Los Pujol tratan de expulsar de su causa a una empresa que les denunció por blanqueo

Los abogados del clan Pujol tratan de expulsar de la causa judicial que se sigue contra el expresidente catalán Jordi Pujol Soley y su familia en la Audiencia Nacional a la acusación popular de la sociedad Grand Tibidabo, según consta en un escrito de 5 de diciembre, al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Esta sociedad interpuso el 25 de marzo de 2019 una querella contra el exmandatario catalán y contra su hijo primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, por blanqueo de capitales. En la misma, los letrados de la empresa catalana reclamaban la declaración de los querellados, así como la del empresario Javier de la Rosa y varios agentes de Policía.

Sin embargo, los abogados de los ocho integrantes de la familia Pujol imputados, que son el expresident, su mujer, Marta Ferrusola, y los hijos Jordi, Josep, Pere, Oleguer, Marta y Mireia, consideran que la ley no permite a una sociedad en disolución, como es el caso de Grand Tibidabo, ejercer la acusación en la Audiencia Nacional.

Grand Tibidabo

Precisamente, el juez De la Mata incluyó entre sus razones para extender otros 18 meses la instrucción del caso Pujol el que la acusación popular de Grand Tibidabo hubiera solicitado una serie de pesquisas, que todavía no habían podido llevarse a cabo.

La Policía Judicial ha podido confirmar la veracidad de la declaración que hizo en 1994 el empresario Alberto Freixa Vidal en el caso de corrupción denominado Grand Tibidabo, en la que dijo que una parte de la comisión abonada en la compra de un edificio por parte de la Generalitat, entonces presidida por Jordi Pujol Soley, había acabado en manos de uno de los hijos de los Pujol.

En este caso concreto, un informe de febrero del Grupo 24 de la UDEF-BLA de la Policía Nacional alertó al juez de que los Pujol habían ingresado en Andorra más de 50.000 euros (8,3 millones de pesetas) por la compra de un edificio en 1991 por parte de la Generalitat a Grand Tibidabo, que se destinó a ser la sede de la Consejería de Medio Ambiente.

Javier de la Rosa

En 1994, un grupo de empresarios, entre los que se encontraba Javier de la Rosa, fueron condenados a penas de cárcel por lo que la querella contra el clan Pujol denomina "saqueo de Grand Tibidabo". Pero en ese momento, la Policía desconocía que además el expresidente había ingresado los mencionados 50.000 euros en Andorra.

Precisamente esta semana, se ha conocido que la teniente fiscal de anticorrupción, Belén Suárez Pantín, cree que los Pujol podrían tener dinero en el exterior oculto con testaferros, según consta en un escrito del 28 de noviembre dirigido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En concreto, los investigadores del caso Pujol sospechan que el expresidente catalán y su familia han podido ingresar en mordidas hasta 290 millones de euros.