El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el presunto pago con dinero de la caja 'b' del PP de la reforma de la sede nacional del partido ha fijado el próximo 1 de marzo la reanudación de la vista oral, que había sido suspendida tras el ingreso hospitalario por covid-19 de uno de los acusados, el exgerente del PP Cristóbal Páez. Así, dará inicio a los interrogatorios de los acusados, entre ellos, el extesorero 'popular' Luis Bárcenas.

Así lo ha acordado la Sección Segunda de la Sala de lo Penal en una providencia con fecha de este jueves una vez que el médico forense ha emitido su informe en relación a Páez. El tribunal cita a las partes en dos semanas, a las 10 horas.

La vista oral comenzó el pasado 8 de febrero y las dos primeras sesiones se dedicaron al trámite de cuestiones previas. Tras esta fase debería haber comenzado las declaraciones de los acusados, si bien debido a que Páez había comunicado su positivo por covid-19 --las primeras jornadas las siguió por videoconferencia desde su domicilio-- y su posterior ingreso hospitalario, el tribunal acordó interrumpir el juicio hasta que el exgerente del PP se encontrara en disposición de comparecer presencialmente.

En su resolución, y con el fin de determinar la fecha de reanudación, la Sala pidió al médico forense de la Audiencia Nacional que a lo largo de esta misma semana examinara al acusado y emitiera un informe acerca de su estado de salud y evolución.

Tras haber recibido dicho informe y después de conocer que Páez ha recibido el alta hospitalaria, la Sala ha puesto fecha para retomar el juicio en la sede de la Audiencia Nacional de la calle García Gutiérrez, que hace esquina con la calle Génova de Madrid, donde precisamente se encuentra la sede de los 'populares'.

Banquillo de los acusados

En este procedimiento, en el que se analiza si se usó dinero de la presunta caja 'b' del PP para sufragar la remodelación de la sede la formación política y no las donaciones finalistas al partido --que aún siguen en instrucción--, la Fiscalía Anticorrupción pide para Bárcenas cinco años de prisión, que se acumularían a la condena de 29 años de cárcel y un mes que ya está cumpliendo por la primera época de la trama Gürtel. Las acusaciones populares solicitan penas más elevadas.

Por estos hechos también están acusados Cristóbal Páez, para quien Anticorrupción pide un año y medio de cárcel; los socios de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, para quienes el Ministerio Público solicita tres años y 10 meses por falsedad documental y contra la Hacienda Pública.

Asimismo, se sienta en el banquillo de los acusados la empleada de esta empresa Laura Montero, para quien Fiscalía interesa el sobreseimiento de la causa, en contra de la acusación que mantienen las acusaciones populares.

En cuanto al PP, vuelve a estar frente al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como ocurrió por la primera época de la trama Gürtel, donde fue condenado como partícipe a título lucrativo, pero esta vez como posible responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que los demás acusados habrían cometido.