Publicado: 29/07/2016 04:00
El primer juicio del 'caso Púnica' está más cerca. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha dictado el auto de transformación en procedimiento abreviado de la primera de las catorce piezas separadas en las que ha dividido el sumario contra la trama de corrupción. Y lo ha hecho para sentar en el banquillo a su presunto cabecilla, Francisco Granados, y a dos guardias civiles qe supuestamente le alertaron de que estaba siendo investigado: el miembro de la UCO José Manuel Rodríguez Talamino y el antiguo integrante del Instituto armado José Luis Caro Vinagre, que formó parte de la llamada 'gestapillo' del político cuando éste ocupaba la Consejería de Interior y Justicia del Gobierno de Esperanza Aguirre. En el escrito, el magistrado acusa a los dos agentes de un delito de revelación de secreto, a uno en calidad de autor y al segundo como cooperador, mientras que al ex dirigente del PP madrileño lo señala por aprovecharse de la revelación de un secreto realizado por un funcionario público, un delito castigado en el artículo 418 del Código Penal con una pena de uno a seis años de cárcel.
El juez acusa a Granados de aprovecharse de la revelación de un secreto realizado por un funcionario público, delito castigado en el artículo 418 del Código Penal con una pena de uno a seis años de cárcel.
El auto del magistrado, fechado el pasado 5 de julio aunque no había transcendido hasta ahora a los medios, da diez días a la Fiscalía Anticorrupción, a la acusación popular y a las defensas de los tres implicados para presentar sus escritos para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento, aunque antes el juez Velasco deberá practicar una prueba. Este jueves, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ha ordenado que encarge un informe pericial de autenticidad de voces de los 14 'pinchazos' telefónicos que se han convertidos en la principal prueba de cargo en esta pieza, y que había sido solicitado por Anticorrupción antes de que dictase el auto para enviar al banquillo al ex secretario general del PP madrileño. Por su parte, la defensa de Granados ya ha pedido la nulidad de la última decisión del magistrado, después de que hace unas semanas solicitase en otro escrito que la causa fuese instruida por un juzgado de Valdemoro, la localidad madrileña epicentro de la trama donde se produjeron parte de los hechos y en la que el político fue alcalde.
El escrito del juez, de ocho folios de extensión y al que ha tenido acceso Vozpópuli, detalla la participación de los tres implicados en la filtración y cómo ello puso en peligro la 'Operación Púnica' al provocar la destrucción de "importantísimos documentos que hubieran servido de prueba en esta causa". El escrito del juez señala la noche del 5 al 6 de septiembre de 2014 como el momento exacto del 'chivatazo'. Según el pormenorizado relato de los hechos que hace, ese día el miembro de la UCO ahora imputado había participado en la colocaclión de una cámara oculta dentro de un vehículo estacionado frente al Edificio Éboli, de Pinto (Madrid), donde David Marjaliza, el otro cabecilla de la trama, tenía sus oficinas. Con ella, los investigadores pretendían tomar imágenes de los políticos, empresarios y funcionarios que visitaban el considerado 'cuartel general' del constructor para obtener pruebas gráficas de sus negocios irregulares con éste. Sin embargo, la noche de ese mismo día, Rodríguez Talamino se acercó en un local de copas de Valdemoro a Francisco Granados y "le facilitó una información que le sonó a advertencia". Eran las fiestras patronales del municipio, donde tanto e político como el agente residían, y su encuentro no fue casual, según el escrito del juez. El agente presuntamente buscó al político.
"Uno que está en la UCO"
A partir de ese momento, el ex dirigente 'popular', único imputado que permanece encarcelado por el 'caso Pünica', inició un intenso cruce de llamadas con el agente en excedencia José Luis Caro Vinagre, que había trabajado para él en la Comunidad de Madrid en temas de seguridad. Quería saber más datos y, sobre todo, saber si le estaban investigando a él. Tras una primera comunicación el 6 de septiembre con este antiguo colaborador, Granados avisó a su socio, David Marjaliza, al que ya le anunció que le había alertado "uno que está en la UCO". Éste, a su vez, contactó con su secretaria y persona de máxima confianza, Ana María Ramírez, y con otro estrecho colaborador, Antonio Serrano. La primera hizo lo mismo con su marido, hermano del también imputado Juan Carlos Boza Lechuga, entonces alcalde de Valdemoro. Todos ellos comenzaron entonces a adoptar especiales medidas de seguridad, sobre todo en sus conversaciones telefónicas. Marjaliza, incluso, cambió sus termnales telefónicos y comenzó a destruir documentación.
El auto destaca que Granados se preocupó "sobremanera" al enterarse de que los guardias civiles que le investigaban se dedicaban a luchar contra la corrupción
El juez resalta que en las siguientes semanas Granados mantuvo un intenso intercambio de llamadas y encuentros con su amigo Caro Vinagre, al que reclamaba que le consiguiera datos más concreto sobre la investigación. Éste, a su vez, entraba en contacto con el otro guardia civil para que se los facilitara. Así, el político supo qué grupo en concreto de la UCO llevaba las pesquisas y, tras hacer una consulta en Internet, comprobó que eran, precisamente, los que "se dedican a la lucha contra la corrupción, lo que hizo que éste se preocupara sobremanera y le diera elementos de juicio necesarios para saber qué se pretendía". De los pinchazos telefónicos, la Guardia Civil llegó a concluir que los tres se llegaron a reunir en la casa del político a la una y veinte de la madrugada del 13 de septiembre de 2014, sólo una semana después del 'chivatazo'.
"Una explotación precipitada de la investigación"
El juez destaca en su escrito que por culpa de la indiscrección del agente hubo que retirar la cámara instalada frente a las oficinas de Marjaliza y "que se perdiera una fuente de información muy valiosa para los investigados y para la instrucción de la causa". También disminuyó la frecuencia en las llamadas entre los principales implicados "y el contenido de las mismas", ya que desde ese momento "evitaban pronunciarse sobre temas de interés para la investigación". Eso hizo que "la intervención telefónica desarrollada con autorización policial perdiera eficacia en relación a la obtención de datos de interés para la investigación". El auto también resalta que para subsanar los perjuicios del 'chivatazo' de su agente, la UCO tuvo que distraer "medios materiales y humanos" para intentar despistar a éste y que tuvieron que desiminuir los seguimientos para evitar ser detectados "con la consiguiente pérdida de información". Todo ello desembocó en "una explotación precipitada de la investigación" el 27 de octubre de 2014.
El magistrado concluye que el 'chivatazo' a Granados estuvo a punto de mandar "al traste" meses de trabajo y provocó un "empobrecimiento" de las pruebas
Por todo ello, el juez considera que la actuación de Rodríguez Talamino no fue "un acto individual y asilado, sino que se extendió en el tiempo" y que en ella tuvo una particiación activa tanto Granados como el amigo común de ambos Caro Vinagre. Todo ello se plasmó en la difusión de la noticia a varios investigados y los insistentes intentos del político por conseguir recabar más datos sobre las pesquisas que le afectaban. Por ello, considera a los dos agentes responsables del delito de revelación de secretos y al político, de aprovechamiento de dicho hecho. El escrito del magistrado destaca que el 'chivatazo' puso "en serio riesgo la investigación" y que estuvo a punto de dar "al traste con meses de trabajo" de la UCO, Anticorrupción y su Juzgado, "con la imposibilidad de haber completado la investigación con éxito y desarticulado la trama delictiva investigada". De hecho, considera que las actividades de los tres provocaroon un "empobrecimiento" de "los resultados probatorios de esta causa". Por la "contumacia e insistencia" de Granados y los dos guardias civiles en conseguir nuevos datos, el juez descarta "que nos encontremos ante una simplie indiscreción impune o un puro descuido o negligecia de posible sanción disciplinaria", sino de un claro delito que debe ser juzgado ya.
La prueba de Anticorrupción y la nulidad de la defensa
La decisión de mandar ya a juicio la primera pieza de sumario del 'caso Púnica' debe salvar, aún, dos obstáculos. El primero es la decisión de la Audiencia Nacional de admitir la petición de la Fiscalía Anticorrupción, respaldada por la acusación popular que representa la Asociación de Abogados Demócratas Europeos (ADADE) y la defensa del guardia civil Caro Vinagre, de encarga un informe policial para identificar si una de las voces que se oyen en las catorce grabaciones que se han convertido en la piedra angular de la causa es la de este último agente. El auto de los tres magistrados que ordena a su colega Velasco practicar dicha diligencia recoge el argumento de la Fiscalía de que la decisión de Caro Vinagre de no declarar cuando fue citado como imputado hace poco más de un mes ha impedido oír su voz y que ésta quedase registrado, por lo que no ha sido posible hasta ahora valorar si es la persona que habla en retieradas ocasiones con Granados.
La otra piedra la intenta poner la defensa del político, cuyo abogado pidió el pasado 14 de junio a la Audiencia Nacional que el juez Velasco y la UCO fueran apartados de la causa al considerar que no eran imparciales. Además, solicitaba que esta pieza del sumario fuese instruida por un juzgado de Valdemoro, el pueblo del sur de Madrid en el que Granados fue alcalde y que se convirtió en el epicentro de la trama de corrupción, al considerar que los delitos que se investigan -revelación de secreto y aprovechamiento de ello- no son competencia de la Audiencia Nacional. Aquel escrito aún no ha sido respondido por el juez Velasco, por lo que el abogado del ex secretario general del PP madrileño presentó este jueves uno nuevo para reclamar la nulidad del auto de transformación en procedimiento abreviado de la pieza del sumario y pedir que no se tome una decisión en este sentido hasta que no se pronuncien sobre sus peticiones.
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