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El comisario que destapó el 'chivatazo' acusa al director de la Policía de ordenarlo por razones "políticas"

Sus informes sobre el caso Faisán han sentado en el banquillo de los acusados a dos de sus compañeros. Y su declaración ayer ante el tribunal acercó a éstos un poco más a la condición de condenados. El comisario Carlos Germán, el experto antiterrorista que llevaba la investigación de la trama de extorsión de ETA y que, después, dirigió las pesquisas sobre el chivatazo, declaró este lunes durante cerca de cuatro horas en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra el que fuera jefe Superior de Policía del País Vasco, el comisario Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros, acusados de ser los autores del mismo. El agente respondió con contundencia a las preguntas que se le plantearon y ratificó uno a uno los numerosos documentos que elaboró sobre el soplo y que fueron incorporados al sumario. Hoy continuará con su testimonio.

El comisario denunció ante el tribunal que cuando incluyó en sus informes el nombre de García Hidalgo, sus superiores le amenazaron

El agente aseguró que ya en el primero de estos informes él y sus hombres concluyeron que el chivatazo tenía una "finalidad política". En concreto, impedir que las detenciones de los presuntos integrantes de la trama de cobro del impuesto revolucionario, entre los que se encontraba el destacado dirigente del PNV Gorka Agirre, provocaran la ruptura del 'proceso de paz' que entonces tenia abierto el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y la organización terrorista. El comisario aseguró que llegó a recibir amenazas de sus jefes cuando estos se enteraron que había hecho constar en sus informes su convencimiento de que detrás del soplo había "una orden política" y que, además, sospechaba que ésta la había dado el entonces director general de la Policía, el socialista alavés Victor García Hidalgo, quien llegó a estar imputado en la causa pero finalmente no fue procesado.

El comisario Germán, que fue sometido a un intenso interrogatorio por parte del fiscal Carlos Bautista y la defensa de Pamiés, detalló al tribunal cómo se iniciaron las pesquisas en torno al bar Faisán como sede de la trama de extorsión de ETA y cómo éstas se concluyeron a comienzos de mayo de 2006, momento en el que decidieron esperar a que la red de cobro del 'impuesto revolucionario' realizara una entrega física de dinero para "pillarlos con la mano en la masa". A partir de ese momento, Germán explicó que fue el primer sosprendido de que dicha entrega de dinero, que iba a ser de 108.000 euros, se frustrara, sobre todo cuando conoció que una conversación entre dos miembros de la misma que había sido intervenida por sus hombres apuntaba que todo había sido fruto de una filtración. Cuando supo los detalles de la misma y, más adelante, conoció el testimonio del dueño del Bar Faisán tras la detención de éste en junio de aquel año, tuvo la convicción que el chivatazo sólo podía haber sido realizado por compañeros suyos. Eso sí, también dijo que "no entra en cabeza humana que se le ocurra a un policía", en clara referencia a un instigador político.

El cese de García Hidalgo

El responsable de la investigación explicó que llegaron a la conclusión de que los autores eran los dos policías que desde este lunes se sientan en el banquillo de los acusados gracias al rastreo de las llamadas de teléfono registradas en la zona del bar Faisán a la hora que supuestamente se produjo el chivatazo. Incluso aseguró que esas mismas pesquisas fueron las que les terminaron llevando hasta García Hidalgo. El agente detalló que tras entregar el 4 de septiembre de 2006 el primer informe en el que se señalaba al político como la supuesta 'X' de la trama, éste y el jefe superior de Policia del País Vasco empezaron a utilizar sospechosamente "teléfonos de seguridad" con tarjetas prepago nuevas y que, incluso, hubo intercambio de mensajes con otros agentes en los que supuestamente daban instrucciones de utilizar los nuevos números para evitar los 'pinchazos' a los que entonces ya eran sometidos sus teléfonos oficiales. Sólo cuatro días después de aquel informe, el director general de la Policía fue cesado, algo que el comisario calificó de "significativo" y que no dudó en relacionar con sus investigaciones.

El investigador calificó como "inverosímil" la coartada de la cita con el confidente etarra esgrimida por el que fuera jefe Superior de Policía en el País Vasco

El responsable de las pesquisas también intentó echar por tierra con su testimonio las coartadas esgrimidas en la sesión de ayer por el que fuera jefe Superior de Policía del País Vasco y, más en concreto, la supuesta cita con el confidente de ETA que iba a celebrar en Bayona el mismo día del chivatazo. El comisario Carlos Germán calificó la misma de "inverosímil" y destacó que tampoco era creíble en la que se escudaba el otro acusado para justificar su presencia en el Bar Faisán. El inspector Ballesteros había afirmado por la mañana que el otro acusado le ordenó acudir a la zona para controlar la presencia policial a un lado y otro de la frontera para saber si era seguro cruzar aquel día para reunirse con el informante. El jefe de los investigadores aseguró al tribunal que por su experiencia policial no era creíble desplazar a un agente desde otra provincia -el inspector estaba en ese momento haciendo un curso de conducción en Santander- para hacer "una función tan básica".

El policía también recalcó que el jefe Superior de Policía le ocultó a él y al primer juez del caso, Fernando Grande-Marlaska, que él había enviado al inspector Ballesteros a la zona del chivatazo y que, incluso, quiso "proporcionar una coartada artificial" a éste. También aseguró que tanto él como el magistrado y la juez Levert, que dirigía la investigación en Francia, fueron engañados "vilmente" durante la investigación del chivatazo. Incluso se lamentó de las consecuencias que tuvo el mismo para la investigación de la trama de extorsión la filtración: cuando al mes siguiente realizaron finalmente las detenciones de los integrantes de la red, no encontraron ni un solo euro ni documentación comprometedora en los más de veinte registros que realizaron. Por no encontrar no encontraron "ni una pegatina" de ETA o su entorno.

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