Maltrato, amenazas y no poder vivir ni en su casa. Esta es la situación que está sufriendo Marga, una mujer onubense, que se siente olvidada por las administraciones a las que ha recurrido sin obtener respuesta. En una entrevista a Vozpópuli, esta víctima de violencia de género relata el calvario que lleva años padeciendo mientras su exmarido recurre los autos que ordenan su ingreso a prisión por quebrantar de forma repetida la orden de alejamiento que tiene. La gota que colma el vaso de la paciencia de esta mujer es que lleva dos años esperando el divorcio que aún no se ha hecho efectivo.
Marga lleva luchando contra todos desde hace más de dos años. Fue en mayo de 2022 cuando se va de casa porque no aguanta más la situación de malos tratos y amenazas de su pareja. En ese momento solicitó el divorcio. Un divorcio que a fecha de hoy aún no ha obtenido. Su ex pareja es un hombre de Huelva que tiene una gran empresa que se dedica al cultivo del aceite y el aguacate.
Como medidas temporales por la separación se le puso una cantidad de 500 euros por cada niño del matrimonio. Unos hijos que ya son mayores de edad pero siguen viviendo con Marga. Esta mujer no ha recibido "ni un euro" de los 1.500 correspondientes al mes que tendría que haber obtenido. "El ex marido para que no puedan hacer uso de la vivienda mete a dos okupas en el chalet familiar donde vivían", relata a Vozpópuli el abogado de Marga, David González de Legal Orbis Abogados.
Ahora, no pueden acceder a una vivienda ni tampoco cobrar la pensión. Marga denuncia que está olvidada por las administraciones, entre ellas el Ayuntamiento de Ayamonte cuyos responsables "no hacen nada" a pesar de las reiteradas solicitudes de ayuda. Esta víctima de violencia de género trabajaba como administrativa en la empresa de su ex pareja. Fue despedida y no le notificaron la situación.
La Seguridad Social pide 15.000 euros a la víctima de violencia de género
Esto generó un nuevo quebradero de cabeza en lo económico ya que pasaron los 20 días y no pudo impugnar su despido después de estar trabajando 15 años en la empresa. Cuando se casó estaba en régimen de gananciales. "La Seguridad Social le pide 15.000 euros en cuotas porque dicen que debía haber estado como autónoma", explica su abogado.
"El Ayuntamiento me dice palabras muy bonitas pero hay una inacción alucinante. Me siento desamparada", lamenta. Ella y sus tres hijos tienen que vivir en un pequeño piso sin poder acceder a la vivienda familiar. Tiene que dormir en el sofá y mantenerlos a todos con poco más de 1.000 euros de su nuevo empleo.
No puede trasladarse a la casa familiar porque su marido metió poco después del divorcio a dos okupas en 2022. La actual pareja de Marga ha tenido varios encontronazos con estas personas que no han sido denunciados por el miedo a las represalias.
Numerosas condenas
De forma correspondiente Marga ha denunciado de forma reiterada a su ex pareja por impago de la pensión de los alimentos. Unas peticiones que se rechazan por vía judicial porque alegan que ya no son menores.
El Juzgado de lo Penal Número Tres de Huelva ordenó el ingreso en prisión de su exmarido por los delitos de amenazas y de quebrantamiento de condena. Una decisión que ha sido recurrida de forma reiterada y ha llegado hasta la Audiencia Provincial.
La defensa de este hombre alegó que tiene una adicción a las drogas y que está recibiendo un tratamiento. La magistrada denegó el beneficio considerando "las numerosas condenas que acumula el penado por delitos de quebrantamiento de condena y de amenazas en el ámbito de la violencia de género". "Esa reiteración delictiva que expone la magistrada en el fundamento de derecho segundo de su resolución revela no solo una indudable peligrosidad criminal y una absoluta falta de respeto a las resoluciones judiciales, sino especialmente un evidente riesgo para la vida e integridad física de la víctima de dichos delitos que hacen imposible mantener razonablemente que no es necesario el cumplimiento efectivo de la pena impuesta para evitar la comisión de nuevos delitos de la misma naturaleza", remarcó.
Su expareja consume tres gramos de cocaína al día
"No hay ninguna alusión a que el recurrente se hallara bajo los efectos de las drogas en la sentencia firme dictada que se está ejecutando. No se le apreció la atenuante o la eximente incompleta de toxicomanía en la referida sentencia. No está deshabituado. Más al contrario, refiere consumir 3 gramos de cocaína al día aproximadamente y 0,5 gramos de heroína al día. A pesar de referir consumo crónico de cocaína y heroína desde los 30 años, sólo se adscribe a tratamiento en CTA de Lepe desde el 14 de septiembre de 2022 para tratar de buscar una mínima justificación, claramente oportunista, que le permita postular lo que ahora postula, pues recordemos que el juicio se celebró el día 19 de octubre de 2022", afirmó la juez.
El último intento de freno a la entrada en prisión de este hombre se produjo el 29 de octubre. Su defensa presentó un recurso de reforma y subsidiario. Fue desestimado por la magistrada en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli. "Las alegaciones del recurrente no pueden ser acogidas porque no desvirtúan la legalidad de la resolución atacada", describen.
Marga ha sido asistida de forma recurrente por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Cartaya. Tiene expediente abierto desde el 25 de mayo de 2022. Desde esa fecha ha pasado por el Servicio de información y trabajo social, por la Atención conjunta desde Información y Trabajo social y Servicio de psicología, por el Servicio de atención psicológica y está incluida en el Programa de atención psicológica para hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género.
Esta víctima de violencia de género alza la voz con un motivo: busca justicia. No vive tranquila, ni vivirá, hasta que su marido esté en prisión. Tiene el miedo de quien le ha hecho durante años la vida imposible. Tampoco ha sentido el respaldo de las administraciones. Solo ha encontrado trabas a las peticiones que ha requerido. Problemas incluso para divorciarse: lleva dos años esperando esa confirmación.
asistentahogar
11/12/2024 09:08
Me parece increíble este tipo de articulo, como siempre la mujer es la buena y al hombre ni se le escucha, se presupone que es el malo. Dice que ha metido Okupas en su casa. Pues nop son Okupas porque la casa es propiedad del exmarido, al 100% o al 50%. Cuando es tu casa y das permiso para vivir ahí no son Okupas. Esta parece la típica que se ha casado con un hombre al que le van bien los negocios y quiere sacar DINERO con el divorcio. Las acusaciones o condenas de violencia de genero, teniendo en cuenta las leyes y la justicia en este pais, pues mejor no lo comento.