Juez, Abogacía y Fiscalía se enfrentan por los plazos de investigación del 'caso 8-M'

La juez, la Abogacía del Estado y la Fiscalía se enfrentan por los plazos de investigación en el caso contra el delegado del Gobierno en la capital, José Manuel Franco. La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha reprochado la demora de la defensa ante los reiterados avisos realizados en el último mes. La representación jurídica del Ejecutivo se ha escudado en la paralización de los plazos procesales por el estado de alarma y ha criticado las diligencias practicadas al considerar que promueven la "indefensión" del investigado. El ministerio público aún no se ha pronunciado y, según fuentes jurídicas consultadas, no se pronunciará hasta después del 4 de junio, cuando se pongan en marcha los tiempos.

Han pasado 67 días desde que la juez Carmen Rodríguez-Medel acordara abrir diligencias contra Franco. Desde entonces, le investiga por un presunto delito de prevaricación al permitir la manifestación del 8-M y otras convocatorias entre el 5 y el 14 de marzo. Hasta ahora, ha ordenado informes a la Guardia Civil y al médico forense. Esta semana ha puesto fecha a la declaración de Franco y de tres testigos. Lo ha hecho dos veces: primero reservó el 5 de junio; pero finalmente, ante la petición de la Abogacía, acordó el interrogatorio para el próximo 10 de junio.

Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli han hecho hincapié en las fechas de citación. Según han explicado, en el primer escenario los plazos "se quedaban cortos". Si Franco tenía que declarar el 5 de junio y los plazos procesales se levantan el 4, la Abogacía y la Fiscalía tenían solo un día para presentar sus escritos. Ahora, la juez ha acordado aplazar la vista hasta el 10 de junio y dar dos días de plazo, contando a partir del 5. Es decir, que las partes tendrán hasta el 7 de junio para dirigirse al Juzgado, lo que dejará un margen de tres días hasta la declaración. 

La juez ha aceptado la petición de la Abogacía pese a considerar "sorprendente" que necesite "tiempo para instruirse". En la providencia, ha recordado a la letrada del Estado que desde el Juzgado "se le notificó que quedaban las actuaciones a su disposición para realizar la correspondiente copia de la documentación aportada tanto el 21 de abril como el 21 de mayo, no siendo hasta que se ha ordenado por resolución judicial que comparezca el 26 de mayo que efectivamente ha comparecido para obtener copia".

Recurso de la Abogacía

La Abogacía del Estado ha criticado las actuaciones. Ha plasmado su reclamo en un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el auto de 23 de marzo, ese con el que la magistrada dio inicio a la investigación. "La forma de proceder del Juzgado instructor, incoando diligencias previas y acordando la práctica de diligencias que el mismo declara no urgentes, ocasiona una clara indefensión a mi defendido", ha precisado la abogada Rosa María Seoane.

La juez, en el escrito en el que aceptó a trámite la denuncia contra Franco, admitió que las actuaciones de investigación eran consideradas "no urgentes" y dio a la Abogacía y a la Fiscalía entre tres y cinco días para la presentación de recursos. Según especificó, los plazos empezarían a contar "en el momento en que se levanta el estado de alarma". La representación jurídica del Ejecutivo ha criticado a la magistrada por ordenar la redacción de los informes antes de dicho plazo, algo que a su juicio perjudica a su defendido, porque "no puede defenderse ni combatir procesalmente esas resoluciones".

Silencio de la Fiscalía

Desde la Fiscalía de Madrid han dado el silencio por respuesta. Fuentes del ministerio público han asegurado a Vozpópuli que hasta el momento no se ha presentado escrito alguno en la causa. Según han precisado, su intención es no dirigirse al Juzgado hasta que se reanuden los plazos procesales el próximo 4 de junio. Han insistido en que al no tratarse de una causa urgente o con preso, la ley establece que debe esperarse hasta que se reactive la judicatura. 

En la providencia emitida este jueves por la magistrada se emplaza al Ministerio Fiscal para que en el término de dos días [tras el levantamiento de plazos] aleguen por escrito lo que estimen conveniente. "Transcurrido dicho plazo, háyanse o no presentado escritos de contestación, queden los autos en la mesa de su señoría para dictar la resolución que corresponda", ha precisado.

Según consta en el primer auto emitido en marzo, la investigación pretende precisar si "se dio orden expresa al delegado del Gobierno de Madrid de no prohibir las manifestaciones al margen de cualquier consideración sanitaria" y si "se adoptó alguna medida de prevención" por parte de su equipo.