Marjaliza pleiteó durante meses para impedir que Suiza enviara a España los datos que destaparon Púnica

Como Luis Bárcenas. El constructor David Marjaliza, socio de Francisco Granados, pleiteó durante meses ante los tribunales de Suiza para impedir que los datos sobre sus cuentas bancarias en Ginebra que finalmente permitieron destapar la trama Púnica llegaran a España. Así consta en un fallo del Tribunal Penal Federal helvético al que ha tenido acceso Vozpópuli en el que se detalla que los abogados contratados por el constructor presentaron el 11 de septiembre de 2013, casi medio año antes de que se iniciara en nuestro país la investigación, un recurso ante la Fiscalía del país centroeuropeo para tener acceso a la indagación que ésta había iniciado meses antes y por la que le habían bloqueado las cuentas. Buscaba también 'torpedear' una entonces aún hipotética colaboración internacional. La justicia suiza rechazó la pretensión del empresario y el 26 de diciembre de 2013 remitió una comisión rogatoria a Madrid en la que alertaba de sus sospechas sobre Marjaliza y Granados.

La Fiscalía suiza inició la investigación sobre las cuentas de Marjaliza y Granados el 6 de diciembre de 2012, más de un año antes de que alertara a Madrid de su existencia

La investigación en Suiza sobre Marjaliza y Granados se había iniciado mucho antes. En concreto, el 6 de diciembre de 2012. Ese día, la Fiscalía de Suiza decidió iniciar una investigación tras detectar los servicios helvéticos de lucha contra el lavado de dinero movimientos sospechosos en varias cuentas abiertas en el BNP Paribas en las que figuraba como beneficiario Marjaliza, según se recoge en la documentación judicial a la que ha tenido acceso este diario. En la misma se detalla que las pesquisas de las autoridades del país centroeuropeo permitieron comprobar que éste era un "promotor inmobiliario en España, representante, único accionista y administrador colectivo de 67 empresas", que, además, estaba relacionado con el "hombre político español" Francisco Granados.

Del que fuera secretario general del PP madrileño, los documentos judiciales helvéticos destacaban que ya había sido objeto de una "investigación por corrupción, recepción de sobornos, evasión de impuestos y de espionaje político", en referencia, esto último, al escándalo de los seguimientos a sus rivales dentro del partido. Además, la Fiscalía suiza llamaba la atención sobre "una operación inmobiliaria dudosa llevado a cabo desde 2003" en alusión a las sospechas que provocó en España la adquisición por parte de Granados y su mujer de un chalé en Marbella precisamente junto a su entonces amigo David Marjaliza. Las autoridades del país centroeuropeo ya consideraban entonces que "las transacciones financieras [detectadas] parecen poner de relieve los vínculos" entre el político y su amigo el constructor.

"Secuestro penal" de las cuentas de Ginebra

Todo ello llevó a las autoridades helvética a proceder aquel 6 de diciembre de 2012 al "secuestro penal" de los depósitos en el BNP a nombre de ambos y de la empresa costarricense Sheraton Trading SA, de la que era beneficiario último el propio Marjaliza. Una medida que se extendió en junio de 2013 a otra cuenta, en este caso la abierta en el UBS de Ginebra con otra mercantil centroamericana como titular, Droz & Co, también propiedad del constructor. Entre ambas fechas, las pesquisas de la Justicia suiza habían detectado ya la existencia de un importante "flujo financiero" en las cuentas en Ginebra de Granados y Marjaliza compuesto de más de un centenar de transferencias realizadas desde 2003 que apuntaban a un supuesto delito de blanqueo de capitales.

El 23 enero de 2014, un mes después de que llegara a España la documentación, un tribunal suizo tumbó los intentos de Marjaliza de paralizar la investigación en el país helvético 

Del bloqueo de sus cuentas en diciembre de 2012 y junio del año siguiente, el constructor fue informado por las propias entidades bancarias.  A partir de ese momento, el socio de Granados contrató a un despacho de abogados en la ciudad helvética para tener acceso al sumario que se instruía en el país centroeuropeo y, de paso, bloquear una hipotética colaboración internacional futura. Sus letrados presentaron el 11 de septiembre de 2013 en nombre de las dos empresas costarricenses a cuyos nombres había abierto Marjaliza los depósitos, una solicitud para tener acceso a las diligencias y para que se eliminara el bloqueo que pesaba sobre las mismas. Dos semanas después la Fiscalía suiza rechazaba su petición entre otras razones porque el cabecilla de la Púnica se negó a mostrar contratos que justificaron los abultados ingresos que reflejaban las cuentas.

Marjaliza no se rindió y el 23 de octubre presentó un recurso en el que, además de pedir de nuevo acceso al sumario y que se levantase el "secuestro penal" de las cuentas, exigía una indemnización. Este también fue rechazado por la Fiscalía días más tarde, lo que llevó al equipo de abogado suizos del constructor a presentar un nuevo escrito el 25 de noviembre de 2013. Entonces faltaba sólo un mes para que las autoridades helvéticas enviaran la comisión rogatoria que puso en alerta a Anticorrupción sobre las actividades presuntamente delictivas de Granados y su socio. De hecho, el fallo del Tribunal Penal Federal que tumbaba definitivamente la pretensión de Marjaliza de personarse el sumario suizo para bloquear la colaboración internacional se produjo el 23 de enero de 2014, cuando la documentación ya estaba en Madrid y faltaban pocos días para que la Fiscalía española iniciara las pesquisas que finalmente desembocaron en la Operación Púnica.

LOS "14 intermediarios financieros" DE SUIZA

Los escritos judiciales suizos en poder de este diario destacan que Granados y Marjaliza no estaban 'sólos' en sus movimientos bajo sospecha. De hecho, las autoridades helvéticas destacan la implicación de "catorce intermediarios financieros". Como más adelante reflejaría la Fiscalía Anticorrupción española en uno de sus escritos dirigidos al juez Velasco, en esos meses de investigación en secreto, sus colegas de Ginebra habían detectado a "varios terceros (personas físicas y jurídicas)" que habían "intervenido activamente" en transferir algo más de 5 millones de euros a las cuentas de Marjaliza, Granados y sus empresas 'pantalla'. En concreto, la documentación remitida por la Justicia suiza hablaba de dos fundaciones 'fantasmas', tres empresas y cuatro empresarios asentados en España. En el mismo citaban, a la Fundación Cotazur, domiciliada en Vaduz, la capital del Principado de Liechtenstein, y que era propiedad del empresario español Jesús Roa Baltar, fallecido en 2012. 

También figuraban el empresario Rodrigo Díez de Pichardo como presunto responsable del ingreso de 1,35 millones de euros en dichos depósitos a través de dos sociedades panameñas, Senator Overseas y Extreme Overseas Corp. Miguel Trevor Langdon aparecía como titular de la sociedad Rockfish Finance Corp que transfirió a las cuentas de los cabecillas de la trama 1,28 millones de euros. También figuraba la Fundación Algaba por un ingreso de 341.000 euros. Detrás de la misma está presuntamente Florencio Campos, exalcalde socialista de Alcalá de Henares (Madrid). Finalmente, José Miguel López Gutiérrez y Tristán Domecq de la Maza aparecieron en la documentación helvética como los responsables de la transferencia de 609.000 y 407.000 euros respectivamente a dichos depósitos. A estos nombres se unieron más adelante los de otra media docena, entre ellos el de Inés de Borbón y Borbón, prima del rey Juan Carlos. A todos ellos los investiga ahora el juez Eloy Velasco por si tienen a su nombre cuentas en Suiza que supuestamente fueran utilizadas por los dos cabecillas de la trama Púnica para blanquear fondos por el sistema de compensación.