'Caso PDVSA'

La Fiscalía pide imputar por blanqueo a una extrabajadora de la empresa eléctrica venezolana

La juez ha suspendido el interrogatorio para estudiar la solicitud del ministerio público contra Cecireé Casanova, quien al estar citada como testigo estaba dispensada de la obligación de declarar por ser pareja del exviceministro venezolano Javier Alvarado, investigado en la misma causa 

Imagen de archivo de la estatal Petróleos de Venezuela S.A.
Imagen de archivo de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. PDVSA

La extrabajadora de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) Cecireé Casanova ha asistido este miércoles a la Audiencia Nacional para comparecer en calidad de testigo ante la juez que instruye el caso de blanqueo de capitales de fondos procedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Pero se ha ido sin declarar. Fuentes jurídicas han asegurado a Vozpópuli que la magistrada María Tardón ha suspendido el interrogatorio para estudiar la petición de la Fiscalía de citarle como investigada en la causa

El ministerio público sospecha del origen del dinero con el que se realizó una ampliación de capital de cerca de 800.000 euros en la mercantil Cocuiza. La sociedad, constituida en 2012 y propiedad de Casanova, comparte domicilio social con una de las compañías de Javier Alvarado, exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela, expresidente de la filial petrolera Bariven y uno de los principales investigados en el Juzgado Central de Instrucción número 3. 

Fuentes cercanas a la causa explican que Casanova al estar citada como testigo estaba dispensada de la obligación de declarar por ser pareja de Alvarado, investigado en la misma causa que ha sido detenido en Madrid en dos ocasiones y se encuentra en libertad bajo fianza. 

La administración de La Losilla

Este mismo miércoles, José Roberto Rincón Bravo ha acudido ante la magistrada para resolver la administración de la lujosa finca La Losilla, situada en Villarejo de Salvanés, al sur de Madrid. La explotación agraria de su propiedad se encontraba intervenida por orden judicial en el marco de la investigación sobre el presunto saqueo de PDVSA y posterior blanqueo de capitales en España.

Según han informado fuentes jurídicas a este diario, la juez Tardón ha acordado dejar en manos de Rincón la gestión de la finca. Lo ha hecho primera hora de la mañana, tras escuchar las alegaciones de la defensa del magnate venezolano. Las mismas fuentes han explicado que La Losilla corría el riesgo de quedar en desuso por el bloqueo de cuentas de Rincón Bravo, investigado por presuntos delitos de blanqueo de capitales desde 2018.

El venezolano volverá a administrar la propiedad en la que trabajan más de 20 personas y se explotan 4.000 olivos, 35.000 cepas de viñedos, 97 cabezas de ganado y más de una decena de caballos. Tendrá que informar al Juzgado de todas las decisiones administrativas relativas a la finca.

Diligencias del caso PDVSA

Se trata de las primeras diligencias llevadas a cabo por la juez de la Audiencia Nacional después de que en octubre de 2019 aceptara dirigir las pesquisas que hasta ese momento se instruían en el Juzgado número 41 de Madrid. Este miércoles también estaba citado Raúl Gorrín, dueño del canal de televisión venezolano Globovisión. El empresario, sin embargo, avisó que no acudiría a sede judicial porque está solicitado por la Justicia de Estados Unidos.

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