Caos en la política sobre violencia de género: datos contradictorios, críticas a los jueces y ningún análisis

Ni en las 484 páginas del informe anual de la Delegación del Gobierno sobre la Violencia de Género, ni en las 341 de la última macroencuesta sobre el mismo tema hay una sola referencia al entorno familiar o sociocultural de víctimas y agresores, a la nacionalidad que no sea española, ni a su nivel de estudios, situación laboral, etcétera. Con 1.208 mujeres asesinadas en veinte años, desde enero de 2003 a junio de 2023, cifra que ya alcanzaría las 1.220, la información acumulada por el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y la Delegación del Gobierno en miles de tablas estadísticas, balances, encuestas, boletines mensuales, etcétera, no se emplea en estudiar la casuística de esta tragedia social más allá del instinto primitivo de dominio machista. Pero sí ha elevado a la categoría de violencia sobre la mujer un pico como el de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso.

El gesto grotesco y socialmente detestado del presidente de la Real Federación de Fútbol, bien relacionado con el sanchismo, con la futbolista Hermoso, está catalogado como acto de violencia sobre la mujer según los criterios de las encuestas cuatrienales de la referida Delegación del Gobierno. Esa es una de las singularidades de la política gubernamental en este terreno, manifiestas en documentos emanados del equipo de Igualdad supervisado por la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz:

-La Macroencuesta cuatrienal de Violencia sobre la Mujer, en su versión resumida destaca el dato escalofriante de que más de la mitad de las españolas, exactamente el 57,3%, ha sufrido violencia por ser mujer a lo largo de su vida, incluyendo entre las violencias “desde una mirada lasciva no deseada a una violación”. Un porcentaje que es del 19,8% solo en los últimos doce meses. Al introducir la Secretaría de Estado contra la Violencia de Género un concepto tan vasto sobre lo que es dicha violencia, da lugar a una notable contradicción con los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística, organismo responsable de las mediciones oficiales en España. Así, ese 19,8% de mujeres que han sufrido violencia según el Ministerio de Igualdad en el último año, se reduce a un 0,15% (ó 1,5 por 1.000) en la estadística del INE.

-Un estudio financiado y publicado por la Delegación del Gobierno, realizado por un equipo de la UCM y de la UAB, en torno a la ‘Violencia institucional contra las madres y la infancia’ descalifica la respuesta judicial a la violencia sobre hijos y por violencia sexual en la familia, en estos términos: “(…) la aplicación del falso SAP (Síndrome de Alienación Parental) en los procedimientos judiciales (…) supone un acto de violencia institucional por el cual se vulneran derechos humanos (…) se evidencia la falta de diligencia debida (…) en la actuación de los tribunales”. El estudio hace suyo el comunicado de un relator de la ONU con la conclusión de que “los menores en España están expuestos a la violencia y los abusos sexuales por un sistema judicial que no les protege de los padres abusivos”.

A la confusión en las políticas ante este tipo de violencia contribuye también que existan dos Observatorios oficiales para un mismo tema. El ya citado, en manos de la Secretaría de Estado contra la Violencia de Género, bajo la batuta de Ángela Rodríguez (Máster en Malos Tratos) y por otro lado el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esa duplicidad fue obra de Rodríguez Zapatero y perturba, más que ayuda,  una gestión institucional coordinada. En el año 2002, gobernando Aznar, se constituyó el Observatorio del CGPJ. Dos años más tarde el presidente Zapatero creó otro Observatorio dependiente de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

El organismo del poder judicial, consciente de la necesidad de un análisis científico sobre la violencia machista, dice en su último balance anual que “los datos provenientes de los expedientes judiciales no son suficientes para trazar un perfil de los agresores que incorpore circunstancias socioeconómicas o elementos psicopatológicos que podrían ayudar a definir con mayor exactitud la existencia de pautas, patrones de comportamiento (…) potencialmente desencadenantes de situaciones de violencia”. Existe un Protocolo forense sobre riesgo de violencia de género que se acerca a lo que sería un estudio sobre los contextos de los hechos violentos. Pero el propio Consejo Médico Forense reconoce, citando la Memoria de la Fiscalía, que “el uso de ese protocolo sigue siendo muy escaso (…) la imposibilidad de realizar informes por falta de personal, pero también por falta de tiempo, ya que la mayoría de los procedimientos se tramitan como juicios rápidos”. 

Esas carencias para abordar la cuestión a fondo no son apreciadas en el Ministerio de Igualdad, más bien al contrario. La responsable del Observatorio del Gobierno, Victoria Rosell, considera que su informe de 484 páginas es “herramienta estadística fundamental para el análisis de la situación” porque sirve “para implementar planes, medidas y mejoras”, ya que “nuestro país se ha comprometido en la priorización de la ampliación de datos y estadísticas”. La realidad es que los tipos de estadísticas no han variado desde el año 2009 y la reacción oficial ante la acumulación de asesinatos, como ocurre este verano, repite el mismo esquema, de lamentos y renovación de compromisos de las autoridades. 

Sin el apoyo y participación de la Delegación y el Observatorio del Gobierno es imposible sacar adelante un análisis interdisciplinar sobre la violencia doméstica y de género, como pretende el organismo paralelo del Poder Judicial. Este último, de limitados recursos, lo componen tres vocales del CGPJ presididas desde 2013 por Ángeles Carmona, una de las juristas con más dedicación y conocimiento en esta materia, y cuenta con el asesoramiento de ocho expertos de la carrera judicial. Por su parte, la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género dispone 43 funcionarios a su cargo, más 48 miembros externos del Observatorio que ella preside, sin olvidar que depende de una Secretaría de Estado con otros 26 funcionarios. 

A la política gubernamental ante la violencia machista no es ajena la impronta ideológica del Ejecutivo de Sánchez y, particularmente, de su vicepresidenta Yolanda Díaz, pero entre los objetivos de esa política no aparece una investigación de carácter empírico sobre una tragedia de esta naturaleza. La Delegación y el Observatorio del Gobierno se conducen por la ideología feminista de las leyes del sí es sí y de transgénero que, aplicada a la gestión contra la violencia sobre la mujer, se traduce, además de los programas de ayudas a las víctimas, en  campañas divulgativas pedagógicas o doctrinales y en determinadas subvenciones, muchas veces con alto grado de burocratización. Así ocurre con la reciente guía de Pautas Básicas del SNS ante Violencia Sexual, que lleva la firma de 62 autores encabezados por Pilar Azcárraga como directora general de Salud Pública del Ministerio Sanidad, más un numeroso “grupo técnico”, más un reducido grupo de “Personas expertas”, más otro considerable de las CC. AA., etcétera.

En el modo de ejecutar sus funciones el equipo gubernamental responsable de este área llama la atención la web oficial de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ésta se abre al visitante con una gran ventana advirtiendo del riesgo de visitar esa web y recomendando medidas “para navegar con más tranquilidad” en modo de incógnito o sin dejar rastro. Aunque no lo explicite, es un aviso general para las usuarias ante la sospecha de que sus parejas masculinas espíen sus visitas por internet. El aviso se repite en todas las páginas del sitio de internet de ese organismo gubernamental mediante la pestaña SALIR RÁPIDO en el blanco/rojo de peligro.