Publicado: 13/03/2016 04:00
De investigación prohibida a orden judicial. El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, se va a ver obligado a asignar en los próximos días a un grupo de agentes de la Policía Nacional a una investigación que, paradójicamente, hace casi cuatro años frenó en seco al considerla improcedente y cesar fulminantemente a los dos mandos policiales que la habían puesto en marcha. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga), Isabel Conejo, ha librado un oficio a la comisaría de esta localidad de la Costa del Sol "para que proceda a la realización de las gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos [y] de las personas responsables" en la compraventa del lujoso ático que el hoy expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, disfruta desde mediados de 2008. La última actuación de investigación de la Policía Nacional conocida en esta causa es un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de finales de junio de 2012 cuyo encargo le costó el puesto al entonces comisario general de Policía Judicial, Jose Enrique Rodríguez Ulla. Desde entonces, la participación de este Cuerpo había sido prácticamente testimonial, según se refleja en el propio sumario.
La juez ha pedido a la Comisaría de Estepona que se haga cargo de las pesquisas o le indique que otra "unidad de dicho cuerpo policial" debe hacerse cargo de la misma
La decisión de la magistrada figura en la misma providencia del pasado 8 de marzo por la que citaba a declarar como imputados el próximo 18 de abril al político, a su mujer, Lourdes Cavero, y al empresario Enrique Cerezo para aclarar los puntos oscuros de la adquisición de la polémica vivienda. En dicho escrito, la juez Conejo se dirige a la comisaría local para que sea ésta la que le asigne los agentes, aunque deja la puerta abierta a que los propios responsables de esta dependencia "indiquen" cualquier otra "unidad de dicho cuerpo policial con competencias para llevar a cabo la investigación de los hechos", en lo que las fuentes jurídicas consultadas ven una sutil alusión a la célebre UDEF, autora de aquel último informe policial incorporado a la causa hace casi cuatro años. La petición de que sea la Policía Nacional la que se encargue de las pesquisas ha sorprendido dentro del propio Cuerpo tras los ceses de los dos mandos y el hecho de que el último informe pericial pedido por la magistrada, el análisis de la grabación que el comisario José Villarejo hizo de su conversación con el expresidente de la Comunidad de Madrid, hubiera sido encargado al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.
De hecho, las fuentes policiales consultadas recuerdan que desde el inicio de la investigación sobre el patrimonio de Ignacio González, allá por julio de 2011, cuando el PSOE aún estaba en el poder, han sido dos los mandos policiales destituidos por participar en ella. El primero fue el comisario jefe de Marbella, Agapito Hermes de Dios, quien fue cesado en abril del año siguiente, con el PP ya en el poder, al considerar que aquella pesquisas no habían sido registrados de forma oficial y, por tanto, eran "ilegales", como las calificó entonces el propio Jorge Fernández Díaz. La Dirección General de la Policía anunció entonces en una nota de prensa que "siguiendo las instrucciones del Ministerio del Interior" había abierto un expediente a este agente que también fue trasladado de destino.
El viaje de dos agentes a Asturias
Poco más de dos meses después se producía la segunda destitución fulminante. En este caso, del entonces comisario general Rodríguez Ulla, quien había sido nombrado para el puesto por el PP. Según detalló este alto cargo policial en la declaración que prestó el pasado 3 de marzo dentro del sumario del Ático, y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, él reabrió la investigación tras recibir el 7 de junio de 2012 tres notas registradas por un sindicato policial en las que se denunciaban supuestas irregularidades en el patrimonio del político. Ello le llevó a convocar una reunión de la comisión técnica de su departamento para analizar la información que contenía. De aquella reunión policial salió, precisamente, la decisión de encargar las pesquisas a la UDEF con "la premisa de que se diera cuenta a la Fiscalía Anticorrupción". Aquellas primera diligencias recibieron incluso un número de referencia y fueron declaradas secretas a petición de otro comisario que participó en las mismas.
El segundo mando policial destituido por Interior por investigar el ático de González declaró el pasado 3 de marzo como testigo en el sumario
Rodríguez Ulla asegura que al día siguiente se informó de las mismas tanto a su superior jerárquico, el también comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía, y a Anticorrupción. A partir de ese momento, se iniciaron las investigaciones y se planteó el desplazamiento de dos agentes a Asturias, donde vivía el primer propietario del ático que se lo había vendido a la empresa 'pantalla' que más tarde se lo alquilaría a Ignacio González y su mujer. A finales de ese mes, el comisario fue cesado "por pérdida de confianza" por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en una decisión que contó con el respaldo público del ministro del Interior.
Después de aquella fulminante decisión de Interior, la actuación policial en el caso se redujo a la mínima expresión. De hecho, los importantes avances de los últimos meses han sido fruto de diligencias judiciales y de la actividad de las acusaciones personadas en la causa. De hecho, uno de los escasos escritos policiales que figuran es un informe del 18 de julio de 2013 elaborado por la Comisaría de Estepona, la misma a la que ahora se ha dirigido la juez Conejo para pedir agentes, en el que se detallaba el camino que, por error, había seguido una comisión rogatoria que la juez había dirigido a las autoridades británicas para recabar datos sobre una cuenta bancaria abierta en este país y que había sido rechazada por Londres. El documento reconocía que los agentes la habían tramitado por vía policial a través de Interpol, cuando la misma debía haber sido dirigida a través del Ministerio de Justicia. Una equivocación que retrasó más de nueve meses aquella diligencia. Desde entonces, poco más ha realizado una Policía que, ahora y por orden del juez, debe encargarse de una investigación que sus máximos responsables frenaron en dos ocasiones.
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