Bruselas no sólo va a analizar con detenimiento si la proposición de ley de amnistía infringe el Derecho de la UE. También va a fiscalizar las enmiendas y el resto de acuerdos de gobierno "que no hemos visto". Ha sido el mensaje final del comisario de Justicia, Didier Reynders, al Gobierno de Pedro Sánchez en su intervención en el Parlamento Europeo este miércoles, en el que ha advertido de que la Comisión no dejará de vigilar los cambios que los grupos puedan introducir en el texto en el trámite parlamentario.
Y sobre los pactos del Gobierno, especialmente los rubricados con ERC y Junts, ha sugerido que conoce lo que contienen a pesar de que el Gobierno no se los haya remitido, en alusión al lawfare o control político sobre los jueces, al que se había referido ya, pues ha destacado en varias ocasiones que la Comisión vigilará que se respeta el "Estado de Derecho y la separación de poderes".
La inclusión de este control político sobre los jueces o lawfare paralizó la negociación entre el PSOE y Junts y finalmente los socialistas lo introdujeron en el último minuto para salvar la investidura.
El pacto hecho público el 9 de noviembre dice: "Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
Esto provocó una avalancha de comunicados en contra de todas las asociaciones de jueces y fiscales y de colegios de abogados y bufetes, entre otros.
Finalmente, la proposición de ley de amnistía que se registró el 13 de noviembre no menciona este asunto de forma explícita. El secretario general de Junts y exconseller condenado por el Tribunal Supremo e indultado por Sánchez Jordi Turull ha aclarado en TV3 que el lawfare está incluido de forma implícita en la ley de amnistía.
Ha explicado que no aparece de forma textual en la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE porque el redactado de la norma sólo incluye conceptos jurídicos, y éste es "político". En cualquier caso, asegura que, de forma implícita, el lawfare está incluido en el apartado 1A de la proposición, donde se reflejan este tipo de casos considerados los independentistas una persecución política de "toda la gente" hostigada "por una cúpula judicial desbocada".
Se entienda que está o no el lawfare en la ley de amnistía, el comisario de Justicia ha lanzando un aviso: es consciente de que esto está contenido en los pactos, que espera que se le remitan, y va a vigilarlo. De hecho, este miércoles la Mesa del Congreso que controla el PSOE ha autorizado las dos comisiones de investigación para examinar el lawfare que exige Junts.
"La UE hará un análisis sobre los textos que puedan traducir de una forma u otra el acuerdo político concluido para la formación de un nuevo Gobierno español. Muchos han evocado algunos otros aspectos que no hemos visto por ahora en los textos que se nos han sometido. Por supuesto terminaremos nuestro análisis cuando un texto final haya sido aprobado por el Parlamento español", ha dicho el comisario.
El salto de jueves y fiscales a la política
Reynders ha comenzado el debate con una serie de advertencias, que se redoblaron en su intervención final. En un primer momento, ha reprochado a España el salto de jueces y fiscales a la política y que el CGPJ siga sin renovarse y no se hayan tomado medidas para mejorar el nombramiento de los jueces. En su repaso al Estado de Derecho en España, Reynders ha lamentado la situación del CGPJ y los efectos de su falta de renovación en el funcionamiento del Tribunal Supremo (TS) por la reforma que le impide hacer nombramientos en funciones.
Y al día siguiente de que el Tribunal Supremo haya anulado el ascenso de Dolores Delgado y su nombramiento como fiscal de Sala, y en el día en el que el Gobierno ha confirmado que ratificará al fiscal general del Estado, Álvaro García, el comisario ha advertido de que "sigue habiendo problemas con el fiscal general y con su mandato, que coincide con el de otras instituciones", cuando considera que "debe evitarse que coincidan los mandatos y reforzar el régimen de incompatibilidades de los jueces y otros cargos". Además, ha puesto el foco sobre que "los jueces acumulen antigüedad cuando ostentan un cargo político".
En este sentido, el comisario de Justicia también ha apuntado a la nueva legislación anticorrupción y a la necesidad de reforzar los conflictos de intereses y ha considerado que la Oficina de Conflictos de Intereses debe reforzar sus controles y sanciones.
Nexo de la amnistía con la UE
Otro de los asuntos que ha criticado es el "uso excesivo de los procedimientos de emergencia que soslayan la consulta pública", en alusión a los Reales Decretos-leyes pero también a proposiciones de ley como la de la amnistía.
Sobre la amnistía en concreto, ha dicho en su intervención inicial que la Comisión defiende el Estado de Derecho en la UE y que la "vigilará de cerca". En su último turno ha ido más lejos y ha desmontado uno de los argumentos recurrentes del PSOE: que la amnistía es un asunto interno. Reynders ha trasladado que "Cataluña es un asunto interno", pero no la amnistía. Ha insistido en que "la Comisión, como guardiana de los tratados, analiza el proyecto de ley depositada en el parlamento para asegurar su compatibilidad con el Derecho de la Unión".
Y no se ha quedado ahí: este asunto no es interno, ha advertido, hay un nexo con la UE. Así, ha "agradecido a los intervinientes de diversos grupos por recordar que hay, efectivamente, un nexo con el Derecho de la UE ya que hay que verificar la compatibilidad con el artículo 2 del Tratado de la UE sobre los valores que fundan la UE y también con varios elementos del derecho criminal a nivel europeo. Como guardiana de los tratados, la Comisión Europea debe actuar para verificar esta compatibilidad de manera independiente y objetiva", ha remachado.