado para el mantenimiento del sistema informático", C.B., del que asegura "mantiene una estrecha relación" con la interventora acusada del anterior hurto. Tras detectar este segundo incidente, el consistorio contrató inmediatamente una auditoria del sistema informático que detectó la existencia de supuestas irregularidades, entre ellas la instalación en los servidores municipales de un programa WAMP que le permitía a dicho trabajador desbloquear claves informáticas internas del Ayuntamiento a través de Internet. El escrito asegura también que había accedido a los servidores "contraviniendo las órdenes expresas de la alcaldesa [...] procediendo al borrado de datos del mismo, en especial licencias de obra del Departamento de Urbanismo y documentación económica".
La actual regidora del municipio interpuso el 29 de enero y el 1 de febrero pasados sendas denuncias contra una interventora y un informático del consistorio por el supuesto hurto y destrucción de documentación
El escrito remitido a la Audiencia Nacional también asegura que C.B. "tenía instalados en todos los ordenadores municipales un programa de control remoto que le permitía acceder a los mismos y a los datos desde fuera del Ayuntamiento". Incluso asegura que "a fecha de hoy", dicho técnico informático "mantiene una copia de todos los datos de los servidores municipales en su poder dado que reconoce haber realizado con regularidad copias 'en la nube', que en realidad era un disco duro de su propiedad que custodia en su domicilio, tanto de los datos del servidor informático del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio como de otros ayuntamientos, como Griñón, etc". En total, la auditoría contratada ha detectado un volumen tal de directorios y ficheros borrados que su listado completo ocupa un total de 5.882 páginas.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio, que se encuentra personado en la causa como acusación, solicita al juez que "proceda a investigar" estos sucesos "dada la gravedad de los hechos denunciados". En concreto, pide que se determine "los documentos a los que pudo tener acceso" el exalcalde 'popular' así como "el uso y destino de los mismos". También solicita que se determine qué ha pasado con "la documentación y los sellos municipales" presuntamente sustraídos por la interventora, "y si los mismos han podido ser usados para elaborar documentación falsa con apariencia de legalidad y legitimidad". Finalmente, reclama que se investigue el acceso y borrado de datos por parte del informático, así como "el uso del programa WAMP de seguimiento y desbloqueo de claves informáticas".
LOS ANTECEDENTES DE SERRANILLOS DEL VALLE Y VALDEMORO
La supuesta desaparición de documentación en el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio no es el primer episodio de estas características que se produce en consistorios salpicados por el 'caso Púnica'. En noviembre de 2014, pocos días después de que se produjeran las detenciones, la Guardia Civil pilló 'in fraganti' al alcalde de Serranillos del Valle (Madrid), Antonio Sánchez Fernández, mientras se llevaba cajas de documentación de su despacho. Sánchez había sido detenido junto al resto de los principales implicados, pero fue puesto en libertad antes de pasar a disposición judicial dado su estado de salud. La maniobra del regidor fue impedida gracias a la llamada de una funcionaria del Consistorio que alertó a la Audiencia Nacional de que el entonces aún alcalde había comparecido en el consistorio con cajas vacías y "las está llenando con documentación posiblemente para llevárselas".
El segundo suceso de presunta destrucción de pruebas fue conocido por la Guardia el pasado 16 de abril, aunque se había producido casi seis meses antes. En concreto, el 28 de octubre de 2014, el día después de las detenciones. Se produjo en el Ayuntamiento de Valdemoro, localidad madrileña convertida en el epicentro de la trama de corrupción. Por este hecho fueron imputados entonces María del Carmen A.M., estrecha colaboradora de Francisco Granados mientras éste ocupó la alcaldía y, después, cuando fue consejero de la Comunidad, y un agente de la Policía Local. La primera está acusada de un delito contra la Administración de Justicia por ordenar presuntamente a varios trabajadores del consistorio, entre ellos un discapacitado psíquico, pasar por una trituradora de papel gran cantidad de escritos. El suceso fue denunciado por la responsable del archivo municipal al día siguiente de producirse, sin embargo, el hecho no llegó a conocimiento de los investigadores hasta casi seis meses después porque el responsable del consistorio que recibió la comunicación no la trasmitió hasta entonces a la Guardia Civil.
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