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España

El juez del 'caso Ático' da la razón a Cerezo y rechaza ampliar la investigación

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con el productor Enrique Cerezo

Enrique Cerezo lo ha conseguido. El presidente del Atlético de Madrid ha ganado el pulso en el caso del ático de Ignacio González y ha logrado que el juez que lleva la instrucción rechace ampliar la investigación y dé por cerradas las pesquisas sobre el origen del dúplex de lujo de Estepona del expresidente madrileño. El magistrado Eloy Marfil Gallardo ha desestimado así el recurso presentado por la acusación popular que ejercen los extrabajadores de Telemadrid en el que requerían extender las diligencias.

"La instrucción está agotada", llegó a decir el empresario imputado en la causa en un recurso presentado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona. Y tenía razón. En un auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el juez ha explicado a los afectados por la gestión de la televisión pública madrileña que no es procedente dictar un auto declarando compleja la instrucción, "ni prorrogando la declaración de complejidad, ni ampliando el plazo después de la expiración de los plazos respectivos".

En una providencia emitida el pasado 10 de junio ya había dicho a las acusaciones que no era posible ampliar los tiempos por el cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). Se refería a la ley de plazos aprobada por el exministro de Justicia Rafael Catalá, que ahora trabaja en la Fundación Atlético de Madrid bajo el mando de Cerezo.

Rafael Catalá y Enrique Cerezo en el palco del Atlético de Madrid.

La ley Catalá

Tal y como publicó Vozpópuli, la causa protagonizada por Ignacio González está a un paso de ser archivada por una reforma legal que aprobó el Partido Popular. La instrucción terminó en octubre de 2018, después de que el Ministerio Fiscal renunciara a pedir una prórroga, pero las acusaciones han intentado mantener abierta la investigación porque consideran que los plazos no se han vencido.

Esta vez, el juez ha hecho referencia al artículo de la discordia, el 324 de la LeCrim, y ha señalado que de este se "desprende un plazo general para la instrucción de seis meses, que es ampliable hasta los 18 meses -incluyendo el plazo general- siempre que concurran los requisitos establecido en el mismo para que la causa sea declarada compleja".

El juez considera que no es procedente prorrogar la declaración de complejidad ni ampliar el plazo de instrucción

Las acusaciones populares ejercidas por el PSOE y los extrabajadores de Telemadrid también han intentado convencer al juez de que prorrogue las pesquisas

Ante la reiterada insistencia de las partes ha hecho un repaso del calendario y ha hecho hincapié en el 6 de diciembre de 2019. "Esta última fecha es, precisamente, la fecha límite de instrucción, y no el 6 de junio de 2019", ha explicado el magistrado en el auto con fecha del 15 de julio. Por ello, ha insistido, no pueden tener acogida las alegaciones de los extrabajadores de Telemadrid. "Con arreglo a lo anterior (...) se desestima la reforma pretendida", ha añadido.

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