La Comisión Europea expedienta a España por la morosidad de comunidades y ayuntamientos

Europa no ve con buenos ojos las deudas. Una prueba más de ello es el expediente sancionador que ha abierto contra España por la elevada morosidad de comunidades autónomas y ayuntamientos. Bruselas alerta de que los retrasos en el pago a proveedores del sector público afecta negativamente en las empresas, ya que reducen su liquidez, les impide crecer y les hace menos resilientes.

El plazo medio de pago en el sector público en España fue de 77 días en 2020, muy por encima del límite de 30 días que fija la directiva europea de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. "En el contexto económico actual, incluso más que antes, las empresas y las pymes dependen de pagos periódicos para funcionar y mantener el empleo", asegura el Ejecutivo comunitario.

Las autoridades españolas disponen de un plazo de dos meses para adoptar medidas correctivas urgentes. Si no se producen cambios, el Ejecutivo podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y, en última instancia, pedir sanciones contra España.

Este procedimiento tiene su origen en 2015. La Comisión accedió a suspender en 2018 el expediente, a petición de España, con el objetivo de el país pusiese en marcha medidas correctivas. Durante esta "moratoria", el país fue obligado por Bruselas a cambiar la medición de los periodos de pago porque la anterior incumplía la directiva.

La deuda comercial de las comunidades autónomas se situó en 5.093 millones de euros en noviembre de 2020 y seguía esta tendencia ascendente, según el expediente de Bruselas a España.

El plazo medio de pago de las entidades locales llegaba hasta los 68 días en septiembre de 2020. Según el informe publicado el 25 de febrero de 2021 por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que el Ejecutivo comunitario usa también como referencia, el plazo medio de pago del sector público en España fue de 77 días en 2020.

El Gobierno se compromete a cumplir

El Gobierno ha asegurado estar comprometido con el cumplimiento de los plazos establecidos en la directiva de morosidad. Según han trasladado fuentes de Hacienda a Europa Press, el esfuerzo realizado por España en los últimos años para mejorar los resultados de pago de su sector público se ha materializado también en 2020, cuando todas las administraciones públicas cerraron el año con descensos en relación con el año anterior.

Dichas fuentes han explicado que el Gobierno está comprometido con la recuperación económica y que no va a dejar atrás a ningún colectivo, incluidos las pymes y autónomos, que son los principales proveedores de las Administraciones Públicas.

Para ello, se han establecido medidas que dotan de liquidez a las comunidades autónomas y entidades locales para que puedan afrontar esos pagos y tener sus finanzas saneadas frente a la covid-19, algo que desde Hacienda aseguran que el Ejecutivo seguirá implantando con el objetivo de amortiguar los efectos de la crisis económica.

Esfuerzos de los últimos años

La Comisión Europea ha reconocido, no obstante, "los esfuerzos realizados por España en los últimos seis años para mejorar la puntualidad de los pagos de su sector público", pero sigue "preocupada" por los retrasos "persistentes" de las autoridades regionales y locales porque "su puntualidad a la hora de pagar sigue sin ajustarse" a las normas europeas.

Según han detallado desde Hacienda, el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) de las comunidades autónomas se ha reducido un 19,4%, pasando de los 33,45 días en junio de 2018 a los 26,96 días de diciembre de 2020. El dato de diciembre ha supuesto bajar por primera vez de los 30 días desde el inicio de la serie, en abril de 2018, mientras que la cifra se ha visto mejorada en marzo, con 26,26 días, que supone el mínimo histórico de toda la serie.

Por su parte, la deuda comercial de las CCAA ha ido bajando en 2021 y en marzo vuelve a registrar mínimos históricos, por debajo de los 3.000 millones, mejorando los datos de enero y febrero. En el caso del PMP de las Entidades Locales, se ha logrado reducir un 26%. Ha pasado de los 64,66 días registrados en junio de 2018, a los 47,9 registrados a cierre de 2020.

En la Administración Central se han logrado bajar los plazos desde los 45,56 días de junio de 2018 a 24,21 días registrados a cierre de 2020, lo que implica una reducción del PMP del 46,8%. Respecto a la Seguridad Social, el PMP de 2018 fue de 22,94 días, mientras que en diciembre de 2020 se ha registrado un período medio de pago de 10,55 días, lo que supone una reducción del 54%.