Publicado: 26/04/2016 19:43
La sumario del 'caso Gürtel' tiene una nueva pieza separada. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, ha dictado un auto por el que ordena desgajar una parte de la investigación sobre la trama de corrupción presuntamente liderada por Francisco Correa para investigar una red de blanqueo masivo de fondos que operaba a través de seis cuentas abiertas en la sucursal que el Banco Pastor (absorbido por el Banco Popular en 2012) tiene en la calle Cantón Pequeño, de La Coruña. Dichos depósitos estaban abiertos a nombre de dos empresas extranjeras, la argentina Eves SA y la uruguaya Belfast Link SA, y a través de los mismos se movieron más de 617 millones de euros entre 2006 y 2010 mediante cerca de 25.000 operaciones de salida y entrada de fondos. El magistrado ha ordenado ahora a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que investigue a todos los ordenantes y beneficiarios de dichos movimientos. En total, 455 personas y empresas, entre ellas algunas tan conocidas como Viajes Iberia y Pullmantur, al considerar que dichas cuentas sirvieron de "puente" para el 'lavado' de capitales.
El juez considera las seis cuentas abiertas por la uruguaya Belfast Link SA y la argentina Eves SA en la oficina coruñesa del Banco Pasto como simple 'puentes' para el blanqueo
En el auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el juez destaca un reciente informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria, que concluye que del análisis de todos esas transferencias de dinero se desprende la existencias de "indicios de que las entidades Belfast Link SA, Eves SA y Banco Pastor podrían haber participado en una serie de actuaciones constitutivas de un delito de blanqueo de capitales". En este sentido, destaca que las dos mercantiles sudamericanas, "ambas controladas por las mismas personas, operaron durante años en seis cuentas de no residentes abiertas" en la misma sucursal coruñesa que utilizaron como "mero 'puente' entre unos fondos que procedían tanto de cuentas abiertas, principalmente, en el extranjero y, también, en España, para inmediatamente o muy poco después canalizar tales fondos a otros personas y sociedades localizadas mayoritariamente en el exterior y, en menor medida, también en España".
El juez De la Mata incide en que los ordenantes y beneficiarios de dichos movimiento, así como los países de origen y destino de los fondos, "fueron muy numerosos", lo que se tradujo en cifras millonarias del dinero transferido a través de ellas. "Así, por ejemplo, sólo entre 2006 y 2010 el volumen de fondos canalizados ascendió entre las dos sociedades a más de 14.336 operaciones de salidas de fondos con un volumen agregado (en euros y dólares) de 615.642.832,2 [euros], y de 20.140 operaciones de entrada de recursos, con un volumen total agregado de 617.531.870, 66 [euros]", destaca el auto. A estas cifras más que sospechosas, el magistrado suma la supuesta actitud de obstruccionista de la entidad bancaria desde que en agosto de 2013 se comenzó a investigar dichas cuentas tras detectarse su existencia durante la investigación que se hizo de los movimientos registrados en las cuentas en Suiza del empresario zaragozano Amando Mayo Rebollo, señalado como presunto 'gestor' de algunos de los constructores de la trama de Francisco Correa.
"Sin que hubiese motivos"
Tras aquella petición, el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, tuvo que hacer al Banco Popular, actual propietario de la oficina, otros dos requerimientos en octubre de ese mismo año y en marzo del año siguiente sin que éste atendiera la petición de información "sin haberse aportado razones y sin que hubiese motivos para pensar que fuera a ser atendido voluntariamente". Por ello, en julio del año pasado, De la Mata envió a un funcionario judicial acompañado de la Policía y expertos de la ONIF a la sucursal para reclamar la entrega inmediata de la información "contractual, administrativa y económico-financiera" de las seis cuentas con orden de que, si no se hacía, autorizar la entrada y registro en la oficina bancaria. El 29 de julio, un representante del banco entrega en la Audiencia Nacional la documentación requerida, aunque días después, y a la vista de la misma, el magistrado hacía una cuarto requerimiento para recabar "información complementaria sobre los ficheros en formato excel". Portavoces de la entidad financiera insistían este martes a Vozpópuli que el Banco Popular va a seguir colaborando "diligentemente" con la Justicia si se le requiere más documentación sobre dichas cuentas.
El primer informe de la ONIF ya apunta a que el Banco Pastor "podría haber incumplido gravemente varias d ela obligaciones de prevención del blanqueo de capitales"
Con toda esa información, la ONIF elaboró el pasado 16 de marzo un primer informe de "avance" en el que destacaba no sólo las sospechas sobre el 'lavado' de fondos de las cuentas de Belfast Link SA y Eves SA, sino también de que el Banco Pastor "podría haber incumplido gravemente varias de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales". En concreto, detalla hasta siete, entre ellas la insuficiente "identificación de intervinientes y de titulares reales" de las transferencias y las cuentas, la no comunicación al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) de los evidentes indicios que se derivaban de los mismos y de la no conservación de documentación. De hecho, el informe del organismo dependiente de la Agencia Tributaria destaca que la entidad financiera nunca se hubiera preocupado por saber cuál era el objeto social real de las dos empresas titulares de las cuentas "y ello a pesar de que una de ellas, Belfast Link SA, que además es la que movilizó un mayor volumen de fondos, tenía su residencia en un territorio de alto riesgo como es Uruguay". Además, confirma la existencia de "contradicciones, anomalías y lagunas en fechas de apertura de cuentas y una falta de documentación sobre estas circunstancias".
"Notoriamente insuficiente"
El juez también subraya en su auto la información "notoriamente insuficiente" sobre la identidad de las personas que estaban realmente detrás de las dos empresas sudamericanas bajo sospechas. "Prácticamente se dispone sólo de la identificación del presidente de ambas sociedades, el ciudadano español Manuel Roel Pérez, quien aparecería como accionista único de Eves SA desde el año 2007, y del vicepresidente de las dos sociedades desde el año 2007, el ciudadano argentino Walter Manuel Hernández", resalta el escrito judicial. Sobre los titulares de las mismas antes de ese año sólo consta como "socios fundadores los titulares de una oficina de Uruguay cuyo objeto es la constitución, venta, reforma y disolución de Sociedades Anónimas". Además, De la Mata incide en el hecho que Roel Pérez figura como "investigado en Argentina por la posible comisión de un delito de estafa consistente en la captación de fondos de particulares para, supuestamente, invertir en el exterior, con la promesa de altos rendimientos, por lo que el capital canalizado a través de las cuentas abiertas a nombre de las sociedades por él presididas podría proceder de aquel ilícito penal".
El juez destaca que el español Manuel Roel, accionista único de la empresa argentina investigada, está acusado en el país sudamericano de un delito de estafa
Por todo ello, el juez ordena formar una pieza separa de investigación dentro del sumario de Gürtel con el nombre de "Cantón", el nombre de la calle coruñesa donde está la sucursal del Banco Pastor de las seis cuentas bajo sospecha. Además, encarga a la UDEF que recabe todos los datos posibles sobre Belfast Lind SA y Eves SA, y que "remitan a este Juzgado antecedentes e investigaciones" sobre las 455 personas y mercantiles que figuran como "ordenantes/beneficiarios de fondos canalizados" por las dos sociedades del otro lado de Océano Atlántico. También inicia el trámite de sendas comisiones rogatorias a Argentina y Uruguay para que las autoridades de ambos países informen si las dos empresas "están o han estado inmersas en algún tipo de actividad delicitva previa o si existen sospechas de que han podido blanquear fondos de procedencia delictiva". Finalmente, encarga al SEPBLAC un informe en el que "valore y certifique si Banco Pastor [...] ha incumplido obligaciones de las señaladas en la normativa de prevención del blanqueo".
LA PISTA QUE DESTAPÓ EL 'LAVADO' MASIVO
La primera noticia sobre las seis cuentas bajo sospecha surgió gracias a la comisión rogatoria remitida por Suiza en marzo de 2013 sobre una cuenta abierta en el Coutts Bank de Zurich a nombre de la empresa Zorak Associated SA. Ésta resultó ser una mercantil 'pantalla' registrada en el paraíso fiscal de Belice por Amando Mayo, un empresario zaragozano relacionado con el propio Francisco Correa y con los constructores Manuel Salinas y Fernando Martín, también imputados en el 'caso Gürtel' por su presunta relación con el mayor pelotazo de la trama de corrupción, la llamada'Operación Arganda'. Entre los numerosos movimientos que registró esta cuenta en el país helvético aparecían dos que llamaron la atención de los investigadores ya que tenían como destino una cuenta del Banco Pastor en La Coruña.
Eran dos transferencias de 100.000 euros cada una realizadas el 14 de enero y el 2 de junio de 2008. El beneficiario de las mismas resultó ser otra mercantil, la financiera Belfast Link, registrada en Montevideo. El posterior rastreo en busca de otros productos bancarios a nombre de esta compañía y de los que figuraban como "apoderados" de la misma, el español Manuel Roel y el argentino Walter Hernández, destapó la existencia de la media docena de depósitos supuestamente relacionados entre si y todos ellos abiertos en la misma sucrusal, o bien a nombre de esta primera sociedad o bien de Eves SA, una empresa desconocida para España pero de renombre en Argentina, donde presume de haber sido la primera agencia de viajes y tener una red de oficinas de cambio de divisas. Fue creada hace 90 años.
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