España

Un calendario de alto voltaje aboca a la Justicia a otro año en el ojo del huracán

Los tribunales afrontan un 2021 con el reto de poner fin al enfrentamiento entre los poderes del Estado y multitud de casos mediáticos que afectan al rey emérito, Podemos y el PP

El rey, Felipe VI, y el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes
El rey, Felipe VI, y el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes EFE

El Poder Judicial terminó el año 2020 inmerso en una confrontación sin precedentes con el Gobierno de Pedro Sánchez y la clase política. Las tensiones entre los tres poderes del Estado fueron más allá de la falta de acuerdo por la renovación del CGPJ. Los jueces alzaron la voz contra los intentos de politización, los ataques a sus resoluciones y llegaron a erigirse como únicos defensores del Estado de Derecho. Poco o nada hace prever cambios profundos de cara a 2021. Lo agrava un calendario de alto voltaje marcado por el futuro del rey emérito y causas que afectan al Partido Popular o Podemos.

“No serán pocos los momentos en los que tendréis que afrontar situaciones de soledad, en las que tendréis la sensación de ser los únicos baluartes del Estado de Derecho”. Esta frase la pronunció en septiembre el máximo representante de la Justicia en España, Carlos Lesmes. El presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se dirigía a decenas de nuevos jueces en un acto en Barcelona. Aquella cita sirvió para escenificar la tensión entre la Justicia y el Ejecutivo a cuenta de la ausencia del Rey. Pero la brecha ya era más profunda y se mantiene en la actualidad.

Para entonces, el máximo órgano de Gobierno de los jueces -en funciones desde diciembre de 2018- ya había tenido que salir tres veces en defensa de sus compañeros. Reprochaban al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias o miembros de Podemos que utilizasen políticamente la Justicia y cuestionasen su independencia. Voces del CGPJ ya alertan de que ciertos posicionamientos políticos fomentan un deterioro de la institución y urgen a su renovación. Se refieren a los intentos de Moncloa de impedir que el Consejo siga designando plazas claves en la Justicia pese a su situación de interinidad.

Pedro Sánchez y Carlos Lesmes
Pedro Sánchez y Carlos Lesmes Moncloa

Renovación del CGPJ

El Consejo mantiene a día de hoy un equilibrio de fuerzas favorable al sector conservador, heredado de la mayoría parlamentaria lograda por Mariano Rajoy en 2011. El PP dice estar dispuesto a renovarlo -lo que afecta también al equilibrio de fuerzas en el Tribunal Constitucional- pero el acuerdo nunca llega a materializarse. El Gobierno acusa de bloqueo a los populares, que replican a Sánchez con un carrusel de reproches: sus relaciones con Bildu, el nombramiento de una exministra al frente de la Fiscalía, tratar de arrebatarles la posibilidad de pactar el nuevo Consejo con una reforma legal o consentir los ataques de Podemos a la Corona. 

Una señal del sentir entre las filas del PP fueron las declaraciones de su exportavoz en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo. Justificó su cese en su negativa a aceptar las negociaciones para renovar la Justicia porque los jueces son el último dique de contención frente a los planes de los socios independentistas del Gobierno. Pese a todo, los socialistas se muestran optimistas. Afirman que el acuerdo está cerrado y solo falta hacerlo público. Se barajó el anuncio en verano, luego en diciembre y ahora se apunta a una vez que pasen las elecciones en Cataluña como el momento para desatascar la situación. 

Cataluña

Sin embargo, el calendario judicial presenta numerosos escenarios que tendrán una incidencia directa en la política. Uno de ellos es Cataluña. Quedan pendientes investigaciones menores como una treintena de causas en juzgados ordinarios por lesiones de los policías a votantes del 1-O y asuntos de envergadura como los indultos del procés. El Supremo no tiene ninguna prisa y no le condiciona la fechas de las elecciones catalanas. Ya se ha pronunciado Fiscalía y ahora, después de las fiestas, el tribunal pedirá informe a la Abogacía del Estado

Las fuentes consultadas por Vozpópuli vaticinan un más que previsible informe en contra de los indultos por parte del Supremo, pero el Gobierno tendrá la última palabra. Entre medias, los condenados ya podrán pedir permisos ordinarios de salida por haber cumplido un cuarto de su condena. El último en acceder a esta posibilidad será el líder de ERC, Oriol Junqueras, desde finales de enero. En paralelo, el Ministerio de Justicia dejó para este 2021 la reforma legal para rebajar las penas por sedición que prometieron en 2020. 

Juan Carlos Campo toma posesión de su cargo como ministro de Justicia, recibiendo la cartera de manos de Dolores Delgado
Juan Carlos Campo toma posesión de su cargo como ministro de Justicia, recibiendo la cartera de manos de Dolores Delgado Europa Press

Rey emérito 

Entre los desafíos para la Justicia siguen estando las investigaciones en torno a l rey emérito. A modo de prólogo, el año 2021 arranca con el juicio el viernes que viene contra el comisario José Villarejo por acusar al exjefe del CNI Félix Sanz Roldán de haber amenazado de muerte a Corinna Larsen. La examante del rey tiene que declarar como testigo y confirmará ese acoso sufrido, según ella, a instancias de Juan Carlos I. Además, lleva meses amenazando con presentar una demanda por estos hechos ante la Justicia británica. Paralelamente, el fiscal suizo le investiga a ella y a los gestores de la fortuna del rey por blanqueo y soborno. Ambos delitos suman hasta 10 años de cárcel, según la comisión rogatoria de Suiza a la que tuvo acceso este periódico. 

La Fiscalía que dirige Dolores Delgado tendrá que tomar decisiones trascendentales en las tres vías de investigación abiertas contra Juan Carlos I. La más avanzada es la que tiene que ver con el cobro de 100 millones de dólares de Arabia Saudí, al borde del archivo porque el rey era inviolable en el momento de los hechos. Queda el uso de las tarjetas opacas y esclarecer si es suya una fortuna aparecida en la Isla de Jersey. En caso de que se hallen indicios de delito la Fiscalía tendría que elevar una querella ante el Supremo, lo que abocaría la situación del exjefe del Estado a otra dimensión.

Podemos

Podemos también contiene el aliento ante la decisión del Tribunal Supremo sobre el caso Dina. Previsiblemente en las próximas semanas hará público si archiva los indicios contra Iglesias por revelación de secretos, daños informáticos o denuncia falsa o si abre una investigación contra el vicepresidente. También podría ordenar a la Audiencia Nacional que cite a declarar a su exasistente Dina Bousselham para que confirme si perdona a su exjefe. Para los dos primeros delitos es necesaria la acusación del afectado y para el tercero es preciso una resolución firme de archivo.

PAblo Iglesias en un mitin.
PAblo Iglesias en un mitin. EFE

En un Juzgado de Madrid también avanza el llamado caso Neurona. La Fiscalía ha defendido que Podemos siga investigado. A juzgar por los interrogatorios del juez, nada hace prever un archivo a corto plazo. Por su parte, el exaboagdo de la formación que inició el caso prepara acciones contra Pablo Iglesias por acusarle en falso de haber cometido acoso sexual a una compañera. Asimismo, uno de los rivales del secretario general de Podemos, prepara una demanda por presunto fraude en las primarias del partido del pasado mayo. Lo hace espoleado por la reciente sentencia que anuló un proceso interno similar en Collado Villalba y puso en duda el voto telemático del partido. 

Partido Popular

Este año 2021 tampoco será el fin del vía crucis del PP en los tribunales. Está fijado en enero el juicio contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por el caso Master. También tendrá lugar el juicio por la Caja B del Partido Popular y una derivada de la Gürtel de Boadilla. Avanzará la instrucción que ha resucitado ahora sobre adjudicaciones a cambio de donaciones, el caso Lezo o el caso Púnica en el que sigue imputada la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre. Todo ello  sin olvidar el caso Villarejo y en concreto el caso Kitchen que afecta, de momento, al Ministerio del Interior del PP. En esa trama el juez investiga una pieza secreta por la que el tesorero de la formación, Luis Bárcenas, ya ha declarado dos veces desde prisión. 

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