La Comisión Europea ha vuelto a advertir al Gobierno de Pedro Sánchez que su rebaja del delito de malversación no cumple los estándares europeos. Bruselas recuerda que ya existe una directiva, la 2017/1371, de lucha contra el fraude que afecta a los intereses de la UE que fija en cuatro años de cárcel el tipo mínimo para la malversación. Y señala que la nueva Directiva anticorrupción, en fase de negociación, obligará a los Gobiernos de los 27 a publicar la lista de indultados por causas de corrupción.
Así consta en una respuesta parlamentaria de la comisaria de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, a una pregunta del eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas sobre un posible indulto a los condenados por los ERE en Andalucía.
El PSOE y ERC pactar a final del año pasado una reforma del Código Penal pensada exclusivamente para los líderes del procés condenados y posteriormente indultados. En concreto, se introdujo un nuevo artículo para aquellos responsables públicos que malversen dinero público “sin ánimo de apropiárselo”. La pena máxima para estos casos se estableció en tres años.
Directiva anticorrupción en la UE
La Comisión ya ha advertido varias veces que esta distinción no tiene sentido. En la respuesta, Johansson recuerda que la malversación es uno de los delitos de corrupción contemplados por la Unión.
Y menciona dos directivas: una activa y otra que se está negociando desde hace meses. La legislación europea del 2017 define la malversación como “el acto intencionado realizado por cualquier funcionario a quien se haya encomendado directa o indirectamente la gestión de fondos o activos, de comprometer o desembolsar fondos, o apropiarse o utilizar activos de forma contraria a los fines para los que estaban previstos y que perjudique de cualquier manera a los intereses financieros de la Unión”.
No se hace la distinción introducida en el Código Penal español ad hoc por el PSOE para satisfacer a sus socios separatistas y en especial al líder de ERC, Oriol Junqueras.
La Comisión explica también el trabajo que se está realizando en la nueva directiva anticorrupción, que pretende establecer unas reglas comunes para los 27. El borrador prevé elevar a cinco años la pena mínima por malversación, lo que obligaría al Gobierno a una reforma de la reforma, porque la definición del delito hablar del uso del dinero público “contrario a los fines para los que estaba previsto”. Sirva como ejemplo un referéndum ilegal de independencia.
La lista de Sánchez
Además, sobre los indultos, señala que la nueva Directiva, de aprobarse, obligará a los estados a publicar estadísticas sobre las medidas de gracia por delitos de corrupción concedidas por los Gobiernos europeos. Y recuerda que se la norma estudia dar algún tipo de salvaguarda a las autoridades judiciales para evitar indultos en función de la “gravedad de las infracciones penales”.
La Comisión evita evaluar el supuesto indulto al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y otros implicados en el caso de los ERE, porque, dice, no “aborda casos concretos”. Y que el informe anual sobre la evolución del Estado de Derecho en los países se elabora sobre cuatro ámbitos clave. Uno de ellos es la lucha contra la corrupción.
El Gobierno del PSOE y Sumar y sus alianzas han debilitado la posición de España en Bruselas. La amnistía que se tramita en el Congreso ha generado una serie de advertencias sin precedentes de la Comisión al Ejecutivo español y ha forzado un pleno sobre la situación del Estado de Derecho español en Estrasburgo al estilo de Polonia y Hungría.
Sánchez también se vio censurado por los grupos europeos durante el pleno de cierre de la presidencia española en diciembre. El presidente del Gobierno tuvo un choque de alto voltaje con el líder los conservadores europeos, Manfred Weber, que es su socio de Gobierno en las instituciones europeos.
