Los venezolanos implicados en el 'caso Morodo' invirtieron 16,7 millones en inmuebles en España

Un lunes de julio de 2009 empezaron a invertir en inmuebles. Lo hicieron a través de la Consultora Alcander. Adquirieron varias plazas de garaje y un local comercial en la calle San Juan de Ortega, en Las Tablas, Madrid. Abonaron dos cheques al portador por un importe acumulado de 2,7 millones de euros. Fue la primera de una serie de compras que Juan Carlos Márquez y Carlos Prada gestionaron con la mercantil que habían creado un año atrás. La Fiscalía anticorrupción cifra en 16,7 millones de euros las inversiones inmobiliarias que ambos realizaron en España entre 2009 y 2018 a través de sus empresas y su círculo familiar más cercano. Los dos figuran como investigados en el caso Morodo.

Se les atribuyen presuntos delitos de blanqueo de capitales, de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública. Los mismos que se les imputan a sus respectivas esposas, Ana Korina Ulloa y Marisol Valera, al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, a su mujer Cristina Cañeque, a su hijo Alejo Morodo y a su nuera Ana Varandas. 

Márquez es el hombre que firmó en nombre de Petróleos de Venezuela (PDVSA) los contratos con el hijo del diplomático. Prada consta como su socio en los negocios que emprendió en España. El ministerio público sostiene que los dos venezolanos se beneficiaron -a través de sus mercantiles -de fondos procedentes la petrolera que, según las pesquisas, ambos "fueron canalizando mediante la utilización de distintas sociedades instrumentales y cuentas bancarias abiertas en diversas entidades españolas".

Pisos, locales y garajes

El entramado societario que según el ministerio público armaron ambos investigados permitió la "adquisición de numerosos bienes inmuebles y fondos de inversión". Además del local y los garajes comprados en 2009, constan otras cinco propiedades a nombre de la mercantil Alcander. Tres fueron adquiridos en 2011 y dos en 2013. Un local en Las Palmas de Gran Canaria por 2,8 millones de euros. Un local en Marbella por un millón de euros. Otro local en Madrid por 2,9 millones de euros. Un inmueble en el barrio madrileño de Salamanca por dos millones. Y otro inmueble en Barcelona por importe de 2,4 millones. En total, la Fiscalía cifra las inversiones inmobiliarias de la consultora en 14 millones de euros.

A la lista se añaden los inmuebles adquiridos por Márquez. El ministerio público investiga la compra de cuatro propiedades en Madrid entre 2010 y 2015 por 1,9 millones: un inmueble -con almacén incluido- en Las Tablas por 395.000 euros y otro por 335.000 euros; un piso en Prosperidad por 200.000; y un inmueble en Encinar de los Reyes por un millón de euros. Todos figuran a nombre del excargo de PDVSA, que según los datos de la Agencia Tributaria durante 2012 y 2017 registró ingresos por 141.093 euros. De ahí que el ministerio público estime que "resulta necesario esclarecer el verdadero origen de los fondos con los que adquirió el cuantioso patrimonio que posee".

En el caso de Prada figuran dos inmuebles en Madrid: uno en Ciudad Lineal, adquirido en 2014; y otro en Hortaleza, que fue comprado por su esposa Marisol Valera en 2018. La Fiscalía también investiga la procedencia de los 867.000 euros que respaldaron ambas compras. "Es importante resaltar que a Prada no le constan ingresos declarados (...) ni tan siquiera en 2015, fecha en que se dio de alta en el censo de empresarios y profesionales en actividad de servicio jurídico de Madrid". En total están bajo sospecha 12 inmuebles por un importe acumulado de 16,7 millones de euros. 

11,3 millones ingresados en España

Según las pesquisas del ministerio público, el dinero con el que se adquirieron dichas propiedades provenía de Venezuela. La fiscal Ana Cuenca hace referencia a los 4,3 millones de euros facturados a PDVSA entre 2010 y 2011 a través de la sociedad española Marpra y a los 998.900 euros percibidos por la mercantil Ahedo Asesores por servicios a la petrolera. En ambas empresas llegó a constar como administrador único el investigado Carlos Prada.

Además, entre los cálculos de Anticorrupción se añaden fondos sin justificar que fueron abonados a las empresas vinculadas a Márquez y Prada por un importe acumulado de 6,1 millones de euros. "Analizando los movimientos de las cuentas bancarias utilizadas por los querellados, así como los informes policiales y tributarios incorporados a las diligencias de investigación seguidas en Fiscalía, se concluye que, además de los ingresos que percibieron desde PDVSA, recibieron en sus cuentas bancarias cuantiosos ingresos de origen y justificación desconocido". En total, se investiga la procedencia de 11,3 millones de euros que fueron ingresados a España por los dos investigados.

Al margen de la suma, el ministerio público destaca 965.000 euros que fueron abonados por Ahedo a la empresa venezolana Abogados Márquez Cabrera, una operación que "evidencia la utilización instrumental de esta sociedad para retomar prácticamente la totalidad de los fondos recibidos desde PDVSA nuevamente a Venezuela en beneficio exclusivo de Juan Carlos Márquez".

Diez años después de aquel lunes de julio de 2009 en el que se registró la primera compra de los investigados, Márquez fue hallado muerto en la oficina de Alcander, consultora que permanece imputada en la Audiencia Nacional. Los forenses han descartado la participación de terceros en el hecho y han confirmado que la causa de muerte fue el suicidio. La investigación continúa contra Prada, Ulloa, Valera y la familia Morodo.