Publicado: 03/03/2016 08:58
La presidenta del PSOE en Extremadura, Carmen Heras, ha dimitido de su cargo tras haber sido condenada a ocho años de inhabilitación por prevaricación junto a otros dos concejales.
La dimisión se produjó el martes por la tarde tras hablar con el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, según informa el diario El Mundo. Tras esta conversación, ambos acordaron su renuncia inmediata como presidenta, que aprobará la próxima Ejecutiva Federal del PSOE.
Los Estatutos del PSOE recogen la baja automática cuando hay una sentencia por delito doloso. De esta forma en el artículo 10 se establece que "la condición de afiliado del PSOE se perderá automáticamente" en el caso de "ser condenado por la comisión de un delito doloso mediante sentencia judicial, aunque ésta no sea firme".
Los Estatutos del PSOE recogen la baja automática cuando hay una sentencia por delito doloso
Condena por prevaricación
El Juzgado de lo Penal nº 2 de Cáceres condenó a la ex alcaldesa socialista de esta ciudad y a los que fueron sus concejales de Innovación, Santiago Tabares, y de Turismo, Francisco Torres, a ocho años de inhabilitación para ocupar cargo o empleo público. La jueza les considera culpables de un delito de prevaricación administrativa que cometieron en el pago del festival Urban Screen que tuvo lugar en la capital cacereña en el año 2010.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge que Heras, Tabares y Torres son "coautores responsables conforme al artículo 28 del Código Penal, de un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal", por lo que se les inhabilita para empleo o cargo público en el ámbito de la administración estatal, autonómica y local, además de imponer a los condenados el pago de las costas del procedimiento judicial.
Los hechos por los que han sido condenados tiene que ver con la forma de pago del festival Urban Screens que se celebró hace seis años para apoyar la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2016 y que consistía en la proyección de videos en las fachadas de algunos edificios de la ciudad a través de un espectáculo de luz y sonido.
La sentencia considera probado que Carmen Heras firmó una factura de 47.782 euros, mientras que el concejal Santiago Tabares ordenó dos pagos, cada uno de ellos de 11.994 euros, y el concejal Francisco Torres firmó una factura de 9.600 euros, lo que da un importe total de 81.370 euros que fueron abonados a la empresa que fue contratada "a dedo".
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